El 19 de diciembre de 2018, la Asamblea General de las Naciones Unidas votó a favor de adoptar el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, con 152 votos a favor, cinco en contra y 12 abstenciones. Sus partidarios celebraron el Pacto como un paso hacia una gestión de la migración más humana y ordenada, aunque la oposición sigue siendo formidable.
El Pacto no es un tratado jurídicamente vinculante ni garantiza nuevos derechos para los migrantes. De hecho, sus 23 objetivos se redactaron tras dos años de deliberaciones inclusivas y seis rondas de negociaciones, centradas específicamente en crear un marco de cooperación internacional que no interfiriera excesivamente en los asuntos internos de los países.
Debido a los malentendidos sobre el Pacto, conviene examinar más de cerca el desafío migratorio y los enormes beneficios que un sistema bien gestionado puede aportar tanto a los países de acogida como a los países de origen.
La migración obedece, ante todo, a la falta de oportunidades económicas en el país de origen. Dado que el nivel de ingresos promedio en los países de renta alta es más de 70 veces superior al de los países de renta baja, no sorprende que muchas personas del mundo en desarrollo se sientan obligadas a probar suerte en otros lugares.
Esta tendencia se ve reforzada por los cambios demográficos. Mientras los países de renta alta afrontan el envejecimiento de la población, muchos países de renta más baja cuentan con poblaciones jóvenes y en edad de trabajar cada vez más numerosas. La disrupción tecnológica también ejerce presión sobre los mercados laborales. Además, el cambio climático, como señala un informe reciente del Banco Mundial informe, acelerará la tendencia al desplazar de sus hogares a unos 140 millones de personas en las próximas décadas.
Pero, contrariamente a lo que se cree, casi la mitad de los migrantes no se traslada de países en desarrollo a países desarrollados. Más bien, migran entre países en desarrollo, a menudo dentro de la misma región.
Además, la migración de retorno va en aumento, un hecho que suele pasarse por alto, a menudo porque a los migrantes se les negó el acceso al mercado laboral o porque terminaron sus contratos de trabajo. Por ejemplo, el número de trabajadores del sur de Asia recién registrados en los Estados del Golfo disminuyó considerablemente —entre un 12% y un 41%— en los últimos dos años. Entre 2011 y 2017, el número de posibles retornados en Europa —solicitantes de asilo cuyas solicitudes fueron rechazadas o que fueron identificados como indocumentados— se cuadruplicó, hasta alcanzar los 5,5 millones. Durante el mismo período, el número de posibles retornados en Estados Unidos se duplicó con creces, hasta superar los tres millones. La migración de retorno desde Arabia Saudita y Sudáfrica también ha aumentado.
Los migrantes que permanecen en sus países de acogida realizan importantes aportaciones. Aunque los 266 millones de migrantes que se estima hay en el mundo representan apenas alrededor del 3,4% de la población mundial, aportan más del 9% del PIB.
Para lograrlo, los migrantes deben superar grandes obstáculos para alcanzar el éxito económico. Por ejemplo, los trabajadores no cualificados, especialmente los procedentes de países pobres, suelen pagar comisiones muy elevadas —que en algunos países de destino pueden superar los ingresos de un año entero de un trabajador migrante— a agentes laborales sin escrúpulos para encontrar empleo fuera de sus propios países. Por eso, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) incluyen una meta para reducir los costos de contratación.
La migración también aporta importantes beneficios económicos a los países de origen. Aunque los migrantes gastan la mayor parte de sus salarios en los países de acogida —lo que impulsa allí la demanda—, también suelen enviar dinero para ayudar a sus familias en casa. Se sabe que estas remesas superan la asistencia oficial para el desarrollo. El año pasado, las remesas a países de renta baja y media aumentaron un 11%, hasta alcanzar los 528.000 millones de dólares, y superaron las entradas de inversión extranjera directa en esos países.
A escala mundial, India es el mayor receptor de remesas (80.000 millones de dólares), seguida de China, Filipinas, México y Egipto. En proporción al PIB, los mayores receptores fueron Tonga, Kirguistán, Tayikistán y Nepal. El aumento de las remesas durante 2018 se debió a la mejora del mercado laboral en Estados Unidos y a la recuperación de los flujos procedentes de Rusia y los Estados del Golfo.
Pero no se está aprovechando el potencial de las remesas para apoyar el desarrollo sostenible. Un obstáculo importante es el alto costo de transferir dinero.
Los migrantes que envían dinero a sus hogares pagan, en promedio, el 7% del importe total de la propia transferencia, debido a la escasa competencia en el mercado de los servicios de remesas —resultado de regulaciones estrictas destinadas a combatir delitos financieros como el blanqueo de capitales— y a la dependencia de tecnologías ineficientes. Alcanzar la meta de los ODS de reducir los costos de las transferencias por debajo del 3% —lo que contribuiría a avanzar hacia la meta de aumentar el volumen total de las remesas— exigirá que los países aborden estas deficiencias.
Seguimos de cerca estas formas, a menudo pasadas por alto, en que la migración puede apoyar el desarrollo, debido a sus vínculos con los indicadores de los ODS. Pero investigaciones recientes también desmontan otros mitos sobre la migración y muestran, por ejemplo, que los migrantes no imponen una carga fiscal significativa a los países de acogida ni reducen los salarios de los trabajadores nativos con menor cualificación.
Los flujos migratorios están aumentando, y se prevé que la tendencia continúe. Las políticas migratorias fragmentadas, moldeadas por mitos populares, no pueden gestionar eficazmente este proceso y mucho menos aprovechar las oportunidades de impulsar el desarrollo que genera la migración. Solo un enfoque coordinado, como el previsto en el Pacto Mundial, puede hacerlo.
