En las Reuniones de Primavera del Banco Mundial, celebradas en Washington D. C., los responsables políticos deben centrarse en reducir los riesgos de los proyectos verdes y en aumentar los costes de las inversiones contaminantes.
Muchas iniciativas ofrecen oportunidades para actuar ya, entre ellas las nuevas propuestas de la Escuela Kennedy de Harvard, que el Banco Mundial está estudiando.
Estos esfuerzos serán fundamentales para alcanzar la «paridad verde», en la que las oportunidades de inversión sostenible tengan tanto sentido empresarial como las alternativas «marrones».
Cada primavera, los banqueros centrales, los ministros de Hacienda y de Desarrollo, los líderes empresariales y los expertos en políticas se reúnen en Washington D. C. para debatir cuestiones de interés mundial. Durante las Reuniones de Primavera del FMI y del Banco Mundial, los debates y los planes de acción convergen en un único objetivo: financiar una transición energética que sea equitativa para los mercados emergentes y lo bastante rápida como para mantener los objetivos del Acuerdo de París. Un se necesita una inversión de entre 4 y 6 billones de dólares al año de aquí a 2030 para cumplir estos dos objetivos. Según el último recuento, seguimos en los cientos de miles de millones, lo que deja una ‘brecha de financiación climática’ que una semana en Washington, incluso una exitosa, no bastará para cubrir.
Cubrir esta brecha, de billones de dólares y de órdenes de magnitud superiores a lo que los gobiernos están en camino de alcanzar, exige una colaboración profunda entre los sectores público y privado. Por poner un ejemplo extremo, pero aún insuficiente, incluso si todos los bancos multilaterales de desarrollo destinaran todos sus fondos a la transición verde, solo supondría el 4 % del capital necesario. Por otro lado, solo el 1,4 % de los activos financieros privados mundiales, estimados en 410 billones de dólares, bastaría y sobraría.
La necesidad de aumentar las inversiones climáticas —la mayoría de las cuales debe proceder de capital del sector privado— es más acuciante en los mercados emergentes. Estas economías serán el motor de la economía mundial durante los próximos 30 años. Se prevé que crezcan casi el doble que los países del G7 desde ahora hasta 2050. Eso es bueno para la prosperidad mundial, pero malo para las emisiones, ya que estos países dependen en gran medida de fuentes de energía intensivas en carbono, como el carbón.
Pero las emisiones elevadas no son el único problema al que se enfrentan las economías emergentes. La deuda total de los mercados emergentes se encuentra en un máximo de 50 años. Esto pone en peligro el crecimiento económico al limitar la acción del gobierno y compromete el flujo de nueva financiación verde. De los 632 000 millones de dólares de financiación climática mundial en 2019/2020, el 75 % se destinó a economías desarrolladas. La combinación de un alto endeudamiento público y de un mayor riesgo en los países en desarrollo significa que es probable que la financiación privada se retraiga, en lugar de aumentar, sin una acción pública.
Mientras los funcionarios se reúnen esta semana en Washington, se tienen grandes expectativas en torno a una serie de reformas propuestas que, si se logran, podrían transformar la arquitectura financiera mundial. Para empezar, las Reuniones de Primavera abordarán la reforma del Banco Mundial, incluida la Iniciativa de Bridgetown, un plan impulsado por la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, para transformar el sistema financiero internacional. Estos debates marcarán el tono de una serie de negociaciones este año, que culminarán en la «Cumbre por un nuevo pacto financiero mundial» Mottley-Macron, en París, en junio, y en la COP28, en noviembre.
Por tanto, si los balances de los bancos de desarrollo solo suman el 4 % del capital necesario, ¿cómo pueden las Reuniones de Primavera poner en marcha una política pública inteligente que garantice que el crecimiento mundial no solo sea sólido, sino también verde? La respuesta es incentivar la inversión privada para que vaya donde queremos y desincentivar que el dinero privado llegue a donde no queremos. En otras palabras, los responsables políticos deben cambiar el cálculo empresarial de la inversión verde, pasando de ser solo una responsabilidad ética y social a convertirse en un imperativo económico.
Lograr la paridad verde en las inversiones verdes
Cuando los gestores y los inversores deciden dónde asignar capital, las decisiones se guían por el rendimiento ajustado al riesgo. Si un proyecto o empresa genera un rendimiento mayor que otro, con un nivel de riesgo comparable o inferior, ahí es donde fluirá el dinero. ¿Qué significa esto para la transición verde?
Las inversiones verdes deben volverse menos arriesgadas o producir un rendimiento más alto. Al mismo tiempo, las inversiones en combustibles fósiles deben volverse menos rentables o aumentar su riesgo. Cuando las inversiones mundiales alcancen lo que llamamos «paridad verde», es decir, cuando los rendimientos ajustados al riesgo de los proyectos sostenibles igualen a los rendimientos decrecientes de las inversiones contaminantes, las fuerzas del mercado impulsarán billones de dólares hacia la transición energética mundial.
Papel de los mecanismos de financiación pública y de los mercados de carbono
Existen soluciones listas para usar que los responsables políticos pueden emplear para alcanzar la paridad verde. Una nueva propuesta de la Escuela Kennedy de Harvard, por ejemplo, se basa en el artículo 6.2 del Acuerdo de París, ya finalizado, para presentar un enfoque novedoso para generar impacto. El artículo 6 estableció la arquitectura para transferir créditos de carbono a nivel soberano; las reducciones de emisiones en un país pueden contar para los objetivos del Acuerdo de París de otro. Esto tiene el potencial de aumentar el capital destinado a los mercados emergentes, ya que los países más ricos financian la descarbonización en el extranjero para cumplir sus compromisos de París. El artículo 6 también podría impulsar el nivel de ambición total de los objetivos climáticos, con países desarrollados que invierten en las reducciones de emisiones más eficaces a escala mundial, sin dejar de salvaguardar la seguridad energética y la asequibilidad en el país.
La fortaleza de la propuesta de Harvard, de la que uno de los autores de este comentario de la Agenda es coautor, radica en que, a diferencia de los enfoques tradicionales del artículo 6 y de los mercados de carbono, los inversores solo reciben créditos de carbono en la medida en que reducen el coste medio ponderado del capital de un proyecto. Esto incentiva la inversión en proyectos más arriesgados a tipos más baratos, ya que las inversiones más concesionales reciben más créditos del artículo 6. El Banco Mundial está estudiando e implementando ahora las propuestas de Harvard, y se está planificando un proyecto piloto para la COP28. La financiación barata para las inversiones verdes, movilizada mediante el artículo 6 o por cualquier otro medio, reducirá los costes de financiación, aumentará el flujo de caja libre y disminuirá el riesgo. Reducir el coste del capital también aumenta los fondos disponibles para pagar a los inversores comerciales, lo que incrementa la rentabilidad de los proyectos e incentiva el interés privado.
Si la reducción del riesgo de los proyectos es la zanahoria para las inversiones verdes, la política también debe aplicar un palo. Nuevas iniciativas, como el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) de la Unión Europea o el impuesto al carbono de Singapur, crean una «responsabilidad por carbono» que las empresas deben pagar en proporción a sus emisiones. En este contexto, el documento de Harvard describe un enfoque del sector privado para el artículo 6 que se basa en una amplia literatura académica sobre la fijación de precios del carbono. Con el enfoque del sector privado, los gobiernos externalizan en el sector privado la adquisición de créditos del artículo 6, al permitir que las «responsabilidades por carbono» se satisfagan con activos de carbono, es decir, créditos del artículo 6. Ampliar la fijación de precios del carbono a más jurisdicciones y más sectores es imprescindible para reducir los rendimientos de los sectores de altas emisiones. Permitir que las empresas paguen con créditos del artículo 6 puede garantizar que los fondos recaudados subvencionen de la manera más eficaz los proyectos verdes.
El papel de la financiación filantrópica
Si miramos el otro lado de la ecuación de la «paridad verde», los riesgos asociados a las inversiones verdes deben reducirse. Muchas economías emergentes con altas emisiones no dispondrán de capital público o privado disponible a nivel nacional para financiar su transición energética. Trabajar con múltiples actores internacionales para atraer inversión extranjera plantea un problema de coordinación inherente, que podrían superar préstamos o subvenciones más pacientes y concesionarios, como el capital filantrópico.
Un modelo emergente sobre cómo la filantropía puede apoyar la coordinación de múltiples actores son las Asociaciones para una Transición Energética Justa (JETP, por sus siglas en inglés), que ofrecen una plataforma para que los responsables políticos, los agentes del desarrollo y los inversores privados armonicen y sincronicen sus contribuciones, aportando transparencia sobre las carteras de proyectos de energías renovables susceptibles de inversión. Las organizaciones filantrópicas podrían desempeñar un papel más sólido y significativo en este tipo de mecanismos de cooperación público-privada multisectorial para apoyar a las economías emergentes en la financiación de su transición energética.
Aunque en 2021 las donaciones filantrópicas ascendieron a 810 000 millones de dólares, solo el 2 % se destinó a proyectos climáticos. La Giving to Amplify Earth Action (GAEA) del Foro Económico Mundial, una coalición de organizaciones filantrópicas, instituciones académicas, empresas y organizaciones públicas, identificará, en 2023, dónde puede tener mayor fuerza la filantropía para ayudar a movilizar los 3 billones de dólares necesarios cada año procedentes de fuentes públicas y privadas para hacer frente al cambio climático y a la pérdida de naturaleza.
2023 es un año para lograr la paridad verde
Los responsables políticos, los bancos de desarrollo y los expertos en financiación climática han fijado 2023 como el año para reconfigurar el sistema financiero internacional con el fin de cumplir la acción climática. Su tarea es clara: lograr la paridad verde para las energías renovables en las economías emergentes, lo que por sí mismo desbloqueará un cambio sustancial en la inversión del sector privado. Esto solo será posible si los gobiernos, las instituciones financieras multilaterales y los socios de financiación privada materializan inversiones sobre el terreno para lograr una transición energética baja en carbono.
