Los gobiernos de todo el mundo están bajo presión para introducir más políticas relacionadas con el cambio climático.
A continuación, Verena Fritz, de la Práctica Global de Gobernanza del Banco Mundial, describe tres desafíos asociados a ello.
Según ella, la gobernanza eficaz y responsable debe equilibrarse con una acción política urgente para tener éxito.
El cambio climático se está convirtiendo rápidamente en un desafío político central a escala mundial. Las dificultades para gobernar bien en el contexto del cambio climático son cada vez más evidentes, y esto está generando nuevos desafíos en al menos tres aspectos.
Gestión de riesgos inmediatos: la dimensión de la gestión de desastres
Los años 2020 y 2021 registraron un número récord de desastres relacionados con el clima, desde inundaciones hasta huracanes, sequías e incendios forestales. Los efectos adversos de los múltiples desastres climáticos fueron evidentes en países de distintas regiones y niveles de ingresos. Los gobiernos no contaban con sistemas de alerta temprana suficientes, carecían de recursos para combatir incendios y se apresuraron a prestar ayuda de forma eficaz a la población tras los hechos. La magnitud de las pérdidas aumentó la presión sobre los recursos fiscales, ya tensionados por una pandemia que se prolongaba en su segundo año. Los gobiernos también deben lidiar con la prestación de asistencia posterior a los desastres, por un lado, sin retrasos burocráticos indebidos y, por otro, estableciendo controles suficientes para evitar el fraude y la corrupción. Además, surgen interrogantes sobre la normativa: ¿debe permitirse la reconstrucción en zonas propensas a desastres? ¿Qué normas deben establecerse para la infraestructura, la gestión de servicios públicos y la resiliencia , para los seguros? Dado que los países desarrollados experimentan cada vez más desastres relacionados con el clima, podrían sentirse incentivados a ofrecer más apoyo, más allá del socorro inmediato, para fortalecer la capacidad local y la resiliencia en los países de ingresos bajos y medianos -- para contar con sistemas preparados y con capacidad de respuesta que gestionen los desastres y sus consecuencias.
Desarrollo de resiliencia: la dimensión más amplia de adaptación
Todos los países deberán preparar sus economías, sociedades y ecosistemas para un clima más cálido y volátil. Esto requerirá especial atención a la agricultura, los sistemas energéticos, el agua, la silvicultura, la gestión del suelo y urbana, y la infraestructura en general. Los gobiernos deberán aumentar su experiencia en políticas y sus capacidades de implementación en todos estos ámbitos, desde apoyar la adopción generalizada y el desarrollo de semillas resistentes a la sequía, el riego sostenible y una mayor resiliencia ante las interrupciones de la red y los picos de consumo en el sector energético, hasta garantizar que existan suficientes llanuras aluviales, bosques y espacios urbanos y periurbanos estructurados para resistir el aumento de los riesgos de desastres. Las inversiones públicas deben ampliarse para aumentar la resiliencia de la infraestructura, pero también gestionarse mejor para reducir las asignaciones políticas y el despilfarro, incluido el debido a la corrupción, lo cual es fundamental para asumir los costes adicionales de la resiliencia y para crear colchones fiscales. Los centros de gobierno y los ministerios clave, como los de finanzas y planificación, necesitarán más capacidades para coordinar y priorizar, para aumentar la colaboración con los gobiernos locales, que conocen en detalle las zonas en riesgo, para consultar a la ciudadanía y para ser abiertos y responsables.
Reducción justa de las emisiones: inicio y mantenimiento de una transición justa
Cambiar los sistemas de producción y consumo de energía para reducir rápidamente las emisiones será extremadamente difícil. Dentro de los gobiernos, esto implicará pasar de un ámbito de políticas todavía relativamente marginal a un tema central . Dada la naturaleza transversal de estas políticas, serán esenciales mandatos eficaces y una buena coordinación. Los gobiernos deberán ser capaces de asimilar grandes cantidades de asesoramiento técnico, económico y jurídico pertinente sobre la mejor manera de reducir el consumo de energía y las emisiones de los hogares, ampliar las energías renovables y garantizar un suministro eléctrico fiable, calcular los costes y cómo repartirlos entre productores y consumidores, así como anticipar y resolver posibles litigios legales. La equidad y la inclusión plantearán grandes desafíos, desde la eliminación gradual de los subsidios a los combustibles fósiles hasta permitir que las personas pobres mantengan y amplíen su acceso a la electricidad y al transporte asequible. La compensación será necesaria, pero no debería concentrarse excesivamente en un grupo relativamente pequeño, aunque a menudo muy activo, de quienes participan en la minería del carbón o la producción de petróleo, por un lado, ni en los consumidores de mayor escala y más ricos, por otro, sino beneficiar de forma justa e inclusiva a quienes son más vulnerables a los precios más altos o a la menor disponibilidad de electricidad durante la transición. Entre países, la equidad y la coordinación en la reducción de emisiones son otra dimensión importante, con repercusiones a nivel nacional en cuanto a la capacidad para supervisar, informar y verificar las reducciones de emisiones, así como en las nuevas normas emergentes del comercio internacional. Por ello, los ministerios de asuntos exteriores y de economía deberán intensificar sus capacidades de «diplomacia climática».
¿Qué hace el Foro Económico Mundial frente al cambio climático?
En todos estos ámbitos políticos, será necesario un aprendizaje entre pares rápido y masivo sobre cómo gobernar en la era del cambio climático, ya que se trata de un territorio nuevo para todos. Algunos países en desarrollo podrían tener lecciones que enseñar a los más ricos; por ejemplo, el Caribe a otros que empiezan a experimentar tormentas e inundaciones más frecuentes y de mayor escala. Es necesario empezar ya a prestar atención y a colaborar para construir una gobernanza eficaz y responsable, al tiempo que se toman medidas políticas urgentes para adaptarse y avanzar hacia el cero neto.
