La práctica del capitalismo de las partes interesadas requiere conciencia de que las partes interesadas son personas, cada una con funciones y responsabilidades específicas en la sociedad: consumidores, proveedores, trabajadores, ciudadanos, activistas, manifestantes y muchos más. Las personas son, a su manera, fideicomisarias de la sociedad, porque conforman los organismos sociales, como las instituciones, las organizaciones profesionales, las comunidades o las agregaciones sociales.
Pero el modelo capitalista tradicional no ha sido diseñado para generar beneficios para las personas ni con las personas. Su enfoque exclusivo en la maximización de beneficios y en los intereses de los accionistas lo aleja mucho de las verdaderas necesidades sociales.
En este momento de la historia, más que nunca, con protestas y otras formas de acción colectiva surgiendo en todos los rincones del mundo, las empresas necesitan involucrar o volver a involucrar a las personas de nuevas formas y repensar la manera en que se asocian con las partes interesadas, las comunidades y las organizaciones de la sociedad civil, superando los límites del modelo económico actual.
¿Cómo sería un cambio en la colaboración? ¿Qué significa incluir a las personas y a las comunidades vulnerables en las alianzas? ¿Cómo debe cambiar la relación entre las corporaciones y las organizaciones de la sociedad civil que representan los intereses de las personas y los ciudadanos para responder a los desafíos actuales de una manera más participativa y responsable?
El mundo tecnológico ofrece algunas ideas interesantes para la reflexión. Las colaboraciones relacionadas con la tecnología y la innovación entre empresas y organizaciones de la sociedad civil son hoy más habituales que nunca. Especialmente con la difusión global de tecnologías en el ámbito del desarrollo, la acción humanitaria y la participación cívica, las empresas tecnológicas y las organizaciones de la sociedad civil han desarrollado diversas formas de alianzas destinadas a utilizar tecnologías para abordar desafíos sociales.
Desde chatbots basados en IA para conectar a los simpatizantes con las comunidades para colaboraciones de fideicomisos de datos para proteger la privacidad de los datos para códigos de conducta compartidos para el uso responsable de vehículos aéreos no tripulados en crisis humanitarias, la última década ha visto una serie de alianzas entre la sociedad civil y el sector tecnológico que emplean nuevas tecnologías para el bien social.
Estas alianzas se centraron inicialmente en nuevas formas de obtener recursos financieros y desarrollar programas mediante herramientas digitales, tecnologías emergentes, código abierto y plataformas de financiación colectiva, etc. Sin embargo, las disrupciones de la Cuarta Revolución Industrial y las crecientes pruebas sobre los impactos negativos de las tecnologías avanzadas en las libertades civiles y la privacidad de los datos han trasladado la relación entre el sector tecnológico y la sociedad civil a un nuevo ámbito.
Cada vez más, las organizaciones de la sociedad civil, más dependientes de los propios sistemas digitales y las tecnologías emergentes que antes parecían opcionales y no esenciales, están planteando hoy dilemas complejos sobre la regulación de los datos y los derechos humanos y trabajando con socios tecnológicos para definir colectivamente una agenda política que refleje los valores de la sociedad civil de rendición de cuentas, transparencia y no discriminación.
Este enfoque requiere una nueva forma de trabajar y de asociarse. Ya no se trata de «tecnología para el bien», sino de lo que es «bueno para la tecnología». Deben existir un conjunto de valores, normas, salvaguardas y regulaciones para evitar los riesgos asociados a una tecnología de exclusión y desigualdad (como las violaciones de la privacidad, la falta de capacidad de actuación y el desplazamiento de empleos humanos).
Esta nueva forma de trabajar requeriría ajustes importantes en el espectro actual de alianzas entre el sector tecnológico y la sociedad civil, centrando la atención en cómo se construyen y operan estas alianzas. Requiere reconocer que, al final del día, una alianza público-privada solo puede ser tan sólida como el nivel de voz que demos a las voces menos poderosas y menos representadas.
La dinámica de poder dentro de estas alianzas debe equilibrarse e incluir los intereses y valores de todos los socios. No solo muchas empresas tecnológicas son ahora más grandes que los propios Estados-nación desde una perspectiva económica, sino que sus productos son «cada vez más considerados instrumentos del poder estatal,» y desempeñan un papel estratégico en el escenario mundial. En este contexto, el desequilibrio de poder entre los conglomerados tecnológicos y las organizaciones de la sociedad civil o los simples individuos interesados es enorme, lo que plantea interrogantes sobre la capacidad de ambas partes para participar en alianzas verdaderamente equitativas que generen beneficios justos para todos los involucrados.
Además, la geografía predominantemente «del Norte» de los debates sobre la gobernanza tecnológica y las amenazas del colonialismo digital hacia el «Sur Global» crea de por sí una división de poder que agrava las desigualdades globales de riqueza, oportunidades y recursos. Por ello, resulta imperativo que los actores de la sociedad civil desarrollen capacidades y realicen el cambio organizativo necesario para responder a los rápidos impactos de la transformación digital y tecnológica en su trabajo, estructuras y comunidades.
En este sentido, las alianzas tecnológicas responsables redundan en el interés tanto de las entidades del sector privado como de las de la sociedad civil. Invierten en infraestructuras críticas, desarrollo de capacidades y transformación digital para que las comunidades y las organizaciones de base representen sus perspectivas y hagan oír su voz en los debates y la gobernanza tecnológicos.
Es fundamental garantizar que las alianzas (grandes) entre el sector tecnológico y la sociedad civil se alejen de las prácticas tradicionales de responsabilidad social corporativa (RSC) y avancen hacia colaboraciones más significativas, basadas en una verdadera alineación con la misión central y los objetivos fundamentales de cada organización. Particularmente en la industria tecnológica, esto significa adelantar la acción abrir algunas de sus áreas empresariales clave (recopilación y análisis de datos y comercio, diseño, desarrollo, implementación y distribución de tecnologías) a los actores pertinentes de la sociedad civil, en paralelo con el modelo predominante de abordar las disrupciones tecnológicas en una fase posterior, mediante colaboraciones paralelas sobre principios y valores de investigación, protocolos técnicos o marcos legales y normativos.
Podría argumentarse que la magnitud de la disrupción que algunas de estas tecnologías emergentes provocan en la sociedad (piénsese en CRISPR y la edición genética) es tan generalizada (en países, personas y generaciones) que deberíamos tratarlas cada vez más como los principales impulsores y facilitadores de los bienes públicos globales, y regularlas como tales, con una combinación de responsabilidad colectiva y regulación. En este contexto, las alianzas tecnológicas responsables son aquellas con un fuerte compromiso de crear pruebas compartidas sobre el impacto de las tecnologías en las personas, como forma de impulsar políticas más sólidas y prácticas responsables.
Por último, es clave garantizar que estas alianzas representen las voces y las comunidades que queremos proteger de los daños relacionados con la tecnología y/o dotar de nuevas herramientas tecnológicas. Esto es especialmente crítico para las alianzas público-privadas en el ámbito del desarrollo, los derechos humanos y la acción humanitaria, donde la creciente dependencia de la recopilación y el análisis de datos subraya el «deber de diligencia» como un área clave de responsabilidad y obligación para cualquier organización, sea pública, privada o de la sociedad civil, que recopile, almacene, procese o utilice datos.
Los daños derivados de los datos son reales, y a medida que los datos se convierten cada vez más en una característica de la sociedad moderna, será fundamental que las alianzas entre la sociedad civil y las empresas en el ámbito tecnológico se centren en la protección de los datos individuales y colectivos y tengan en cuenta las implicaciones actuales y futuras para los derechos humanos de los datos recopilados de generaciones de poblaciones.
Para ello se requiere una estrategia deliberada para ir más allá de los consejos de ética multisectoriales y los procesos de revisión como en años anteriores, e invertir de forma decidida en actores, comunidades y organizaciones locales subrepresentados en los debates tecnológicos, y colaborar con ellos, tanto a corto como a largo plazo. En este contexto, las alianzas tecnológicas responsables son aquellas diseñadas con estrategias específicas a largo plazo de inclusión y colaboración con los actores locales.
La evidencia muestra que, cuando las perspectivas sociales no se incluyen adecuadamente desde el inicio en el diseño, el desarrollo y el uso de las tecnologías y en la regulación correspondiente, surgen reacciones adversas bastante rápidamente. Los empleados de Facebook lanzaron su primera gran protesta contra lo que consideraban una política incoherente sobre discursos políticos que permitía afirmaciones falsas en los anuncios políticos.
Los actores humanitarios y ciertos sectores de la sociedad civil reaccionaron con firmeza ante el anuncio del Programa Mundial de Alimentos en 2019 de una alianza de 45 millones de dólares con la empresa de inteligencia algorítmica Palantir, tras las preocupaciones por posibles daños a personas vulnerables derivados de terceros relacionados con los datos. Cuatro ciudades estadounidenses han impuesto una prohibición total del reconocimiento facial por parte del gobierno federal, tras la fuerte presión de grupos de privacidad, derechos civiles, inversores y grupos religiosos preocupados por la falta de garantías en torno al uso generalizado y no transparente de esta tecnología.
Está claro que avanzar hacia alianzas más equitativas, inclusivas y responsables es una transición que requiere una nueva forma de pensar. Necesitamos ver un cambio cultural en cuanto a cómo asociarnos de otra manera, con quién asociarnos y cómo hacerlo sin dejar de ser una empresa, ya sea con fines de lucro o no. Esta nueva década requerirá alianzas ambiciosas para beneficiar al planeta y a la humanidad. Solo podemos esperar que las alianzas público-privadas (APP) evolucionen con más fuerza y adquieran un nuevo significado: colaboraciones intersectoriales en las que las Personas, el Poder y los Principios y valores compartidos serán claves para el éxito y el impacto.
Bienvenidos a una nueva década de APP.
