Internet ha cambiado el mundo. El mundo también está cambiando internet continuamente.
Todos contribuimos a esos cambios: como usuarios, creadores y quienes comparten contenido, como consumidores, inversores y votantes. Muchos lectores de este blog y participantes en la Reunión Anual de esta semana del Foro Económico Mundial han contribuido a dar forma a nuestro entorno informativo desde puestos de liderazgo como emprendedores, directivos empresariales, legisladores, reguladores, periodistas, activistas, investigadores y referentes de opinión.
Somos colectivamente responsables de los resultados.
Aunque hay mucho de lo que podemos sentirnos orgullosos, está claro para cualquiera que siga las noticias que el mundo no será más libre, democrático, justo y próspero simplemente porque internet conecte a miles de millones de personas y las nuevas tecnologías de la información sigan proliferando y generando grandes rendimientos para los inversores.
Si queremos un entorno informativo global que respalde los derechos humanos, una gobernanza responsable, la justicia social y la justicia económica, nuestras tecnologías de la información —junto con las instituciones que las influyen y gestionan— deben estructurarse y gobernarse de manera que reflejen y refuercen esos valores.
Estamos fallándole a la próxima generación
Nuestra existencia física está ahora moldeada por ecosistemas de información complejos. Dependemos de una variedad de programas y equipos informáticos, plataformas de medios, sistemas de almacenamiento y transmisión de datos para llevar a cabo la mayoría de los aspectos de nuestra vida personal y profesional. Pero ¿se están creando y gestionando estos ecosistemas de información de manera que sostengan una sociedad respetuosa de los derechos?
Para tomar prestado el lenguaje de la sostenibilidad medioambiental: ¿estamos creando y utilizando tecnologías y sistemas de información de manera que satisfagan nuestras necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas? ¿Actuamos con conciencia para garantizar que, al utilizar y dar forma a la tecnología para abordar los problemas urgentes de hoy, no comprometamos la capacidad de las generaciones futuras de disfrutar de sus derechos políticos, económicos, culturales y sociales, independientemente de su etnia, credo, género u orientación sexual?
No, no lo estamos haciendo.
Según la organización de derechos humanos Freedom House, la libertad en internet a escala mundial ha disminuido de forma constante durante los últimos seis años. Dos tercios de todos los usuarios de internet «viven en países donde las críticas al gobierno, las fuerzas armadas o la familia gobernante están sujetas a censura». Los investigadores de la organización también detectaron un aumento drástico del número de países que «exigían a empresas privadas o usuarios de internet que restringieran o eliminaran contenido web sobre cuestiones políticas, religiosas o sociales».
Impedir que se escuchen nuestras voces
Esta tendencia ha tenido un impacto claro en las personas con las que trabajo. Hace doce años cofundé Global Voices, una comunidad de medios ciudadanos que selecciona, traduce y amplifica las historias de personas marginadas o representadas de forma distorsionada en todo el mundo. En aquel momento celebrábamos que las nuevas tecnologías permitieran a las personas sortear a quienes controlaban el acceso a los medios tradicionales e informar al mundo sobre lo que ocurría en sus comunidades.
Sin embargo, nuestro director ejecutivo, Ivan Sigal, escribió recientemente que «ahora es más difícil, más arriesgado y, a veces, sencillamente peligroso producir el tipo de historias que hacemos». Esto no se debe solo a la censura, sino también a que «las empresas de redes sociales, las aplicaciones de terceros y los anunciantes, así como los organismos gubernamentales, vigilan y supervisan continuamente nuestra vida en línea».
Es cierto que todos los gobiernos afrontan amenazas graves y a menudo urgentes para la seguridad nacional y pública, que internet ha agravado. Por desgracia, incluso las principales democracias occidentales recurren a soluciones que quizá aborden las amenazas a corto plazo, pero que a largo plazo erosionan los derechos humanos y la gobernanza responsable y resultan insostenibles.
Por ejemplo, en noviembre el Parlamento del Reino Unido aprobó la Ley de Facultades de Investigación, que concedió a la policía y a los servicios de inteligencia las facultades de vigilancia más amplias del mundo occidental, sin garantías procesales ni controles contra los abusos. Internet Archive, una organización sin ánimo de lucro con sede en Estados Unidos y una biblioteca digital que trabaja para preservar un registro histórico de los contenidos en línea, está tan preocupada por la postura de la próxima administración Trump respecto a la prensa y la expresión pública que ha anunciado planes para guardar una copia de seguridad de sus datos en Canadá.
Mientras tanto, miles de millones de personas han llegado a depender de los productos y servicios digitales de un número cada vez menor de empresas que actúan como puntos de estrangulamiento para nuestros datos personales, nuestra expresión, lo que sabemos e incluso lo que creemos. En mi libro de 2012, Consent of the Networked advertí que estos «soberanos del ciberespacio» —gigantes multinacionales como Google, Facebook y Apple— ejercen una influencia cada vez mayor sobre nuestra vida cívica y, por tanto, deberían rendir cuentas al interés público.
Autoritarismo en red
Hoy, los ciudadanos de las democracias occidentales debaten el impacto en sus elecciones de las «noticias falsas» difundidas a través de las plataformas de redes sociales. A escala mundial, esto no es tan novedoso: hace cinco años, la manipulación de las redes sociales por parte de gobiernos y partidos políticos para difundir desinformación y sembrar división entre distintos grupos sociales, políticos y religiosos ya formaba parte del panorama digital en muchas regiones. En 2011, colaboradores de Global Voices identificaron casos en Baréin y Siria tras la Primavera Árabe, y en Rusia en el apogeo de las protestas de la oposición. Mi argumento de que los regímenes autoritarios pueden realmente adaptarse y prosperar en la era de las redes sociales no tuvo gran eco entre el público occidental tan poco tiempo después de la Primavera Árabe. Ahora, en 2017, el fenómeno que denominé «autoritarismo en red» se está extendiendo claramente.
El experto en derecho de las comunicaciones Tim Wu describe la internet actual como «la fiesta que se torció». Las fantasías utópicas de que internet era una fuerza intrínsecamente liberadora han dado paso a la constatación de que las sociedades más avanzadas del mundo han desarrollado una dependencia malsana de plataformas y servicios que monetizan hasta el último instante de nuestra atención, incentivan la difusión de contenido escabroso y sensacionalista por encima del discurso basado en hechos e impulsan a las empresas a recopilar ingentes cantidades de información sobre nuestros hábitos y actividades. El crítico de internet Evgeny Morozov pide un «replanteamiento total de los fundamentos del capitalismo digital».
Buscar soluciones en el ecologismo
Aunque todavía estamos lejos de alcanzar la sostenibilidad medioambiental, gracias al arduo trabajo de científicos, defensores de causas, responsables de políticas públicas, inversores responsables y visionarios empresariales durante muchas décadas, al menos contamos con una hoja de ruta sobre cómo las empresas, las naciones y las comunidades pueden no solo operar y vivir de forma sostenible, sino también contribuir al desarrollo de tecnologías sostenibles e incluso beneficiarse de él.
Sin embargo, mientras avanzamos por ese camino ya difícil, que prioriza el impacto a largo plazo sobre la satisfacción inmediata, necesitamos urgentemente una segunda hoja de ruta: la de un ecosistema de información que sostenga los derechos humanos. De hecho, dada la importancia de la política y la opinión pública para aplicar políticas medioambientales y climáticas eficaces, ha quedado claro que nuestras esperanzas de sostenibilidad medioambiental se debilitan si carecemos de libertad de expresión y privacidad que permitan a las personas alzar la voz, organizarse y exigir responsabilidades a los gobiernos y las empresas.
Por suerte, algunas herramientas creadas inicialmente para ayudar a las empresas y los gobiernos a mejorar la sostenibilidad medioambiental también pueden adaptarse para contribuir a un ecosistema de información más sostenible. Las evaluaciones de impacto medioambiental, social y de derechos humanos son ahora un componente habitual de la planificación responsable de empresas y políticas públicas en todo el mundo. Por ejemplo, antes de construir una nueva instalación energética en un lugar determinado, es práctica habitual que los organismos gubernamentales pertinentes y las empresas privadas realicen evaluaciones de impacto para determinar cómo se verán afectados el entorno natural y las comunidades humanas, y luego tomen medidas para mitigar los posibles daños e, idealmente, apliquen medidas que generen beneficios netos.
Un pequeño número de algunas de las mayores empresas de internet y telecomunicaciones del mundo, entre ellas Google, Facebook, Microsoft, Vodafone y Orange, ha empezado a realizar evaluaciones de impacto en los derechos humanos que incluyen un examen de cómo sus productos y servicios afectan a la libertad de expresión y la privacidad de los usuarios. La mayoría de estas empresas pertenece a Global Network Initiative o a Telecommunications Industry Dialogue, organizaciones que reúnen a empresas y otras partes interesadas para promover las mejores prácticas ante las exigencias gubernamentales de censura y vigilancia.
Aún no hacemos lo suficiente
En Ranking Digital Rights, un proyecto que dirijo y que evalúa a empresas del sector de las TIC según sus compromisos, políticas y prácticas que afectan a la libertad de expresión y la privacidad de los usuarios (siguiendo el modelo de evaluación de las empresas en otras prácticas de sostenibilidad medioambiental y social), nuestra investigación ha revelado que las empresas todavía no abordan adecuadamente diversos problemas, en particular los relacionados con la privacidad de los consumidores y la forma en que se establecen y aplican los términos y condiciones. Los expertos aún no tienen claridad ni consenso sobre cómo evaluar la responsabilidad empresarial en el uso de algoritmos que determinan cómo se prioriza y destaca la información para los usuarios, aunque está claro que son fundamentales una mayor transparencia y la participación de las partes interesadas. Aun así, las evaluaciones de impacto que se están realizando son un paso importante en la dirección correcta, porque reflejan que las empresas reconocen que, sean cuales sean sus intenciones, pueden ocurrir cosas perjudiciales si no se esfuerzan por anticiparlas y mitigarlas.
A menudo, los gobiernos no realizan evaluaciones de impacto de las políticas de información. Aunque el discurso de odio y la difusión de contenido extremista en línea son problemas reales, la Comisión Europea no intentó evaluar el impacto más amplio en el ecosistema mundial de información —donde la censura de expresiones políticas y religiosas pacíficas es generalizada— de su nuevo código de conducta que obliga a las empresas de internet a retirar expresiones en cuanto se denuncian como problemáticas, sin aplicar las medidas recomendadas para garantizar el debido proceso, la rendición de cuentas o la transparencia y prevenir abusos del sistema por parte de las autoridades. Cuando se realizan evaluaciones de impacto, suelen limitarse a la jurisdicción donde se formula la política, aunque esta repercuta en redes de información interconectadas a escala mundial. Aunque el Gobierno del Reino Unido sí realizó una evaluación de impacto para determinar cómo afectaría la Ley de Facultades de Investigación a los ciudadanos británicos, no consideró el impacto más amplio en el ecosistema mundial de información, pese a que organizaciones de derechos humanos de todo el mundo han advertido que su impacto será claramente negativo.
Qué podemos hacer
Como inversores, consumidores y votantes, todos podemos hacer mucho para presionar a las empresas y los gobiernos a que protejan y respeten mejor derechos digitales básicos, como la libertad de expresión y la privacidad. La lucha nunca terminará; basta preguntar a quienes han dedicado su vida a trabajar por la sostenibilidad medioambiental y social. Pero, al menos, contamos con algunos modelos que nos orientan. Un modelo de evaluación de impacto para analizar soluciones de política informativa en los sectores privado y público puede ofrecernos una base más estable para abordar una capa aún más complicada y confusa de preguntas sobre manipulación informativa, discurso de odio, demagogia, propaganda y modelos de negocio de los medios, sin recurrir desesperadamente a medidas drásticas (como responsabilizar a las plataformas por las expresiones de sus usuarios o reactivar las leyes penales sobre difamación) que, en última instancia, harán que el entorno informativo mundial sea aún menos libre y abierto.
Construir un ecosistema de información que respete y proteja los derechos humanos será tarea de una generación, o quizá de dos, pero será fundamental si queremos que la Cuarta Revolución Industrial lleve a la humanidad hacia un rumbo más justo, próspero, saludable y pacífico.
