A medida que el gobierno digital evoluciona, el reto ya no es solo la velocidad, sino la dirección.
El Foro Económico Mundial, el GovTech Compass establece diez principios extraídos de líderes que implementan el GovTech y la infraestructura pública digital.
Está concebido para ayudar a los gobiernos a afrontar compensaciones y a construir sistemas que sean inclusivos, confiables y eficaces en la práctica.
Muchos líderes del gobierno digital se plantean una versión de la misma pregunta: sabemos que necesitamos avanzar más rápido, pero ¿cómo nos aseguramos de que avanzamos en la dirección correcta?
Es un indicio de lo mucho que ha cambiado el debate. Durante las últimas dos décadas, gobiernos de distintas regiones, desde Estonia hasta Ruanda y desde Brasil hasta Singapur, han demostrado que los servicios públicos pueden volverse más rápidos, accesibles y receptivos cuando se digitalizan a gran escala. La cuestión ahora no es tanto si invertir en GovTech y en infraestructura pública digital, sino más bien qué tipo de gobierno digital se está construyendo, para quién y a qué costo.
Este terreno es más difícil de recorrer, porque si se observa con honestidad cómo se desarrollan muchas reformas digitales, el panorama es desigual: sistemas de identidad digital que excluyen a los más vulnerables, decisiones de bienestar impulsadas por IA que consolidan sesgos, alianzas de datos que ceden el valor público. O incluso una supuesta "buena práctica" que funciona de maravilla para quienes dominan lo digital, pero que crea nuevas barreras para todos los demás.
Nada de esto es inevitable. Refleja decisiones sobre cómo se diseñan, gobiernan y sostienen la transformación digital. Y, a medida que la IA acelera lo que los gobiernos pueden hacer con los datos de la ciudadanía y que la presión fiscal premia la entrega visible frente al trabajo más lento de construir confianza, esas decisiones son cada vez más difíciles, no más fáciles,
Este es el punto de inflexión, y por eso el Consejo Global del Futuro sobre GovTech e Infraestructura Pública Digital del Foro Económico Mundial acaba de publicar The GovTech Compass: Ten Principles for Responsible Implementation of GovTech and DPI, elaborado a partir de líderes que ya lo han llevado a la práctica.
El GovTech Compass no es una lista de verificación. Es, deliberadamente, una brújula: una herramienta para orientarse en las compensaciones que importan, y que ayuda a los líderes a orientar sus decisiones cuando el camino es incierto. Se articula en torno a tres temas que, en última instancia, determinan si una reforma digital genera resultados públicos significativos: legitimidad, confianza y ejecución.
1. Legitimidad: construir con las personas, no para ellas
Una de las formas más rápidas de perder la confianza pública en un servicio digital es diseñarlo sin contar con las personas que lo utilizarán. Y, sin embargo, el "diseño centrado en la ciudadanía" suele significar todavía una interfaz pulida acoplada a un proceso concebido por comodidad institucional, en lugar de por las necesidades y realidades de las personas a las que debe servir.
La legitimidad comienza antes que eso. Comienza con la cuestión de cuyo recorrido da forma al diseño y de quién queda excluido. Implica incluir a las comunidades marginadas en la investigación y el prototipado antes de que los requisitos queden cerrados. Implica garantizar que los servicios funcionen en los dispositivos y conexiones que las personas realmente tienen, en los idiomas que realmente hablan, con vías sin conexión que no se deterioren silenciosamente después del lanzamiento.
El portal Irembo de Ruanda es un buen ejemplo. Ofrece más de 100 servicios electrónicos, pero su verdadera innovación es la red de intermediarios autorizados que apoyan a la ciudadanía con conectividad o competencias digitales limitadas. La inclusión no es solo diseño de interfaz. Consiste en quién participa en la construcción del sistema y a quién llega cuando entra en funcionamiento.
2. Confianza: transparencia que genera credibilidad
La confianza pública en el gobierno digital no surge de declaraciones de confiabilidad. Surge de los sistemas que la ciudadanía puede cuestionar, auditar y impugnar, y de prácticas de datos que sitúan los derechos de la ciudadanía en el centro, y no en las notas al pie.
Esto implica publicar cómo se toman las decisiones automatizadas y ofrecer a las personas vías significativas para impugnarlas. Implica una supervisión independiente del uso de los datos de la ciudadanía, con consecuencias cuando se utilicen indebidamente. Y implica reconocer que, a medida que la IA asume más funciones anticipatorias dentro del gobierno (marcar casos, asignar prestaciones, clasificar a la ciudadanía antes de que haya solicitado siquiera un servicio), el listón de la rendición de cuentas debe elevarse, no relajarse.
La Agencia para el Gobierno Digital de Dinamarca muestra cómo puede traducirse esto en la práctica mediante una gobernanza transparente de los sistemas TIC públicos esenciales. Está diseñada para ofrecer a la ciudadanía razones basadas en evidencias para confiar en la infraestructura digital del Estado, en lugar de pedirle que lo haga por fe.
3. Ejecución: pragmatismo, resiliencia y liderazgo
Hay algo que no se dice con la frecuencia suficiente: no todos los problemas requieren una solución digital novedosa y llamativa desarrollada desde cero. Los mejores gobiernos digitales suelen ser los más disciplinados en la contención y en aprovechar lo que la infraestructura existente puede hacer antes de encargar nuevas plataformas, eliminar sistemas duplicados antes de añadir capas y plantear preguntas orientadas a resultados, como "¿esto redujo realmente los trámites para la ciudadanía?", en lugar de contar lanzamientos o comunicados de prensa.
La ejecución también implica resiliencia. Trazar la ruta con cuidado, poner a prueba proyectos pequeños, aprender de los fracasos y mantener planes de contingencia para que los servicios esenciales sobrevivan a las interrupciones y a las transiciones. Implica corregir el rumbo a tiempo, en lugar de insistir en el camino equivocado. Y quizá uno de los aspectos más críticos es un compromiso de liderazgo que trascienda los ciclos de los proyectos. La reciente decisión de Ucrania de elevar la reforma digital a rango de viceprimer ministro es una de las señales más claras de por qué esto importa: una transformación digital duradera necesita un respaldo político sostenido, no solo talento técnico.
El trabajo más arduo que queda por delante
La próxima década del gobierno digital no vendrá definida por quién despliegue la IA más rápido ni por quién lance más aplicaciones. Vendrá definida por quién construya los sistemas en los que confían personas de todos los niveles de ingresos, conectividad y confianza, por cómo aporten un valor significativo y por cómo mantengan la rendición de cuentas a medida que escalan.
Ese es el cambio más profundo. Exige que los gobiernos reorienten incentivos, alianzas y contrataciones hacia el valor público, y no hacia la dependencia de un proveedor. Exige que los bancos de desarrollo y los donantes incorporen estos principios en los criterios de financiación. Y exige que la sociedad civil, el mundo académico y la propia ciudadanía exijan rendición de cuentas al sistema desde fuera.
El GovTech Compass es una contribución a ese trabajo más arduo. Si ayuda a los líderes a encontrar su rumbo, a formular mejores preguntas y a mantenerse orientados cuando la presión por avanzar rápido amenaza con desviarlos, habrá cumplido su función.
El gobierno digital se encuentra en un punto de inflexión. La noticia alentadora es que el camino hacia adelante ya se está recorriendo, y que los líderes que lo navegan con mayor reflexión son quienes comprenden que el valor público, y no la sofisticación técnica, es el norte verdadero que más importa.
