Muchas personas quieren que las organizaciones asuman más responsabilidad por el impacto de sus actividades empresariales en el planeta, las personas y las comunidades de las que dependen.
Sin embargo, rara vez se habla del impacto del cabildeo, el gasto político y otras formas de influencia corporativa en la formulación de políticas.
Quizá convenga a las empresas reclamar un marco obligatorio y transparente sobre el cabildeo que permita reflejar su «huella democrática».
En todo el mundo cobra impulso la exigencia de que las empresas asuman la responsabilidad por el modo en que afectan al planeta, a los trabajadores y a las comunidades de las que dependen. Sin embargo, hay un impacto del que rara vez se habla: la «huella democrática», que incluye el cabildeo corporativo, el gasto político y otras formas de influencia política empresarial destinadas a moldear —y a menudo socavar— las regulaciones concebidas para beneficiar a la sociedad.
Aunque las actividades políticas corporativas representan el mayor impacto que una empresa puede tener en la protección o el daño del medio ambiente y la sociedad, siguen ocultas y sin rendir cuentas ni ante actores privados, como los inversores, ni ante el público, ya sean empleados, clientes o activistas.
Así, una empresa que parece «predicar con el ejemplo» en materia de cambio climático al comprometerse a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero quizá esté haciendo cabildeo contra una regulación más estricta de esas emisiones. Mientras tanto, una farmacéutica puede apoyar públicamente el acceso de los pacientes a medicamentos asequibles y, al mismo tiempo, financiar una asociación comercial que se opone a iniciativas para bajar los precios.
Una empresa incluso puede apoyar públicamente las causas LGBTI y, a la vez, financiar a un candidato político que se opone a los derechos de las personas gais. La falta de alineación entre el cabildeo corporativo y los compromisos declarados de una empresa con su propósito, sus valores o sus grupos de interés suele deberse a la falta de supervisión, a una organización compartimentada o a la participación de una asociación comercial.
Este fenómeno es uno de los principales factores —quizá EL principal— que explican la falta de avances en numerosos asuntos críticos, desde la inacción ante la emergencia climática hasta la evasión fiscal en el extranjero. Como consecuencia, disminuye la confianza que la ciudadanía deposita en el gobierno y, en última instancia, en las empresas.
Primeros indicios de escrutinio del cabildeo
Ante el creciente escrutinio público y privado, existen algunas formas incipientes de informar sobre las actividades políticas de las empresas, ya sean obligatorias, como las normas sobre cabildeo, o mayormente voluntarias, como la norma de la Iniciativa Global de Presentación de Informes, Vigeo Eiris y, en lo que respecta al gasto político, los criterios de referencia del índice CPA-Zicklin.
Sin embargo, la calidad de la información divulgada sigue siendo deficiente y estratégicamente selectiva. En cualquier caso, ninguno de estos mecanismos garantiza que se revelen otras formas más sutiles de conducta política corporativa, como la pertenencia a asociaciones comerciales; las donaciones filantrópicas; la financiación de investigaciones académicas, cátedras universitarias y centros de estudios; e incluso la creación de la impresión engañosa de que algo cuenta con apoyo de base, una práctica conocida como «astroturfing».
Ni siquiera la Evaluación de Impacto B —una herramienta que las empresas pueden utilizar para medir su impacto en los trabajadores, la comunidad, el medio ambiente y los clientes— registra ni mide el impacto en la sostenibilidad de sus posturas políticas. Tampoco basta con denunciar públicamente a las empresas, como hacen con éxito InfluenceMap (para informar a los inversores), ClimateVoice (para informar a los empleados) y ProgressiveShopper (para informar a los clientes).
Por ejemplo, en cuanto al gasto político, aunque casi 200 empresas suspendieron públicamente sus donaciones tras el ataque al Capitolio de Estados Unidos del 6 de enero de 2021, otras 717 siguieron donando a representantes que impugnaron los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, cuya disputa desencadenó la insurrección.
Aún no existe un mecanismo eficaz que permita a la ciudadanía, los inversores, los gobiernos y los medios de comunicación supervisar el alcance total y el impacto de las actividades políticas corporativas, mediante la divulgación precisa de si una empresa ejerce su influencia, dónde, cuánto y con qué propósito.
Sin embargo, no solo las organizaciones sin ánimo de lucro y los grupos ecologistas, sino también los grandes inversores —para quienes el ejercicio de la actividad política corporativa es una fuente de riesgo— esperan cada vez más que las empresas alineen su comportamiento político con su misión y sus valores.
Pero ¿cómo puede impulsarse esta demanda de una mayor rendición de cuentas de las empresas en materia política? He aquí cuatro ideas.
1. El cabildeo como práctica empresarial sostenible
Ha llegado el momento de integrar las actividades políticas corporativas en la sostenibilidad empresarial y —desde la perspectiva de los inversores— incluirlas en la «G» de los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), o incluso añadir una «P» de política. Si la sostenibilidad implica tener debidamente en cuenta los intereses de los distintos grupos de interés de la empresa, incluidas las preocupaciones generales de la sociedad y el medio ambiente, entonces el ejercicio del poder político corporativo también debe mantenerse dentro de esos límites.
Por tanto, si una empresa pretende seguir siendo un participante legítimo en el proceso político, debe actuar con más transparencia y rendir cuentas por su cabildeo y otras actividades políticas corporativas. Eso es lo que espera un número reducido, pero creciente, de inversores y accionistas, empleados y clientes de las empresas en las que invierten, para las que trabajan y a las que compran.
2. Divulgación completa mediante la «diligencia debida política»
Convertir el cabildeo y otras formas de influencia política corporativa en una práctica empresarial sostenible exige que la «diligencia debida política» sea obligatoria, al igual que la que ya se aplica a los derechos humanos o las cuestiones medioambientales.
Se exigiría a las empresas que divulgaran todas sus actividades políticas —desde las sumas gastadas hasta la dotación de cátedras y puestos de profesor en universidades— y aceptaran que deben rendir cuentas por ellas del mismo modo que por su impacto ambiental y social a través de la cadena de suministro.
La divulgación debería ser más exhaustiva no solo en cuanto a los tipos de actividades políticas que abarca, sino también en cuanto al contenido de los asuntos objeto de cabildeo, y exigir la publicación de todas las posturas sustantivas que se hayan defendido.
3. Supervisión del cabildeo corporativo por parte del consejo de administración
Al aprobar los principios generales que rigen el ejercicio del poder político corporativo y sus procesos, el consejo de administración de una organización debería supervisar sus actividades políticas corporativas concretas.
Los consejos deberían determinar, caso por caso, si es admisible ejercer cabildeo y otras formas de influencia contra el marco regulatorio vigente, ya sea obligatorio o voluntario. Una divulgación más amplia, rápida y supervisada podría reducir el riesgo de falta de alineación y minimizar la exposición a daños reputacionales.
4. Pasar del cabildeo negativo al positivo
La mayor rendición de cuentas pública que se derive del ejercicio de la influencia política podría llevar a varias empresas a reevaluar su participación política, reducirla o incluso abandonar algunas prácticas, para acabar alineándola con sus compromisos ambientales y sociales declarados.
Como consecuencia, algunas empresas podrían optar por limitar o evitar la actividad política, incluido el gasto, como IBM; otras podrían intentar contrarrestar su cabildeo negativo con iniciativas de «buena ciudadanía», como campañas para animar a la gente a votar y tiempo libre para actividades cívicas.
Estos últimos ejemplos apuntan a un cambio de estrategias pasivas a activas para contrarrestar el impacto negativo del cabildeo y otras formas de influencia política corporativa en la sociedad. Sin embargo, lo que más se necesita es que las empresas utilicen sus recursos y su capacidad de cabildeo en torno a cuestiones sociales importantes.
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En definitiva, a medida que aumenten la demanda pública y el escrutinio en favor de la transparencia política, pronto será del propio interés de las empresas reclamar un marco obligatorio que regule la actividad política corporativa y permita reflejar su «huella democrática».
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