Las aplicaciones que aíslan a las personas de los contactos infectados son muy eficaces para frenar la transmisión de la COVID-19.
Las aplicaciones exigen que los gobiernos recopilen datos y localicen su ubicación, lo que suscita preocupaciones en materia de privacidad.
Las directrices normativas existentes podrían utilizarse de manera eficaz, adoptando un enfoque por país y reforzándolas cuando sea necesario.
Ante la COVID-19, muchos países han recurrido a las tecnologías digitales de rastreo de contactos (DCT, por sus siglas en inglés) para combatir la letal pandemia. En términos generales, se trata de aplicaciones que se utilizan para detectar, rastrear y conceder permisos de acceso con el fin de aislar a las personas infectadas de las no infectadas.
Investigaciones recientes en países donde se han implantado las DCT, como el Reino Unido y España, sugieren que son mejores que el rastreo manual de contactos para frenar la transmisión de la COVID-19 y salvar vidas.
Combinadas con infraestructuras digitales, pruebas diagnósticas, distanciamiento social y vacunas, las DCT prometen revolucionar la lucha contra las pandemias y serán fundamentales para que nuestra vida vuelva a la normalidad.
Sin embargo, los usuarios deben renunciar a cierto grado de privacidad, ya que la mayoría de los servicios de rastreo de contactos exigen, como mínimo, que los usuarios notifiquen sus datos de ubicación. Por ello, el público recela de que los gobiernos fisgoneen en su vida privada.
El rastreo de contactos tiene sus peligros
La implantación exitosa de las DCT requiere un «matrimonio de conveniencia» entre las empresas tecnológicas y los gobiernos, lo que ha dado lugar a una acumulación sin precedentes de datos privados.
En China, según se informa, el gobierno colabora con Alibaba y Tencent para aplicar las DCT, mientras que en Corea del Sur el gobierno trabaja estrechamente con Naver y Kakao para alcanzar los mismos objetivos.
Del mismo modo, en EE. UU. y Europa, algunos estados y países están colaborando con Apple, Google y otros desarrolladores para implantar las DCT.
Algunos observan la situación con cautela, alegando que el poder regulador de los gobiernos sobre las empresas tecnológicas podría debilitarse con el tiempo, lo que suscitaría problemas de privacidad. Estas preocupaciones se han intensificado a raíz de los casos recientes en los que Apple, Google y Facebook han utilizado su poder para ganar mayor influencia sobre los líderes políticos y los procesos de distintos países.
Peor aún, estas tecnologías están vinculadas al control policial y estatal en algunos países. En Canadá y Japón, la divulgación de los datos del rastreo de contactos ha provocado la estigmatización generalizada de los ciudadanos infectados. Además, hubo una polémica reciente sobre cómo solo la mitad de los datos de los códigos QR se destruyeron en Corea del Sur.
Las grandes tecnológicas y los gobiernos ejercen una enorme influencia sobre los datos privados, con una supervisión limitada más allá de los parches legales y las directrices diversificadas.
Danbee Back, Cornelius Kalenzi y Moonjung Yim
Todo ello plantea la cuestión: ¿está la gobernanza tecnológica preparada para implantar las DCT y abordar las preocupaciones del público en materia de privacidad, y es realmente capaz de hacerlo? Y, en tal caso, ¿cómo pueden los gobiernos generar confianza pública en las DCT para que el sistema sanitario las utilice más allá de la COVID-19?
Nuevos territorios: gobernanza del rastreo digital de contactos
Debido a innumerables preocupaciones sobre la privacidad de los datos, el rastreo de contactos requiere una gobernanza en forma de normativas que genere confianza pública en las DCT y garantice su uso continuado después de la COVID-19.
Las DCT deben diseñarse para funcionar dentro de los límites de leyes y sistemas que respeten el derecho humano a la privacidad y la democracia. Actualmente se debaten varias propuestas con visión de futuro para lograr la gobernanza de las DCT, entre ellas el modelo de gobernanza de datos de acceso con fines públicos autorizados marco elaborado por el Foro, junto con regímenes normativos más exhaustivos.
La realidad es que, en todos los ámbitos, las grandes tecnológicas y los gobiernos ejercen una enorme influencia sobre los datos privados, con una supervisión limitada más allá de los parches legales y las directrices diversificadas. Lo que está poco explorado en este debate en evolución es si las instituciones y los sistemas normativos existentes pueden servir de referencia para establecer salvaguardas y garantizar la confianza pública en las DCT.
Por ahora, parece que los países se basan principalmente en tres tipos de enfoques de gobernanza:
Algunos países —entre ellos Corea del Sur, Singapur, Taiwán e Israel— se basan en actualizaciones normativas.
Países como EE. UU. recurren a la autorregulación, con menos énfasis en la privacidad y en los excesos gubernamentales.
En Europa, los gobiernos intentan trabajar con las empresas para garantizar que las DCT cumplan con los marcos normativos existentes, como el RGPD.
Siguiendo con este último, existe una serie de normativas vigentes que permitirían a los países ser flexibles y tomar como referencia lo que podría funcionar en sus contextos políticos y sociales.
Formas de abordar las directrices existentes
En primer lugar, es urgente abordar las cuestiones relacionadas con el estigma social y garantizar que los datos privados del rastreo de contactos sigan siendo seguros. Por ello, deberían diseñarse programas y campañas de educación pública para limitar la estigmatización por la COVID-19. Dentro de los marcos normativos, el derecho al olvido en Europa puede ser de ayuda. No obstante, es necesario actualizar las leyes para sancionar a quienes filtren datos privados o utilicen internet para acosar a otros en línea.
Mediante iniciativas de este tipo, los gobiernos podrían lograr separar las tecnologías del estigma social y generar una confianza duradera en las DCT más allá de la COVID-19.
Otra opción es que los países sigan el ejemplo de Corea del Sur, Taiwán y Singapur, cuyo éxito en la implantación de las DCT se debió a que respaldaron las leyes vigentes de privacidad y gobernanza de datos con normas específicas que abarcan las DCT. Otros países podrían considerar acelerar la revisión de las leyes existentes en el contexto de las DCT, sobre todo porque se ha comprobado que las DCT funcionan en países con sistemas jurídicos obsoletos, como en EE. UU..
Dada la vertiginosa velocidad a la que se adopta la tecnología en todo el mundo, los modelos de gobernanza ágiles que buscan revisar y adoptar con rapidez marcos jurídicos e institucionales son necesarios para garantizar el éxito de las DCT.
En aquellos casos en los que las normativas están sujetas a un proceso gubernamental complejo, se podrían establecer o reforzar salvaguardas a través de los organismos de aprobación y las normativas existentes, como el Pre-Cert de la FDA para software de salud digital en EE. UU. Las DCT podrían beneficiarse de un método similar de verificación de la seguridad y la eficacia mediante una supervisión continua desde el proceso de desarrollo previo a la comercialización hasta la verificación adicional del rendimiento posterior a la comercialización.
Corea del Sur y Australia proponen eliminar los datos transcurrido un período determinado, y esto debería aplicarse a través de un organismo de vigilancia independiente y fiable.
Cornelius Kalenzi
Si el público considera fiables a estos organismos, las DCT podrían alcanzar cierto nivel de confianza entre los usuarios.
Dicho esto, dada la escala de adopción y la cantidad de datos privados implicados, es posible que los organismos de aprobación y los procesos en los que hoy se confía no sean suficientes para garantizar la privacidad. Y eso significa que podrían ser necesarias directrices exigibles adicionales.
Un aspecto de interés es garantizar que los datos del rastreo de contactos solo puedan rastrear la exposición y nunca se compartan. Algunos gobiernos, entre ellos Corea del Sur y Australia, proponen eliminar los datos transcurrido un período determinado, y esto debería aplicarse a través de un organismo de vigilancia independiente y fiable.
Otras salvaguardas podrían seguir los pasos de la Autoridad noruega de protección de datos y el Centro para la Ética e Innovación de los Datos del Reino Unido para determinar cómo puede el público disfrutar de todos los beneficios potenciales de las DCT dentro de los límites éticos y sociales de la democracia liberal. Mediante procesos de revisión fiables, las sanciones podrían aplicarse sin tener que recurrir a normativas que «frenen la innovación», y al mismo tiempo podría generarse confianza en la tecnología.
Dados los riesgos para la privacidad y la falta de confianza de los ciudadanos en la forma en que se supervisan (o no) las DCT en todo el mundo, los gobiernos deben centrarse en establecer salvaguardas para generar confianza en esta tecnología, empezando por reforzar los sistemas existentes.
Si logran ganarse la confianza de los usuarios, los gobiernos podrían crear una situación en la que las DCT sean de confianza y se conviertan en una parte integral de los sistemas sanitarios mundiales en el mundo posterior a la COVID-19.
