Mucho se ha dicho sobre la base digital que sustenta muchos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU – igualdad de género, buena salud, educación de calidad, innovación industrial y ciudades inteligentes y sostenibles – y sobre la necesidad de establecer subobjetivos en materia de TIC para ellos. La realidad es que no disponemos de datos de los países en desarrollo y, por tanto, en nuestras estadísticas mundiales, que permitan determinar dónde nos encontramos actualmente ni qué progreso estamos logrando para superar la ‘brecha digital’.
Los datos de oferta actuales recopilados por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) a partir de datos administrativos nacionales no permiten medir varios indicadores básicos en el entorno móvil predominantemente de prepago que caracteriza a los servicios de comunicación en los países en desarrollo. Estos indicadores alimentan la parte de acceso de los subíndices del Índice de Desarrollo de las TIC (IDI). Como único conjunto de datos mundial sobre TIC, constituye una parte fundamental de otros, como el Índice de Gobierno Electrónico de la ONU, el Little Data Book on ICT del Banco Mundial, el nuevo índice ‘3i’ de Facebook/Economist Intelligence Unit y el Informe Global sobre Tecnología de la Información del Foro Económico Mundial.
Incluso los indicadores básicos de TIC, como el número de abonados móviles en los países en desarrollo, se basan en los datos facilitados por los operadores a la GSMA para el Índice de Conectividad y a las agencias reguladoras nacionales. Estos datos administrativos rara vez se auditan antes de remitirse a la UIT. Estos datos de oferta miden el número total de tarjetas SIM activas en un mercado, incluido el creciente número de SIM utilizadas en y para el Internet de las Cosas y otros fines no humanos.
Las limitaciones de los datos de oferta
Estos datos no permiten contabilizar el número de abonados únicos y, por tanto, no pueden proporcionar los datos precisos que los responsables de políticas necesitan para evaluar el progreso logrado hacia el cumplimiento de los objetivos fundamentales de universalidad que están en el centro de las políticas públicas, ni el progreso en el cumplimiento de las metas de los ODS.
Esta no es la única información crítica para fines de política que no está disponible a partir de los datos de oferta en los mercados móviles de prepago. Los datos de las tarjetas SIM no nos dicen nada sobre el usuario, salvo el nombre del país en el que se compró la tarjeta SIM.
Incluso con el registro de tarjetas SIM solo podemos saber quién compró la tarjeta SIM. Desagregar los datos por sexo, necesario para determinar la equidad de género, no es posible a partir de los datos de oferta. Además, no podemos establecer la edad de las personas, dónde viven ni sus niveles de educación e ingresos, elementos todos ellos esenciales para la elaboración de políticas inclusivas.
En los mercados móviles de prepago, la única forma de obtener estos datos es mediante encuestas de demanda representativas a nivel nacional, como la Encuesta AfterAccess realizada en 16 países del Sur Global en 2017.
La comparación de los datos de penetración de la telefonía móvil de la GSMA o de la UIT, que ahora superan el 100 % en varios países africanos, por ejemplo, con los de la Encuesta AfterAccess, pone de manifiesto la diferencia entre las tarjetas SIM activas y el número de personas de un país determinado que poseen o utilizan un teléfono móvil en un momento dado. La discrepancia en estas cifras puede explicarse por el número de tarjetas SIM duplicadas que tienen las personas. Los datos africanos muestran que las personas en estos mercados tienen una media de dos tarjetas SIM como parte de sus estrategias de acceso múltiple y de asequibilidad.
La UIT reconoce este problema. Ha elaborado manuales y ofrece formación a los países sobre cómo llevar a cabo las encuestas de demanda necesarias para medir los resultados de las políticas y la regulación y evaluar el progreso en la agenda mundial de desarrollo. Sin embargo, pocos países en desarrollo tienen la capacidad o el interés de emprender estos ejercicios de recopilación de datos, que requieren muchos recursos, ni de priorizarlos frente a otras cuestiones aparentemente más apremiantes.
Ante la ausencia de este tipo de recopilación de datos por parte de la mayoría de los gobiernos del Sur Global, la Encuesta AfterAccess se llevó a cabo en África por RIA, en Asia por LIRNEasia y en América Latina por DIRSI. Con datos obtenidos de más de 30 000 entrevistas de una hora de duración realizadas en Asia y América Latina, la encuesta recoge todos los indicadores básicos exigidos por la Asociación para la Medición de la Sociedad de la Información, liderada por la UIT y la UNCTAD, tal como se muestra en los indicadores de telefonía móvil e Internet de la Figura 1.
Estos indicadores ofrecen una descripción precisa de algunos de los indicadores universales desarrollados por la Asociación para la Medición de la Sociedad de la Información. Pueden utilizarse para proporcionar una base empírica con la que evaluar las mejores prácticas en términos de resultados reales de las políticas, y no simplemente si la práctica se ha implementado o no. Permiten confirmar o cuestionar supuestos generales sobre el género o sobre la relación entre el PIB y la penetración de Internet. Esto último resulta especialmente interesante porque, a pesar de la complejidad de los distintos índices mencionados anteriormente, todos ellos muestran, en líneas generales, la misma evolución que el PIB. Como muestra la figura 2, la penetración de la telefonía móvil y la de Internet guardan una relación general con el PIB per cápita. Pero, aunque esto es cierto para los países de mayor renta y para los países menos adelantados, ocurren cosas interesantes en los países intermedios.
En general, los cinco países latinoamericanos encuestados, junto con Sudáfrica, presentan las tasas de penetración más elevadas, pero Sudáfrica tiene una tasa de penetración de Internet inferior a la de cualquiera de los países latinoamericanos, incluidos aquellos con un PIB más bajo. Myanmar y Camboya no solo tienen tasas de penetración de Internet muy superiores a las de los países africanos y asiáticos con cifras de PIB similares, sino que también superan a sus homólogos con mayor PIB per cápita, India y Nigeria.
Desde una perspectiva política, muchos de los países encuestados han adoptado reformas genéricas de las llamadas mejores prácticas, pero los datos de AfterAccess revelan resultados de políticas dispares. La infraestructura de banda ancha, que sigue siendo un desafío para muchos de los países encuestados, es un buen ejemplo. A pesar de las sólidas medidas de oferta identificadas como mejores prácticas por diversos bancos internacionales e instituciones multilaterales, Ruanda registró un nivel de penetración de Internet de solo el 8 %.
De hecho, a medida que la tecnología evoluciona de los servicios de voz a los servicios de datos, y que las plataformas over-the-top, el Internet de las Cosas y la inteligencia artificial se generalizan cada vez más, la paradoja política central es que, a medida que aumentamos el acceso y el uso de las TIC, la desigualdad digital también se amplifica. No solo es mayor la brecha entre los conectados y los no conectados, sino que también se amplía la división entre quienes están conectados de forma mínima y quienes disponen de los recursos para utilizar Internet de forma óptima y satisfacer sus necesidades.
En los países y regiones de bajos ingresos, la adopción de las tecnologías digitales se ve frenada pese a que la infraestructura está disponible. Esto se debe tanto al coste inasequible de los dispositivos y servicios como a la ausencia de las competencias digitales necesarias o incluso de conciencia al respecto, tal como confirma la encuesta After Access: “Las razones de ello suelen encontrarse en el lado de la demanda, pero siguen siendo invisibles en las estadísticas oficiales. Las encuestas a hogares pueden arrojar luz sobre los cuellos de botella existentes.”
Los resultados de la Encuesta AfterAccess ponen de manifiesto algunos de estos desafíos del lado de la demanda, al ofrecer una visión de la magnitud y la naturaleza de la brecha digital en los países en desarrollo. A medida que pasamos de los servicios y dispositivos de voz sencillos a servicios más complejos basados en Internet, los problemas de la desigualdad digital se vuelven mucho más complejos que la mera conectividad, lo que exige indicadores más exhaustivos y modelización de datos para comprender los factores de inclusión y exclusión.
Para subsanar la desigualdad digital en el Sur Global, habrá que prestar mucha más atención a las medidas que estimulen la demanda. Incluso allí donde se han creado entornos propicios para la inversión en la ampliación de las redes, los datos de nuestra encuesta muestran cómo los grupos social y económicamente marginados –en particular quienes se encuentran en la intersección de clase, género y raza– no logran aprovechar Internet para mejorar su bienestar social y económico. Los datos disponibles muestran que, además de la asequibilidad, el desarrollo humano –en particular la educación y, por tanto, los ingresos– son los principales determinantes del acceso, de la intensidad de uso y del uso de Internet para la producción, y no solo para el consumo.
El desarrollo de contenidos y aplicaciones locales pertinentes en lenguas locales, junto con el refuerzo de las competencias de alfabetización digital de la ciudadanía, son importantes estímulos de la demanda. Los responsables de políticas tendrán que extender sus enfoques a estos ámbitos si quieren aprovechar los beneficios de Internet para todos sus ciudadanos.
Un gran número de africanos no podrá permitirse estar en línea de forma óptima, incluso si los precios de la banda ancha GSM se basaran en los costes, pero el despliegue de espectro para crear y ampliar los bienes comunes (espectro sin licencia) cambiaría esta situación. El wifi público de acceso comercial podría extenderse desde las zonas urbanas de élite, posiblemente mediante el despliegue de fondos de servicio universal poco utilizados u otros recursos públicos, a todos los espacios públicos. Esto ofrece una forma viable de aumentar la intensidad de uso en las zonas urbanas y potenciar los efectos de red que contribuirían a un desarrollo digital más inclusivo.
