Este artículo se publica en colaboración con The E15 Initiative. La publicación no implica el respaldo de las opiniones por parte del Foro Económico Mundial.
Mientras se acerca rápidamente la 10.ª Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Nairobi, el África subsahariana y otras regiones en desarrollo dependientes de los recursos naturales se encuentran en un momento decisivo en lo que respecta a la gestión de sus recursos naturales.
La caída de los precios de las materias primas ha convertido muchas historias de desarrollo rápido, antes prometedoras, en déficits presupuestarios, aumento del desempleo e incertidumbre sobre el futuro. Los temores de que la maldición de los recursos haya regresado están siempre presentes en los medios, y el estudio de diciembre de 2013 del McKinsey Global Institute aportó amplios datos que demuestran que los países dependientes de los recursos siguen teniendo un desempeño económico inferior.
Por otro lado, mediante iniciativas como la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), la Visión Minera Africana, y otros programas mundiales, se están llevando a cabo esfuerzos prometedores para mejorar los efectos de la extracción de recursos naturales. De hecho, incluso se podría considerar que esta desaceleración actual es una oportunidad para reformar la extracción de recursos naturales para hacerlo bien.
Sin embargo, para que los recursos naturales ayuden a los países en desarrollo a alcanzar el desarrollo económico y social, necesitamos un sistema de comercio mundial que fomente una gobernanza eficaz de los recursos naturales por parte de los gobiernos de los países anfitriones.
Probablemente, el componente más importante de ello es mantener más de los beneficios económicos de las operaciones cerca del lugar donde se produce la extracción. Esto implica maximizar la compra de bienes y servicios producidos localmente, la contratación de trabajadores locales y la transferencia de competencias y tecnologías.
El potencial beneficio económico de una mayor participación local en la actividad de las industrias extractivas es enorme. Recientemente se ha puesto un énfasis prolongado y bien merecido en los ingresos fiscales derivados de los recursos naturales, en términos de establecer impuestos justos, hacerlos transparentes y evitar la evasión fiscal. Sin embargo, en muchos casos, el potencial de las compras locales es en realidad el mayor punto de apalancamiento para retener más ingresos en los países anfitriones. El estudio reciente del World Gold Council reveló que, entre sus miembros, en la mayoría de los países el gasto en compras superaba la suma de impuestos, salarios e inversión comunitaria.
Esto significa que los gobiernos deberían aplicar políticas que aumenten las compras locales, así como incentivar la transferencia de tecnología de las empresas inversoras.
El desafío aquí es que, en virtud de las normas de la OMC, los Estados miembros tienen técnicamente prohibido aplicar regulaciones que discriminen a los bienes de proveedores extranjeros. Por ejemplo, un gobierno no puede obligar a una empresa minera inversora a comprar todo su cemento a nivel local.
Aunque no ha habido ninguna impugnación oficial ante la OMC contra el creciente número de países que incorporan disposiciones de contenido local en las normas de extracción minera y de combustibles fósiles, los países anfitriones enfrentan una presión creciente tanto de las empresas del sector extractivo como de los países donde están sus sedes.
Jesse Salah Ovadia ha documentado algunas de las presiones que las compañías petroleras internacionales han ejercido sobre países como Angola y Nigeria para debilitar ciertos aspectos de las normativas de contenido local. Sostiene que el contenido local es un aspecto esencial del ‘petrodesarrollo’, Ovadia observa que la resistencia de las petroleras se concentra en algunos aspectos clave de la normativa, mientras que el gobierno de Estados Unidos ha expresado una oposición más general y vehemente al contenido local. Además, en un artículo reciente que compara el contenido local en el sector del petróleo y el gas en el África subsahariana, Ovadia concluye que, con cada nuevo ejemplo de legislación de contenido local, los requisitos se vuelven gradualmente menos onerosos para las empresas internacionales.
Yo mismo he asistido este año a reuniones en las que vi a compañías petroleras internacionales presionar contra gobiernos africanos que aplican normativas de contenido local, y en su lugar abogaban por depender de enfoques voluntarios. Si bien las normativas arbitrarias de contenido local elaboradas sin una consulta efectiva con las partes interesadas son problemáticas, los requisitos específicos para que las empresas extractivas inversoras compren productos concretos y desarrollen capacidades nacionales deberían formar parte del conjunto de políticas de las que dispone un país.
Aún más preocupante para el margen normativo de los países en desarrollo para localizar las compras (y la contratación) del sector extractivo son los numerosos tratados bilaterales y multilaterales de inversión y comercio que proliferan en todo el mundo. En la mayoría de ellos existen restricciones aún mayores en lo que respecta a las disposiciones de contenido local.
Por ejemplo, en el tratado bilateral de inversión entre Tanzania y Canadá, los requisitos de transferencia de tecnología de una empresa inversora están prohibidos. Lamentablemente, no estoy muy seguro de que sea la tecnología tanzana la que se impedirá transferir a Canadá en este acuerdo.
No beneficia a nadie que los países en desarrollo sigan enfrentando resultados de maldición de los recursos, incluidas las empresas inversoras del sector extractivo.
En el lado de los países anfitriones, los efectos negativos son evidentes, y esta actual caída de los precios de las materias primas está poniendo de manifiesto la necesidad de aumentar el contenido local.
Para las empresas mineras y de combustibles fósiles que invierten, los costos del subdesarrollo derivado de sus actividades incluyen un mayor conflicto con los gobiernos y las comunidades, inestabilidad política y el riesgo de que los gobiernos enfrenten presiones para aumentar los ingresos del sector extractivo de manera arbitraria e impredecible.
Por estas razones, tanto a nivel de la OMC como en los acuerdos bilaterales de comercio e inversión, las empresas mineras y de combustibles fósiles transnacionales y sus países de origen deberían tener cuidado de no presionar demasiado a los gobiernos de los países en desarrollo cuando estos buscan aumentar el nivel de compras locales y de contratación en la actividad de las industrias extractivas.
Por el lado de los países en desarrollo, los gobiernos deberían ser cautelosos al buscar inversiones a cualquier costo y al firmar acuerdos de inversión y comercio que limiten su propio margen normativo. En este sentido, existe una oportunidad mediante iniciativas como la Visión Minera Africana para coordinar políticas entre países y evitar una «carrera hacia el fondo» al ofrecer demasiados incentivos a la inversión.
Tanto los gobiernos como las industrias extractivas deben reconocer que las compras locales son una forma significativa de generar desarrollo económico y social a partir de la extracción de recursos naturales. Asegurémonos de que los sistemas de comercio mundial no se configuren de manera que limiten a los países en desarrollo a suministrar a las operaciones extractivas que se llevan a cabo en su propio patio trasero.
Para mantenerse al día con la Agenda suscríbase a nuestro boletín semanal.
Autor: Jeff Geipel es fundador y líder de la iniciativa Mining Shared Value, respaldada por Engineers Without Borders Canada.
Imagen: Se observa un buque de carga en las esclusas de Miraflores, en la ciudad de Panamá, en diciembre de 2014. REUTERS/Carlos Jasso.
