Alrededor de tres cuartas partes de las personas más pobres del mundo viven en zonas rurales. Por tanto, los pobres rurales, y sus necesidades muy específicas, deben estar en el centro de cualquier intento de abordar la pobreza mundial y la cuestión de la seguridad alimentaria. Pero ¿cuáles son estas necesidades tan específicas? Con frecuencia, se trata de cosas que las personas de las zonas urbanas dan por sentadas: el acceso a determinados productos o dispositivos, a infraestructuras físicas y a nuevas tecnologías e ideas.
Estos desafíos tienen una serie de efectos negativos. Pueden restringir las oportunidades educativas. Pueden impedir que las personas reciban la atención sanitaria que necesitan. También pueden limitar la producción agrícola, por lo que los pobres rurales a menudo no son capaces de producir los alimentos que necesitan.
Un creciente conjunto de pruebas sugiere que las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), y en especial los teléfonos móviles, pueden ayudar a resolver estos problemas. Abren el acceso a la información y a oportunidades de formación. Por esta razón, pueden propiciar mejoras en casi todos los ámbitos, incluidos la salud, la educación, los servicios financieros, y la agricultura y la seguridad alimentaria.
En concreto, de las principales ganancias potenciales en los mercados agrícolas, la más importante es la eficiencia del mercado. Por ejemplo, gracias a un mayor acceso a los teléfonos móviles, los agricultores pueden planificar mejor cuánto sembrar cada temporada y cuánta inversión realizar, así como de qué tipo, para que sea rentable según la oferta y la demanda. También pueden recopilar información de redes ampliadas y cooperativas sobre las condiciones del mercado en los mercados de gama alta y sobre las normas de calidad de esos mercados. Las TIC también pueden utilizarse para reducir la variabilidad de los precios.
Por último, las TIC también pueden desempeñar un papel en la reducción de las tres principales limitaciones a las que se enfrentan los servicios tradicionales de extensión en los países en desarrollo. En primer lugar, la mala infraestructura dificulta y encarece las visitas a zonas remotas. En segundo lugar, los tradicionales «programas de extensión», en los que especialistas viajan a zonas remotas para ofrecer formación y apoyo, suelen proporcionar a los agricultores información puntual; la falta de seguimiento y retroalimentación limita los beneficios a largo plazo. Por último, tradicionalmente estas visitas no siempre son fiables, y puede haber una falta de rendición de cuentas entre las personas y organizaciones que las realizan. Las TIC pueden superar estos problemas al reducir el coste de las visitas de extensión, permitir una comunicación bidireccional más frecuente entre los agricultores y los agentes, y mejorar la rendición de cuentas de los agentes.
Algunos países ya están reconociendo la oportunidad que ofrecen estas tecnologías y han puesto en marcha subsidios para que estén más ampliamente disponibles para los residentes rurales desatendidos. Su objetivo no solo ha sido mejorar el acceso, sino también asegurarse de que las poblaciones rurales no paguen más por ellas que sus homólogos urbanos. Estos subsidios tienen sentido económico: aumentar el acceso a las TIC tiene un efecto positivo de derrame sobre el consumo y la producción de las personas. Pero los programas son costosos y, por ello, muchos resultan financieramente insostenibles.
En Chile y Perú, los fondos de inversión en telecomunicaciones han encontrado formas creativas de sortear este problema, utilizando un pequeño porcentaje de los ingresos operativos brutos de los operadores privados existentes para financiar subsidios. Otros países deberían considerar esta opción.
También deberían explorarse tecnologías alternativas. La banda ancha, por ejemplo, puede proporcionar acceso tanto a servicios de datos como de voz. Esto podría aumentar la competencia en la prestación de servicios, permitiendo que las comunidades rurales no solo se pongan al día con sus homólogos urbanos, sino que quizá incluso los superen en algunos ámbitos. Debería considerarse una estrategia dual de banda ancha que despliegue redes inalámbricas de banda ancha y promueva la adopción de aplicaciones de telefonía de voz dirigidas a usuarios de bajos ingresos. También es necesario explorar el papel que deben desempeñar, cada uno, los sectores público y privado en la puesta en marcha de dicha estrategia.
Pero para que estas tecnologías marquen realmente la diferencia, debe tratarse de algo más que del acceso. Además de la conectividad, el contenido también es fundamental. Lo llamo las dos C. El contenido que hacemos accesible al ampliar la conectividad debe ser pertinente, útil y estar en un formato fácil de usar. Este contenido, en particular cuando se trata de información agrícola y de cómo puede contribuir a lograr la seguridad alimentaria, debería considerarse un bien público. Los gobiernos deberían invertir en proporcionar la mejor información posible sobre los precios en distintos mercados, las variedades y la calidad de los productos, así como sobre las tecnologías de producción y otra información agronómica.
Si invertimos en aumentar el acceso a estas tecnologías, asegurando que todos puedan conectarse, y en garantizar que el contenido al que pueden acceder sea informativo y pertinente para sus necesidades, podremos proporcionar a los pobres rurales las herramientas que necesitan para salir de la pobreza.
Autor: Máximo Torero, director de División, Mercados, Comercio e Instituciones, Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI)
Imagen: Una agricultora utiliza un teléfono móvil en su campo de verduras de boniato en la aldea de Bach Lien, a las afueras de Hanói, el 31 de marzo de 2010. REUTERS/Kham.
