Esperanza. Ahora bien, es una palabra que no se escucha lo suficiente en la lucha mundial contra la desigualdad.
Y con razón. En los últimos 40 años, unos pocos han triunfado sobre el resto de nosotros, y los gobiernos les han ayudado a lograrlo. El 1 % más rico se embolsó más ingresos que la mitad de la humanidad juntos, mientras que 26 multimillonarios hoy poseen más riqueza que 3.900 millones de personas. Con la pobreza en aumento en diversas partes del mundo, y con la espeluznante escala del caos climático impulsado por los intereses de unos pocos ricos, a veces puede resultar difícil encontrar esperanza.
Basta con mirar esta semana la 74.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, donde hemos escuchado a líderes mundiales empeñados en mantener el statu quo: menos complacientes con la desigualdad de lo que son cómplices de ella.
Pero junto a la Asamblea General, en un rincón tranquilo de Nueva York, fui testigo de cómo surgía la esperanza desde un lugar nuevo. No fueron activistas valientes que se enfrentan a los ricos, ni economistas audaces que imaginan un nuevo tipo de economía.
No: fueron líderes de gobiernos.
Ciertamente, un grupo selecto. Incluso un grupo humilde. Pero un conjunto de líderes progresistas de países tanto ricos como pobres que se han unido por una causa común para hacer frente a la desigualdad extrema y a la exclusión. Cada uno trata de combatir la desigualdad en sus países. Cada uno percibe que el poder de su unidad puede lograr algo más grande.
Este entusiasta grupo está reunido por el primer ministro de Suecia, Stefan Löfven, un antiguo líder sindical que dirige una nación que en ocasiones se ha sentido como una voz solitaria en un mundo de desigualdad creciente. Junto a él estaban líderes como la presidenta de Etiopía, una mujer al frente de una de las naciones más pobres del mundo, que ha llevado a la escuela a 15 millones de niños más, la mayoría niñas, a lo largo de una década.
El grupo incluye a algunas de las mayores economías del mundo, como España, cuyo presidente afirma que «la desigualdad está destruyendo nuestras sociedades». Incluye también países tan grandes como Indonesia, con una población de más de 250 millones de habitantes. Me complace especialmente ver que líderes africanos, como los de Sierra Leona y Namibia, muestran un liderazgo semejante.
Por supuesto, ninguno de estos gobiernos actúa a la perfección. Cada uno puede y debe hacer mucho más. Yo mismo me comprometo a presionarlos para que lo hagan, y ellos también deberían presionarse mutuamente. Pero al unirse —como estoy seguro de que sabe cada líder— estos líderes logran algunas cosas.
En primer lugar, ofrecen una alternativa al consenso económico que ha definido nuestra época. Sus acciones cuestionan, de hecho, una suposición fatal: que la desigualdad es de algún modo inevitable o un designio divino.
Durante años se nos ha dicho que esa desigualdad es el subproducto de un sistema económico por lo demás espectacularmente exitoso. Que, es cierto, el sistema trae consigo algo de pobreza, pero que todo el crecimiento del PIB es, al final, bueno para todos nosotros. Que reducir los derechos de los trabajadores o recortar los impuestos a las empresas nos beneficiará a todos de alguna manera.
Creo que esta historia fallida se está muriendo. Los padres que trabajan a todas horas sin poder ofrecer esperanza a sus hijos de un futuro mejor saben que es mentira. Los millones de jóvenes que se manifiestan contra la inacción climática saben que es mentira. La desigualdad es una decisión política y de políticas públicas.
En segundo lugar, un grupo de líderes así no solo trae esperanza de un mundo mejor, sino también la certeza de que puede alcanzarse. Pienso en alguien como el presidente Moon, de Corea del Sur, un país que se ha sumado al grupo de líderes progresistas: un abogado de derechos humanos e hijo de refugiados del norte. Se ha propuesto construir una economía centrada en las personas y ha actuado en consecuencia, aumentando audazmente el salario mínimo, gravando más a los más ricos e impulsando el gasto social.
Entonces debe responderse una nueva pregunta. Si países desde Namibia hasta Corea del Sur pueden dar pasos sencillos, eficaces y de sentido común en favor de la dignidad de sus ciudadanos, ¿por qué no puede hacerlo todo gobierno? Y ¿por qué tantos gobiernos optan, en cambio, por favorecer a los ricos frente al resto?
Sigo entusiasmado con la posibilidad de que el mundo cierre pronto el capítulo de la economía brutalmente desigual que ha dominado gran parte de este último medio siglo. Será una lucha, de política y de poder, entre unos pocos intereses adinerados y el resto de nosotros, para llegar hasta allí.
Pero espero que de esta semana surja un nuevo grupo de defensores gubernamentales que, junto con activistas, movimientos, líderes de opinión y ciudadanos comunes, pueda demostrar que otro camino es posible. Y que está muy al alcance de nuestra mano.
Haga clic aquí para obtener más información sobre el compromiso de los líderes mundiales de luchar contra la desigualdad y la exclusión en la Asamblea General de la ONU de 2019.
