En los últimos años, el uso de la prisión como respuesta a la delincuencia y la violencia ha aumentado de forma constante en todo el mundo.
Más de 10 millones de personas en todo el mundo están actualmente entre rejas. A medida que la Globalización 4.0 transforma nuestros sistemas sociales, es hora de preguntarnos si nuestro enfoque actual de la prisión y el castigo nos mantiene a salvo.
La mayoría de los sistemas de justicia penal del mundo dependen cada vez más de las prisiones. A escala mundial, el número de personas encarceladas ha aumentado casi un 20% desde el cambio de milenio y sigue creciendo.
Entre los actores de la industria penitenciaria figuran fondos de cobertura, arquitectos, empresas de servicios públicos y de construcción, así como varias multinacionales que emplean mano de obra penitenciaria gratuita o de bajo coste.
En conjunto, los gastos penitenciarios representan una parte considerable de los presupuestos públicos: en Estados Unidos, se gastan 81.000 millones de dólares al año solo en organismos públicos de justicia correccional (sin incluir las prisiones privadas).
¿Está justificada la inversión en prisiones?
Una consideración importante es si las prisiones cumplen o no su objetivo declarado de mantener segura a la sociedad.
En la mayoría de los países, las pruebas indican claramente que no. En Estados Unidos, dos de cada tres personas (68%) que salen de prisión vuelven a ser arrestadas en los tres años siguientes a su liberación. En Inglaterra y Gales, dos de cada tres jóvenes (66%) y casi la mitad de los adultos que salen de prisión cometerán otro delito en el plazo de un año.
Sin embargo, algunos países están invirtiendo esta tendencia. En Noruega, solo uno de cada cinco adultos (20%) que salen de prisión vuelve a ser condenado en los dos años siguientes a su liberación. Los países escandinavos registran tasas similares de reincidencia. En el Centro Nacional de Rehabilitación de Uruguay, la tasa de reincidencia es de apenas el 12%; en Alemania, es del 33% en un plazo de tres años.
¿A qué se debe la diferencia en la reincidencia?
El denominador común es que las prisiones más eficaces son las que menos se parecen a una prisión.
En la mayoría de los países, incluidos Estados Unidos y el Reino Unido, las prisiones dan prioridad al castigo: limitan el contacto con la familia y el acceso a la educación y al empleo. Los presos pueden permanecer encerrados en sus celdas 23 horas al día. Son habituales el hacinamiento, las drogas, las bandas y los disturbios, y los servicios básicos, como la comida y el acceso a la atención sanitaria, son precarios.
Sin embargo, las tasas de reincidencia son más bajas en los centros penitenciarios que reducen al mínimo el énfasis en el castigo y tratan de reproducir la vida en el exterior.
En estos centros, los presos pueden llevar su propia ropa, vivir en habitaciones individuales con duchas privadas, cocinar sus propias comidas, acceder a empleos remunerados y recibir visitas conyugales. Algunos disponen de acceso a internet en todo el centro.
Estas prisiones dan prioridad a las relaciones y al trato digno: se centran en rehabilitar a los presos mediante intervenciones terapéuticas, empleo y educación. Distan mucho de ser centros de castigo.
Algunas ciudades ya han empezado a aplicar esta lógica a otras instituciones públicas concebidas para combatir la delincuencia, alejándose de un enfoque basado en el castigo y la prisión.
Por ejemplo, en 2005 la Organización Mundial de la Salud calificó a Glasgow como la capital europea de los homicidios. Durante la última década, los delitos con arma blanca se han desplomado.
El cambio no se debe a un aumento del castigo, sino a una transformación profunda del papel de la policía escocesa. Durante la última década, esta ha adoptado un enfoque de salud pública, mediante la colaboración con los servicios de salud, educación y asistencia social.
Antes de arrestar y procesar a quienes cometen actos violentos, se preguntan qué causó el acto de violencia, cómo pueden reducir los riesgos asociados y qué prácticas eficaces podrían prevenir futuros delitos.
En Eugene, la tercera ciudad más grande de Oregón, los profesionales médicos y los equipos de intervención en crisis suelen ser los primeros en responder a las llamadas de emergencia; no la policía. Este enfoque es personalizado, más eficaz y menos costoso, y aporta beneficios económicos y sociales a los residentes de la ciudad.
Una ampliación de este enfoque podría llevar a sustituir gradualmente todo el servicio policial tradicional por un equipo de respuesta a emergencias, con unidades especializadas en salud mental, conflictos vecinales, violencia doméstica, delitos relacionados con drogas y violencia grave.
Los servicios locales centrados en las personas abordarían las causas profundas de la delincuencia con soluciones reales, reducirían la delincuencia de forma sostenible y mejorarían la seguridad de todos.
Otro método popular para exigir responsabilidades fuera del sistema tradicional de justicia penal es la justicia restaurativa. En este proceso, que surgió en comunidades indígenas, la víctima decide reunirse con las personas o los representantes de quienes le causaron daño.
En una reunión presencial facilitada, acuerdan una solución, reparan el daño causado y encuentran una forma de avanzar; por ejemplo, mediante una disculpa sincera, el compromiso de recibir tratamiento profesional, servicios comunitarios o una donación. La justicia restaurativa garantiza que quienes cometen delitos asuman la responsabilidad por el daño causado y que las víctimas puedan participar activamente en el proceso.
Un estudio financiado por el Gobierno del Reino Unido en 2001 concluyó que, en un ensayo controlado aleatorizado, la justicia restaurativa redujo la frecuencia de reincidencia en un 14% y que la mayoría de las víctimas quedaron satisfechas con el proceso.
Otro estudio mostró que derivar a jóvenes que habían cometido delitos, en lugar de imponerles medidas comunitarias, a un proceso de justicia restaurativa previo al juicio supondría un ahorro de 7.000 libras por persona a lo largo de su vida y ahorraría 1.000 millones de libras a la sociedad en una década.
¿Cómo podemos avanzar hacia un nuevo paradigma para aplicar el castigo?
Repensar nuestros enfoques punitivos tradicionales para reducir la delincuencia mediante alternativas de salud pública, justicia restaurativa u otros medios podría generar grandes avances en el aumento de la seguridad pública, la reducción de la delincuencia y el recorte de costes.
Aunque lograr cambios sistémicos exigirá una colaboración integral entre departamentos, gran parte del trabajo ya está hecho. La investigación académica, las evaluaciones de organizaciones sin ánimo de lucro y los ensayos en ciudades revelan prácticas eficaces claras que pueden aplicarse y ampliarse a escala mundial.
Los avances tecnológicos podrían ayudarnos a realizar algunos de estos cambios con mayor eficiencia. Incorporar herramientas digitales del siglo XXI al sector público permitiría a los departamentos gubernamentales, a menudo aislados entre sí, comunicarse, compartir datos e identificar patrones mediante la inteligencia artificial.
La integración de bases de datos permitiría contar con un sistema coordinado de servicios sociales y un equipo de respuesta a emergencias. Los avances en tecnología de salud pública pueden ayudar a las personas a gestionar mejor sus necesidades de salud física y mental y de asistencia social.
Sin embargo, la tecnología no es una panacea y estas innovaciones podrían tener consecuencias imprevistas.
Se ha intentado sustituir la toma de decisiones humanas en la justicia penal por algoritmos, por ejemplo, en la imposición de penas judiciales o en la asignación de servicios policiales. Aunque esto ofrece claras ventajas en eficiencia y costes, los ensayos han demostrado que los algoritmos incorporan y agravan los prejuicios y sesgos raciales preexistentes.
Algunos países han intentado reducir el número de presos mediante dispositivos electrónicos de vigilancia y el seguimiento y la restricción de los desplazamientos geográficos y temporales de los infractores. Sus críticos lo han calificado de falso cambio estructural: en lugar de abordar las causas profundas de la delincuencia para reducir la reincidencia de forma sostenible, estos dispositivos simplemente sustituyen una prisión por otra y mantienen a las personas encerradas en sus hogares y comunidades locales.
En cuanto a las soluciones tecnológicas dentro de las prisiones, no dan en el clavo. Mejorar un sistema que está fracasando no es la respuesta cuando la propia institución presenta fallos fundamentales. Solo podemos reformar las prisiones hasta cierto punto, cuando las pruebas indican que la mejor solución es un sistema completamente distinto.
La Globalización 4.0 nos insta a replantearnos cómo deberían ser nuestras instituciones públicas. Ante el aumento de la violencia y nuevas amenazas como la ciberseguridad y el terrorismo, así como la urgente necesidad de reducir el gasto público, tenemos mucho más que perder si no actuamos pronto.
Como sociedad que creó internet y envió una nave espacial a Marte, somos más que capaces de poner en práctica una solución mejor para reducir la delincuencia que el obsoleto modelo penitenciario victoriano de hace 200 años.
La reforma de nuestras prisiones y de la forma en que abordamos el castigo debería ocupar los primeros puestos de la agenda. Al actualizar nuestro enfoque mundial para combatir la delincuencia, tenemos una oportunidad única de hacer del mundo un lugar más seguro y mejor para todos.
Autor: Baillie Aaron es fundador y director ejecutivo de Spark Inside.
