Un clima en constante cambio puede exponer ciertas regiones a inundaciones costeras, lluvias intensas, erosión y otros riesgos.
Ahora, los científicos han cartografiado paisajes para aclarar cuándo y cómo aplicar la «retirada planificada», es decir, la reubicación o el abandono de zonas urbanizadas ante los riesgos de fenómenos meteorológicos extremos.
«Muchas personas tienen una visión apocalíptica de lo que significa la retirada planificada: sacar a la fuerza a la gente de sus casas y dejar que los edificios caigan al mar», afirma Miyuki Hino, doctoranda del Programa Interdisciplinario Emmett sobre Medio Ambiente y Recursos de la Universidad Stanford y autora principal del estudio publicado en Nature Climate Change.
«De hecho, puede haber un enorme beneficio potencial para la economía y para las comunidades que dejan atrás el pasado y se trasladan a un lugar mejor. Aun así, no será la solución adecuada para todos».
En todo el mundo se han aprendido duras lecciones: el aumento del nivel del mar podría desplazar a casi 190 millones de personas antes de que termine el siglo, según un estudio de 2011. El año pasado, solo en Estados Unidos se produjeron 15 desastres naturales que causaron daños de al menos 1.000 millones de dólares cada uno, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica.
Las comunidades costeras amenazadas por el aumento del nivel del mar y las fuertes tormentas son especialmente vulnerables. En algunas zonas, el costo de reforzar las costas erosionadas y reconstruir las viviendas dañadas por las tormentas es cada vez más insostenible.
«La gente se desplazará en un clima cambiante», afirma la coautora Katharine Mach, científica investigadora sénior de la Escuela de Ciencias de la Tierra, la Energía y el Medio Ambiente. «Podemos responder de manera planificada y estratégica, o simplemente huir del desastre».
Reubicar comunidades y abandonar estructuras en riesgo puede parecer lógico sobre el papel, pero los obstáculos sociales, culturales y psicológicos pueden ser insuperables. También es menos probable que la estrategia obtenga apoyo cuando ya existen protecciones estructurales, como muros de contención y diques.
Por otro lado, la reubicación puede preservar las redes y la cultura comunitarias. Para algunas personas, el reasentamiento también puede abrir la puerta a nuevas oportunidades económicas.
Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron 27 ejemplos, pasados y actuales, de intentos de aplicar la retirada planificada en 22 países. A partir de ellos, crearon un modelo conceptual basado en quién se beneficia de la retirada y quién la inicia. El modelo sienta las bases para comprender los factores que probablemente dificulten o promuevan la adopción de la retirada planificada en distintas circunstancias.
Los investigadores clasificaron los ejemplos analizados en una de cuatro categorías, según si los residentes iniciaron la retirada y cuánto apoyo recibieron de la entidad encargada de llevar a cabo el traslado mediante compras de propiedades, cambios de infraestructura u otras ayudas económicas.
«Sabemos que se avecinan cambios y que no habrá una solución universal para proteger y apoyar a las comunidades en riesgo».
Las categorías agrupan casos similares, como aquellos en los que los residentes inician la retirada y reciben del gobierno compensaciones por propiedades de alto riesgo. Otros grupos incluyen casos en los que los residentes no inician la retirada, pero el gobierno, en beneficio de toda la región, compra o eleva viviendas y crea una llanura aluvial para proteger a las comunidades situadas río abajo. En un tercer grupo, los residentes sí iniciaron la retirada, pero no consiguieron el apoyo del gobierno para llevar a cabo el traslado.
Los resultados muestran que la reubicación es más probable cuando los residentes consideran intolerables los riesgos ambientales, la retirada beneficia de algún modo a la sociedad en general, existe una fuerte voluntad política para llevarla a cabo y una relación entre costos y beneficios para la sociedad justifica el traslado: un escenario que el grupo denominó «acuerdo mutuo».
En cambio, la retirada planificada rara vez funciona cuando sus beneficios recaen únicamente en los residentes o no benefician a nadie, o cuando la voluntad política es escasa y la relación entre costos y beneficios para la sociedad no justifica la reubicación: un escenario que los investigadores denominan «resistirse a abandonar el lugar».
Aunque son poco frecuentes, los casos de comunidades que actúan voluntariamente antes de que ocurra un desastre —y otras nuevas iniciativas de retirada planificada— podrían arrojar luz sobre cómo superar las distintas barreras que plantea este enfoque, sugieren los investigadores.
Entre otras vías de exploración, los investigadores sugieren que los responsables de formular políticas respalden la participación de la comunidad en el proceso de reubicación, desde la selección del lugar de reasentamiento hasta el diseño de su infraestructura. Antes de llegar a ese punto, sería conveniente que los dirigentes crearan políticas —como permitir el desarrollo hasta que la costa se erosione hasta cierto límite— que faciliten la retirada si fuera necesario.
«Sabemos que se avecinan cambios y que no habrá una solución universal para proteger y apoyar a las comunidades en riesgo», afirma Hino. «Tiene sentido mantener sobre la mesa una variedad de opciones, incluida la retirada planificada».
