Los datos de los compradores indios en línea son un «activo nacional» y una «mina de recursos naturales», sobre los que el Gobierno indio quiere tener derechos exclusivos.
El 23 de febrero, el Gobierno de Narendra Modi publicó su proyecto de política de comercio electrónico que, entre otras cosas, propone impedir que los minoristas del país permitan el acceso a los datos a entidades empresariales extranjeras, incluso si cuentan con el consentimiento del usuario. El documento, de 41 páginas, llega a comparar los datos con una mina de carbón y afirma:
India y sus ciudadanos tienen un derecho soberano sobre sus datos. Este derecho no puede extenderse a quienes no son indios (del mismo modo que quienes no son indios no tienen, prima facie, ningún derecho ni reclamación sobre, por ejemplo, una mina de carbón india). Esta interpretación se deriva del reconocimiento de que los datos sobre un ciudadano indio le pertenecen. Incluso después de anonimizar los datos, los intereses de la persona no pueden separarse por completo de los derivados que puedan obtenerse al analizar y extraer inferencias de un conjunto de datos determinado.
Sin embargo, el texto establece que las autoridades indias tendrán acceso inmediato e incondicional a los datos de los usuarios generados en el país.
Actualmente, los datos recopilados por las empresas de comercio electrónico del país se almacenan en la capacidad de almacenamiento en la nube privada de empresas estadounidenses como Microsoft y Amazon. Por lo general, estos servidores están alojados fuera de India, en países con una infraestructura de almacenamiento más barata y mejor.
El Gobierno ha solicitado al público que envíe sus comentarios sobre el proyecto de política antes del 9 de marzo.
El acuerdo sobre los datos
El proyecto de política afirma que «los ciudadanos tienen un derecho soberano sobre sus datos» y, por lo tanto, todos los datos generados por los sitios web de comercio electrónico deben almacenarse en India. Sin embargo, para alivio de los minoristas en línea, señala que, si se implementa el proyecto, todas las empresas dispondrán de tres años para cumplirlo plenamente.
Entre otros puntos importantes sobre los datos, el proyecto de política incluye:
El Gobierno está estableciendo un marco jurídico para abordar las infracciones relacionadas con la recopilación, el uso y el almacenamiento de datos.
El Gobierno ha propuesto crear una «autoridad de datos» para rastrear los datos recopilados por dispositivos del internet de las cosas (IoT) en espacios públicos, como los semáforos, así como por plataformas de comercio electrónico, redes sociales y motores de búsqueda.
El proyecto de política prevé aprovechar los datos disponibles en beneficio de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas (mipymes), así como de las empresas emergentes.
«Sin acceso a datos adecuados, las mipymes y las empresas emergentes se encuentran en desventaja para desarrollar un gran número de soluciones innovadoras», afirma el documento. «Se ha argumentado que los datos en poder de grandes empresas deben ponerse a disposición de otras compañías mediante algún tipo de “licencia obligatoria”».
Hay algunas salvedades. El proyecto de política exime de estas restricciones ciertos tipos de datos, incluidos los que no se recopilan en India, los datos entre empresas (B2B) compartidos en virtud de un contrato comercial y los datos que circulan a través de servicios de software y computación en la nube.
La muralla china
El proyecto de política llega apenas un par de meses después de que el Gobierno actualizara su política de inversión extranjera directa (IED) para las empresas de comercio electrónico. La política de IED introdujo algunos cambios perjudiciales que obligaron a empresas como Amazon y Flipkart, propiedad de Walmart, a realizar cambios estructurales.
El nuevo proyecto de política apunta con dureza contra los sitios web de comercio electrónico no autorizados, en especial empresas chinas como Shein y Club Factory, que hacen un uso indebido de la vía de los «regalos» para eludir los aranceles aduaneros y el impuesto sobre bienes y servicios (GST). Propone varios cambios operativos para esos portales, entre ellos el cumplimiento obligatorio del GST y el envío de los paquetes por los canales aduaneros habituales.
Para frenar el uso indebido de la vía de los regalos, el proyecto de política también ha propuesto cambios para los operadores de comercio electrónico registrados en el país. Propone exigir que todos los sitios web de comercio electrónico tramiten todos sus envíos desde otros países a India por los canales aduaneros. También propone crear un sistema integrado que conecte el banco central de India (el Banco de la Reserva de India) con India Post para hacer un mejor seguimiento de las importaciones.
La normativa aduanera india exime actualmente de impuestos los regalos que los indios residentes en el extranjero envían a sus familiares. «En vista del uso indebido de la vía de los “regalos”, como medida provisional se prohibirán todos esos paquetes, salvo los medicamentos que salvan vidas», señala el proyecto.
Como salvaguarda adicional, se prohibirán todos los pagos realizados desde bancos y pasarelas de pago indios «a sitios web o aplicaciones no autorizados y no registrados (que no cumplen con el GST)».
Además, el proyecto de política exige que todo sitio web de comercio electrónico que quiera operar en India tenga una entidad empresarial registrada en el país como importador oficial o como empresa a través de la cual se realicen todas las ventas en India. «No se permitirá operar en India a ninguna aplicación o sitio web de comercio electrónico que no cumpla las normas», afirma.
Según la normativa vigente, los consumidores pueden comprar directamente en sitios web extranjeros, estén registrados en India o no.
Para estrechar el cerco a los sitios web chinos de comercio electrónico, el Gobierno afirmó que se creará un organismo integrado por representantes del sector que identificará los «sitios web fraudulentos» y los incluirá en la «lista de sitios web infractores». Se considerará fraudulento un sitio web que aloje principalmente contenido pirateado. El proyecto de política también propone:
Los proveedores de servicios de internet deberán eliminar obligatoriamente los portales incluidos en la lista de sitios web infractores o inhabilitar el acceso a ellos.
Los sitios web fraudulentos obtienen ingresos mediante pagos en línea basados en modelos de suscripción o de ingresos publicitarios. Estos pagos deben tramitarse a través de pasarelas de pago, que no permitirán que se realicen pagos desde o hacia dichos sitios web fraudulentos.
Los motores de búsqueda deben tomar las medidas necesarias para eliminar de los resultados de búsqueda los sitios web identificados en la lista. Los anunciantes o las agencias de publicidad no podrán alojar contenido alguno en los sitios web identificados en la lista.
Empoderar a los compradores
El proyecto de política también busca agilizar el mecanismo de resolución de reclamaciones en las empresas de comercio electrónico, especialmente en los casos de productos falsificados.
La política definitiva también podría responsabilizar directamente a los marketplaces de reembolsar el importe pagado por el cliente en caso de que este presente una reclamación por un producto falsificado.
Además, el proyecto de política pretende exigir lo siguiente si se descubre que un vendedor comercializa un producto defectuoso:
Los marketplaces deberán dejar de ofrecer el producto falsificado en su plataforma y retirar toda la información relacionada con él.
Todos los sitios web y aplicaciones de comercio electrónico deberán mostrar números de teléfono y direcciones de correo electrónico para atender las reclamaciones de los consumidores.
Debe establecerse un sistema de acuse de recibo de las reclamaciones de los consumidores, con plazos claros para resolverlas. Estos plazos deberán mostrarse de forma destacada en el sitio web o la aplicación.
La primera respuesta a todas las reclamaciones de los consumidores deberá proporcionarse en el plazo de una semana.
