Las empresas estadounidenses parecen reacias a promover la justicia ambiental.
El temor a las demandas por los altos niveles de contaminación en las comunidades es solo uno de los muchos factores que podrían explicar la falta de compromiso.
Estos son cinco pasos que las empresas pueden seguir para crear políticas eficaces que ayuden a lograr la justicia ambiental.
El compromiso de las empresas estadounidenses con la justicia ambiental ha sido tibio o inexistente.
Varios factores explican esta falta de compromiso, entre ellos el temor a las demandas por los altos niveles de contaminación en las comunidades, la oposición de los organismos reguladores a revisar los permisos de explotación, las posibles protestas ciudadanas contra la ampliación de las instalaciones y la renuencia más general de las empresas a hablar de su poder económico y político en comunidades habitadas por personas de color o con ingresos más bajos.
Esta renuencia y, en ocasiones, oposición a participar en el debate sobre la justicia ambiental forma parte de un fracaso más amplio a la hora de reconocer un legado histórico que se remonta a los orígenes de la nación. De hecho, el problema de la justicia ambiental es solo una manifestación de la injusticia racial y social que comenzó con la introducción de la esclavitud y ha continuado en la época posterior a su abolición, incluida la nuestra.
Es mucha historia que asimilar para cualquier empresa que quiera formular una declaración más clara y creíble de su postura sobre la justicia ambiental. Sin embargo, dos factores están impulsando las deliberaciones empresariales. En primer lugar, los empleados y el talento esencial que representan para el éxito empresarial están influyendo cada vez más en las expectativas de la alta dirección sobre cuestiones sociales, incluida la justicia ambiental. En segundo lugar, una mayor transparencia seguirá perturbando a las empresas que se resistan a armonizar sus prioridades y valores en materia de justicia ambiental y otras cuestiones con las necesidades de una sociedad cambiante, que les otorga la licencia para operar.
Las empresas siguen siendo las más resilientes de todas nuestras principales instituciones. El camino a seguir para las empresas que buscan crear una política de justicia ambiental combina pragmatismo y aspiración.
Política de justicia ambiental para las empresas
Un proceso de planificación de cinco pasos puede armonizar las capacidades empresariales con las necesidades de la sociedad. Entre los componentes de dicho proceso se incluyen:
1. Reconocimiento
Las empresas actuales no existían cuando se introdujo la esclavitud en Estados Unidos ni durante la mayor parte de la historia del país. Sin embargo, las empresas obtienen el derecho a existir y operar a través de su relación con el gobierno y la sociedad civil, y deben cumplir sus leyes y reflejar sus normas. A medida que evolucionan los valores de la sociedad, las empresas líderes procuran comunicar su reconocimiento y apoyo a prioridades como los derechos de las mujeres, la inmigración, la protección ambiental y los derechos civiles. La justicia ambiental representa una expresión cada vez más destacada de los valores contemporáneos. Las empresas deben reconocer su importancia y la historia que la precedió.
2. Ciencia
Grandes sectores del sector privado han invertido en la ciencia como base de la innovación, pero también para comprender mejor los efectos de la contaminación que generan sobre las poblaciones y los ecosistemas. La aparición de nuevos métodos y herramientas científicas derivados de tecnologías cada vez más digitalizadas ha ampliado drásticamente los tipos y la cantidad de datos disponibles para comprender las fuentes de contaminación y sus efectos en la salud y el medio ambiente.
La creciente disponibilidad de sensores de bajo costo, herramientas de cartografía comunitaria, satélites y otras tecnologías que transmiten datos continuamente desde plataformas móviles y descentralizadas (incluidos los sensores personales) está transformando el conocimiento científico tanto sobre las fuentes de contaminación como sobre sus consecuencias. Esto se observa cada vez más en las emisiones contaminantes de comunidades de personas de color, donde se están movilizando iniciativas de ciencia ciudadana para recopilar datos.
Estas y otras formas de ciencia digitalizada están ganando rápidamente aceptación en la comunidad científica y tendrán mayor peso en la toma de decisiones regulatorias. Las empresas deberían invertir en estas nuevas áreas científicas y establecer colaboraciones con socios fiables para comprender mejor las implicaciones para sus propias operaciones en las instalaciones y las consecuencias para la justicia ambiental de las poblaciones cercanas.
3. Iniciativas de diversidad en varios niveles
Un número cada vez mayor de empresas de Fortune 500, entre ellas Dow, IBM y Unilever, empieza a lograr avances cuantificables en la diversificación de sus organizaciones y en hacerlas más inclusivas. Esto incluye una mayor diversidad de género y racial en la composición de los consejos de administración y los equipos directivos ejecutivos, así como un impulso para diversificar los puestos directivos por debajo de la alta dirección ejecutiva.
Impulsar estos avances iniciales debería dar un impulso importante al desarrollo de una política corporativa de justicia ambiental. Esa política debería procurar reducir la distribución desigual de la exposición a la contaminación entre las personas de color y las poblaciones con menores ingresos que viven dentro de comunidades cercanas a las instalaciones, centros de transporte marítimo u otros lugares donde las operaciones empresariales generan emisiones ambientales significativas. Los líderes y el personal de los equipos corporativos de diversidad deberían estar representados en el esfuerzo por crear una política de justicia ambiental.
4. Una gobernanza diferente
Al igual que otras iniciativas importantes de gobernanza corporativa, una política de justicia ambiental debería ir acompañada de objetivos e indicadores de desempeño. En este caso, esos resultados deberían reflejar un proceso de gobernanza en el que las partes interesadas internas y externas tengan una voz destacada al definir los resultados esperados.
Esta «gobernanza mediante la colaboración de las partes interesadas» constituye una innovación importante para garantizar una mayor transparencia y credibilidad de las diversas iniciativas —gastos de capital, cambios en las operaciones de las instalaciones, inversiones y filantropía en las comunidades, y voluntariado de los empleados— necesarias para promover la justicia ambiental.
Uno de los resultados de esa colaboración puede ser la elaboración de un «plan de justicia ambiental» que identifique y priorice los compromisos de justicia ambiental de cada comunidad cercana a una instalación. La existencia de este plan puede convertirse en un instrumento importante para que una empresa y las partes interesadas locales atraigan financiación complementaria y participación del gobierno y de fundaciones, con el fin de alcanzar objetivos sociales valiosos que, además de mejorar la calidad del aire, la tierra y el agua, incluyan un mejor acceso a la atención médica, una mejor nutrición, la reducción de la violencia y la adopción de programas de bienestar comunitario.
5. Participación política basada en valores
La polarización política en Estados Unidos plantea un peligro cada vez mayor para las empresas que asumen diversos compromisos de sostenibilidad (sobre el cambio climático, el apoyo a los derechos LGBTQ y el derecho al voto) y, al mismo tiempo, brindan apoyo financiero y de promoción a funcionarios gubernamentales que se oponen rotundamente a estas posturas, ya sea directamente o a través de sus asociaciones comerciales.
Ese comportamiento expone a las empresas a acusaciones de hipocresía por parte de poderosas facciones de los movimientos políticos de extrema izquierda y extrema derecha. Como demostraron recientemente las posturas contradictorias de The Walt Disney Company en Florida, políticos voraces intentarán explotar y destruir la marca y el éxito comercial de una empresa para impulsar una agenda extremista.
Entonces, ¿cómo pueden las empresas navegar estas aguas turbulentas? Solo hay un enfoque viable: mantenerse fieles a los valores fundamentales arraigados en la fundación y el éxito posterior de la empresa. El mejor barómetro de esos valores siguen siendo las expectativas de empleados diversos y talentosos, que representan a una sociedad cada vez más diversa. Dado su derecho y obligación continuos de participar en la democracia política, los equipos directivos deberían modificar los criterios con los que las empresas contribuyen y participan en el proceso político, para que sus valores arraigados determinen las posturas que defienden.
Conclusión
El creciente número de resoluciones de accionistas en favor de la equidad racial y social confirma que las empresas atraviesan un momento decisivo en cuanto a su enfoque de estas cuestiones. Durante el último año, BlackRock y JP Morgan Chase acordaron realizar auditorías independientes de equidad racial, mientras que el 54 por ciento de los accionistas de Apple aprobó una resolución de ese tipo el 4 de marzo. El mes pasado, en medio del rechazo contundente de resoluciones que pedían medidas climáticas ambiciosas, el 48 por ciento de los accionistas de Chevron aprobó una medida similar.
Como conjunto de instituciones más poderosas de Estados Unidos, las empresas tienen una oportunidad única y la responsabilidad de reorientar su rumbo y el de la nación en materia de justicia social y ambiental. Al hacerlo, consolidan su propia legitimidad y se posicionan para el éxito futuro.
