El cambio climático ya está causando estragos en todo el mundo en desarrollo. Vietnam, por ejemplo, ha informado de que los desastres naturales, algunos de ellos agravados por el cambio climático, han provocado pérdidas anuales equivalentes al 2 % de su PIB. En países dependientes de la agricultura como Etiopía, las sequías más prolongadas y las inundaciones más frecuentes amenazan los medios de vida y el suministro de alimentos.
Mientras la comunidad internacional se prepara para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en París, en diciembre, identificar y agilizar las fuentes de financiación para la lucha contra el cambio climático debe ser una prioridad absoluta. Bancos de desarrollo como la Agence Française de Développement (AFD), de la que soy directora ejecutiva, están bien posicionados para contribuir.
Para empezar, los bancos de desarrollo pueden financiar proyectos que beneficien tanto al desarrollo como al medio ambiente. El calentamiento global es ahora un factor esencial que debe tenerse en cuenta al planificar cualquier proyecto de desarrollo. Por ejemplo, los efectos del cambio climático pueden plantear riesgos críticos para las infraestructuras —el riego agrícola, el transporte público o casi cualquier otra cosa—. Mientras tanto, el aumento de los ingresos —un objetivo de cualquier esfuerzo de desarrollo— casi siempre implica un mayor consumo de recursos naturales y energía, lo que genera más emisiones y un calentamiento adicional.
Estas relaciones estrechamente vinculadas entre el calentamiento global y el desarrollo explican por qué el Gobierno francés exige que al menos el 50 % de la financiación proporcionada por la AFD se destine a proyectos de desarrollo que también tengan un impacto positivo en el medio ambiente. Algunos ejemplos son los parques eólicos en Etiopía, una mejor gestión forestal en Madagascar, planes climáticos nacionales en Indonesia y Vietnam, y el transporte urbano limpio en Colombia.
Los bancos de desarrollo también pueden desempeñar un papel importante en el diseño de instrumentos financieros que permitan a los inversores privados contribuir a la lucha contra el cambio climático. Pero hoy el reto de la financiación ya no es solo una cuestión de cantidad. Aunque entre las posibles fuentes de financiación para un desarrollo respetuoso con el clima figuran ahora los fondos de pensiones, las compañías de seguros, las fundaciones y los fondos soberanos, a menudo faltan mecanismos que garanticen que las inversiones se canalicen hacia proyectos bien seleccionados y eficaces.
Una solución son los bonos «verdes» (o «climáticos»). Estos instrumentos tienen todas las características de los bonos convencionales, pero están respaldados por inversiones que contribuyen al desarrollo sostenible o a la lucha contra el cambio climático.
Hasta hace poco, solo unos pocos organismos o gobiernos, entre ellos el Banco Mundial, el estado estadounidense de Massachusetts y la región francesa de Île de France, emitían bonos verdes y, por lo general, los importes eran modestos. Pero en los últimos dos años han entrado otros actores en el mercado y los volúmenes se han disparado. En 2014, las emisiones de bonos verdes superaron el total de todos los años anteriores juntos.
De hecho, la demanda supera a la oferta. Las últimas ofertas de bonos registraron una sobredemanda y es probable que la tendencia continúe. El sector de los seguros se ha comprometido a duplicar sus inversiones verdes, hasta alcanzar los 84.000 millones de dólares, para finales de 2015. Y en septiembre, tres importantes fondos de pensiones de Norteamérica y Europa anunciaron planes para aumentar sus inversiones en activos con bajas emisiones de carbono en más de 31.000 millones de dólares para 2020.
A medida que se amplía el mercado de estos bonos, es necesario etiquetarlos y certificarlos mejor. Hoy no existen normas armonizadas. La calidad de los activos que respaldan los bonos depende exclusivamente de la buena voluntad y las competencias técnicas de los emisores. Es preciso desarrollar directrices específicas y métodos de calificación. En este contexto, la reciente decisión de una coalición de inversores institucionales de medir y divulgar la huella de carbono de al menos 500.000 millones de dólares en inversiones supone un avance.
En septiembre, la AFD emitió bonos climáticos por valor de 1.000 millones de euros (1.200 millones de dólares), con el objetivo, entre otros, de contribuir al desarrollo de normas concretas de calidad. Con la ayuda de una importante agencia de calificación de la responsabilidad social corporativa, pudimos proporcionar a los inversores información sólida —y un proceso de rendición de cuentas— sobre el impacto directo de la cartera en las emisiones de gases de efecto invernadero. De hecho, los proyectos financiados por estos bonos debían cumplir criterios estrictos, entre ellos un análisis previo de su huella de carbono, pruebas de un impacto claro y significativo en el cambio climático y un diseño alineado con las estrategias más amplias que aplican los actores locales y los países.
Los bonos climáticos tienen el potencial de empoderar a países e instituciones en su camino hacia el cumplimiento de compromisos exigibles para reducir las emisiones de CO2. Sin embargo, para ser eficaces, necesitarán directrices claras y un marco de evaluación fiable. Mientras los líderes de países e instituciones de todo el mundo se preparan para reunirse en París en diciembre, establecer una financiación adecuada debe ser una prioridad absoluta.
Este artículo se publica en colaboración con Project Syndicate. La publicación no implica que el Foro Económico Mundial respalde estas opiniones.
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Autora: Anne Paugam es directora ejecutiva de la institución francesa de financiación del desarrollo Agence Française de Développement.
Imagen: Se ven turbinas eólicas generadoras de energía cerca de Port Saint Louis du Rhone, cerca de Marsella. REUTERS/Jean-Paul Pelissier
