¿Por qué Sierra Leona, una economía de bajos ingresos que, hace menos de dos décadas, salía de un conflicto armado y de un régimen autoritario, asume un papel de liderazgo mundial? Mohamed Sesay, coinvestigador del Gender, Justice and Security Hub y profesor adjunto en la Universidad de York analiza el nexo entre género, justicia y desarrollo desde el fin de la guerra civil de una década en Sierra Leona para argumentar que el país ofrece perspectivas únicas sobre la complejidad de los retos persistentes que sobreviven a la aplicación de los programas de reforma jurídico-tecnocráticos en las sociedades de posguerra.
El 21 de septiembre de 2017, Sierra Leona, junto con Brasil y Suiza, convocó una reunión paralela durante el 72.º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, que fue la iniciativa de las Pathfinders for Peaceful, Just, and Inclusive Societies. Sierra Leona también elaboró un marco de inversión específico para el país, con metas rastreables y medibles, que culminó en dos exámenes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en julio de 2016 y 2019 bajo los auspicios del Foro Político de Alto Nivel de la ONU. Sin embargo, mientras Sierra Leona asume un papel de liderazgo mundial y a menudo se cita como modelo de recuperación exitosa tras la guerra, también ejemplifica cómo los dilemas políticos y de desarrollo no resueltos pueden complicar los esfuerzos por lograr la justicia de género sobre el terreno, una lección significativa para los promotores de los ODS.
Protección de los derechos de las mujeres
Todos los planes nacionales de desarrollo de posguerra en Sierra Leona, desde la Estrategia Nacional de Recuperación (2002/3), Documento provisional de estrategia de reducción de la pobreza (2005), Documento de estrategia de reducción de la pobreza I (2005-07), la Agenda para el Cambio (2008-12), hasta la Agenda para la Prosperidad (2013-18) — reconocieron la necesidad de adoptar medidas positivas para garantizar la participación plena de las mujeres en todos los procesos políticos, sociales y económicos. Además, se han promulgado diversas leyes para proteger los derechos de las mujeres, como la Ley de Delitos Sexuales (2012), que tipifica como delito toda actividad sexual sin consentimiento, y tres leyes de justicia de género sobre violencia doméstica (2007), transmisión de bienes hereditarios (2007), y matrimonios y divorcios consuetudinarios (2009). A nivel institucional, el Ministerio de Bienestar Social, Género y Asuntos de la Infancia (MSWGCA) es responsable de incorporar las cuestiones de las mujeres en la gobernanza, mientras que el Ministerio de Justicia ha introducido tres Estrategias y Planes de Inversión integrados de Reforma del Sector Justicia (2008 – 2018) que incluyen la protección de los derechos de las mujeres. Anteriormente, los mecanismos de justicia transicional incluyeron la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (TRC), que dedicó todo un capítulo de su informe a las mujeres y al conflicto armado, y el Tribunal Especial para Sierra Leona, que se convirtió en el primer tribunal internacional en procesar el “matrimonio forzado” como crimen de lesa humanidad.
Pese a estos loables avances progresistas para hacer frente a lo que el informe de la TRC describe como prácticas discriminatorias arraigadas contra las mujeres, según diversos informes, entre ellos el reciente Índice de Desigualdad de Género del PNUD (2017), el informe Global Gender Gap (2018), y informe de Statistics Sierra Leone (2013). Es en este contexto en el que Sierra Leona ha buscado alinear firmemente su estrategia de desarrollo con los ODS, aprendiendo de sus experiencias con la adaptación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
Tras la elaboración de un marco nacional integrado destinado a sincronizar los ODS con el presupuesto nacional de 2016, la Agenda para la Prosperidad y la Estrategia Nacional de Recuperación tras el ébola (2015-17), Sierra Leona fue objeto de un examen voluntario de los ODS convocado por el Foro Político de Alto Nivel de la ONU en julio de 2016 y 2019. Más significativo aún, Sierra Leona prioriza el ODS 16, que se centra en la creación de una sociedad pacífica y justa como objetivo catalizador para alcanzar toda la agenda de los ODS 2030. Es un miembro pionero de los Pathfinders for Peaceful, Just, and Inclusive Societies, una plataforma mundial que trabaja en tres estrategias transformadoras (prevención de la violencia, renovación institucional e incremento de la inclusividad) y en nueve ámbitos de acciones catalizadoras para aplicar el ODS 16 y las metas relacionadas.
Impulso de la equidad de género
En el centro de estos esfuerzos hay una agenda ambiciosa para avanzar en la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres, una agenda que aparentemente ha recibido un impulso del gobierno del Rtd. brigadier Julius Maada Bio, elegido en mayo de 2018. En su primera apertura oficial del Parlamento, el presidente Bio prometió transformar la Dirección de Género del MSWGCA en una Comisión Nacional de Asuntos de Género, promover el acceso de las mujeres a la tierra y a otros recursos estratégicos, ofrecer formación y oportunidades educativas a las mujeres, garantizar más mujeres en puestos de liderazgo, reducir el número de casos de violencia de género y establecer un Fondo Nacional para el Desarrollo de las Mujeres.
Estos compromisos se reiteraron en su segundo discurso de mayo de 2019. En consonancia con estas declaraciones, el Clúster 5 del Plan Nacional de Desarrollo a Medio Plazo (2019-2023) se centra en el empoderamiento de las mujeres, los niños y las personas con discapacidad. El anterior Clúster 4, que trata de la gobernanza y la rendición de cuentas para obtener resultados, también pretende, entre otras cosas, “reformar en profundidad el poder judicial y el sistema de prestación de justicia con miras a restablecer la confianza pública en su independencia e imparcialidad y a hacer que la justicia sea accesible para todos”.
Crear la voluntad política para el cambio
Aunque uno podría sentirse tentado a anticipar resultados similares a los anteriores a los ODS, conviene ser cautos ante tal optimismo y ver si los responsables políticos y sus socios internacionales están dispuestos a aprender de tres problemas tenaces y a abordarlos. En primer lugar, las reformas de género de posguerra en Sierra Leona han demostrado cómo los actores centrales y locales, que se benefician personalmente de las estructuras patriarcales preexistentes, tienden a recibir los cambios legales y políticos como una amenaza para su autoridad y bienestar. No es, por tanto, sorprendente que el Plan de Desarrollo a Medio Plazo señale que “para que las leyes y políticas nacionales se traduzcan en resultados positivos, deben aplicarse y hacerse cumplir, lo que requiere una voluntad política concertada y financiación”. La cuestión es cómo construir instituciones eficaces e incentivar a quienes ostentan el poder para que acepten un cambio transformador que priorice los intereses y las aspiraciones de las mujeres.
En segundo lugar, Sierra Leona no necesita que le expliquen la desconexión entre los marcos jurídicos y de políticas y las realidades cotidianas sobre el terreno. Como indican las estadísticas de género que siguieron al primer conjunto de esfuerzos de reforma, el cambio de actitudes no se produce al mismo ritmo que las reformas legislativas y políticas; de hecho, a menudo va considerablemente a la zaga. Esto significa que la transformación requiere esfuerzos institucionales y sociopolíticos sostenidos, más allá de soluciones tecnojurídicas rápidas.
La buena noticia para Sierra Leona es que el debate sobre la justicia de género no está polarizado ideológicamente y, aunque los compromisos con el empoderamiento femenino varían, ningún partido en el poder se opone fundamentalmente a la idea, y la resistencia de las élites se basa en gran medida en cálculos políticos. Pero, dado que las necesidades cotidianas de justicia no pueden esperar a que se fortalezcan las instituciones, debemos equilibrar las reformas legislativas y de políticas con iniciativas creativas como Timap for Justice para responder, mientras tanto, a las cuestiones concretas y prácticas que afrontan las mujeres y otros grupos.
Las reformas de género de posguerra en Sierra Leona han demostrado cómo los actores centrales y locales, que se benefician personalmente de las estructuras patriarcales preexistentes, tienden a recibir los cambios legales y políticos como una amenaza para su autoridad y bienestar.
Por último, la experiencia de Sierra Leona demuestra que las cosas buenas no necesariamente convergen ni lo hacen de forma sencilla. En concreto, aunque los objetivos del desarrollo y la justicia puedan parecer complementarios en términos conceptuales, existen tensiones significativas entre ellos en los niveles de política y de operación de las reformas. Por ejemplo, como país de bajos ingresos, una agenda audaz para promover la igualdad de género requiere programas sociales masivos que solo pueden financiarse con ayuda de donantes e ingresos generados por las exportaciones. La dependencia de la asistencia de los donantes, incluso cuando estos tienen buenas intenciones, tiende a socavar la titularidad local, sobre todo si los donantes están comprometidos ideológicamente con marcos globales. La economía neoliberal, el modelo dominante adoptado por Sierra Leona, atrae a los agentes corporativos transnacionales que disponen del capital para invertir en economías emergentes, pero a menudo están más interesados en los rendimientos monetarios de su inversión que en la justicia de género.
En este contexto, si la igualdad de género es una cuestión de justicia o de desarrollo sigue siendo una pregunta fundamental por resolver. Sobre este punto, incluso el Dr. Sheka Bangura, Punto Focal Nacional para los ODS del Ministerio de Planificación y Desarrollo Económico, admite que, si bien la justicia y el desarrollo pueden integrarse en una conceptualización más amplia de la transformación humana, el país todavía no ha encontrado un camino eficaz hacia un cambio inclusivo, un dilema que explica por qué Sierra Leona es un caso central del UKRI GCRF Gender Justice and Security Hub.
La autora desea agradecer a Simeon Koroma su contribución a este blog. Simeon Koroma es abogado y cofundador de Timap for Justice, una organización pionera en Sierra Leona que presta servicios de asistencia jurídica, elabora estrategias de reforma institucional y recopila datos exhaustivos sobre el acceso a la justicia. Timap es conocida por su trabajo pionero en apoyo de los derechos (especialmente de las mujeres) de las comunidades a poseer legalmente, acceder y utilizar la tierra. Simeon encabezó la campaña para el reconocimiento formal de los paralegales en Sierra Leona y desempeña un papel fundamental al dirigir el diálogo de la sociedad civil con el gobierno sobre la prestación de servicios de justicia primaria. Actualmente es candidato a doctor en la Universidad de Edimburgo.
La autora desea agradecer también al Dr. Sheka Bangura, Punto Focal Nacional para los ODS de Sierra Leona y director del Ministerio de Planificación y Desarrollo Económico, y a Agnes During, del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Sierra Leona, su contribución.
El Hub de Género, Justicia y Seguridad del UKRI GCRF trabaja para promover la paz sostenible mediante el desarrollo de una base de pruebas en torno al género, la justicia y la seguridad inclusiva en sociedades afectadas por conflictos.
