A medida que la magnitud de la crisis ambiental se hace evidente, los legisladores están otorgando a partes del mundo natural derechos legales que permiten a las personas acudir a los tribunales en su nombre.
La idea se remonta a comienzos de la década de 1970, cuando un académico del derecho estadounidense presionó ante el Tribunal Supremo de EE. UU. para proteger un bosque.
Académicos y activistas ambientales están dando una nueva vida a la idea al llevar casos ante tribunales de todo el mundo.
Hasta ahora estas figuras no han sido una solución rápida para los problemas ambientales. Sin embargo, están logrando algunos avances.
A medida que la escala y la gravedad de los problemas ambientales se hacen más evidentes, los legisladores están experimentando con nuevas formas de proteger la naturaleza. Un enfoque que ha pasado de ser un debate especulativo a una realidad significativa en los últimos 50 años es otorgar a elementos del mundo natural –árboles, ríos y montañas– derechos legales y permitir que las personas acudan a los tribunales en su nombre.
En 2022, la laguna de agua salada Mar Menor, en España, se convirtió en el primer ecosistema de Europa en recibir un estatus jurídico limitado, similar al de una empresa. Mientras tanto, la reciente Asamblea Ciudadana sobre la Pérdida de Biodiversidad de Irlanda concluyó con una recomendación de enmendar la constitución para incluir una disposición sobre los derechos de la naturaleza.
Esta idea se remonta a comienzos de la década de 1970, cuando el académico del derecho estadounidense Christopher Stone la planteó espontáneamente en un debate en clase sobre la expansión gradual de los derechos, y se sorprendió gratamente por la respuesta positiva que recibió.
¿Qué hace el Foro Económico Mundial por la naturaleza?
El Centro para la Naturaleza y el Clima ayuda a los líderes a comprender las interconexiones entre el clima, la naturaleza y el desarrollo económico. Ofrece una plataforma para explorar vías que favorezcan la resiliencia y la prosperidad dentro de los límites planetarios.
Al permitir la cooperación entre sectores y regiones, el Centro apoya a los socios en la traducción de una comprensión compartida en soluciones prácticas para el clima y la naturaleza.
Sabía que el Tribunal Supremo de EE. UU. estaba a punto de tratar un caso importante sobre lo que los abogados llaman “legitimación” (si una persona tiene o no derecho a ser escuchada por un tribunal en una disputa concreta), en el que una organización ambientalista llamada Sierra Club pretendía impedir la construcción de un centro de esquí en el Bosque Nacional Sequoia. Stone también sabía que uno de los magistrados, William O. Douglas, conocido por sus simpatías ambientalistas, escribiría un prólogo para un número de una revista jurídica.
Stone escribió rápidamente un artículo titulado ¿Deberían los árboles tener legitimación procesal?, ampliando su idea inicial justo a tiempo para incluirla en ese número. Douglas retomó la idea y la respaldó en su sentencia, en la que afirmaba: “El río, como demandante, habla por la unidad ecológica de vida que forma parte de él. Aquellas personas que tienen una relación significativa con ese cuerpo de agua —ya sea un pescador, un piragüista, un zoólogo o un leñador— deben poder hablar por los valores que el río representa y que están amenazados de destrucción.”
Aunque esto no convenció a los demás miembros del Tribunal Supremo, sí generó una breve oleada de textos académicos sobre el tema (de todos modos, la estación de esquí nunca se construyó). Stone se convirtió en una celebridad mediática durante un breve período, antes de que la idea de otorgar derechos legales a partes de la naturaleza cayera en el olvido público.
Avanzando hasta el siglo XXI, los académicos junto con los activistas ambientales han dado a la idea una nueva vida. Se ha ampliado para incluir distintas corrientes de pensamiento, y estas teorías se están poniendo en práctica en todo el mundo.
Hasta ahora, no han sido una solución rápida para los problemas ambientales. Sin embargo, están logrando algunos avances.
Más experimentos podrían ayudar a identificar cómo lograr que funcionen bien y de manera eficaz. Pero simplemente conceder derechos a la naturaleza probablemente no sustituye a instituciones sólidas y a una aplicación efectiva de la ley. Esto se hace evidente al explorar las experiencias de tres países distintos.
Nueva Zelanda
En 1840, el Tratado de Waitangi fue firmado entre la corona británica y el pueblo maorí, indígena de Nueva Zelanda. El tratado tenía como objetivo proteger el derecho del pueblo maorí a sus tierras y recursos.
Como parte de un acuerdo para reparar incumplimientos pasados del tratado, tanto un antiguo parque nacional llamado Te Urewera y el río Whanganui han sido reconocidos en la legislación de Nueva Zelanda como entidades con derechos propios (aunque no todos los derechos de una persona humana) desde 2014 y 2017, respectivamente. Esto ha implicado la creación de dos consejos para gestionar los recursos naturales, con representación conjunta del gobierno y de la tribu local.
Los planes para repensar Te Urewera aún se están formulando, y la representación del río Whanganui solo se designó recientemente (como muchas otras cosas, se retrasó por la pandemia de COVID). Sin embargo, se elaborará un plan estratégico en paralelo con un fondo de 30 millones de dólares neozelandeses (14 millones de libras) para apoyar la salud y el bienestar del río.
El tiempo dirá si replantear este proceso para que la propia naturaleza tenga voz produce mejores resultados.
Bangladés
En 2019, el Tribunal Superior de Bangladés reconoció el río Turag (y todos los demás ríos de Bangladés) como entidad viva con derechos legales y exigió al gobierno que tomara medidas significativas para protegerlo.
La agencia estatal con responsabilidad general, la Comisión Nacional de Conservación de Ríos, ha prometido una acción rápida. Sin embargo, todavía hoy muchas masas de agua del país están “muertas” a causa de la contaminación provocada por el vertido generalizado de residuos industriales y humanos.
El río Buriganga, que fluye al suroeste de la capital de Bangladés, Daca, está hoy tan contaminado que su agua aparece negra fuera de la temporada de monzones.
Ecuador
En 2008, Ecuador aprobó una nueva constitución que incluye un artículo que reconoce explícitamente el derecho de la naturaleza a “existir, persistir, mantener y regenerar sus ciclos vitales, estructura, funciones y sus procesos evolutivos”. Este avance ha permitido a propietarios de tierras y activistas ambientales llevar casos ante los tribunales para proteger los ríos y bosques, haciendo realidad, poco a poco, este derecho.
Un ejemplo llamativo de ello se produjo en 2021, cuando la Corte Constitucional de Ecuador revocó los permisos mineros en Los Cedros – un bosque nuboso de gran biodiversidad en las montañas andinas. Sostuvo que estos permisos no solo vulneraban los derechos de los residentes locales (como el derecho a un agua limpia y a un medio ambiente sano), sino también los derechos del propio bosque.
Se trata de un paso significativo con repercusiones para el futuro. Sin embargo, también pone de relieve una objeción habitual: que los asuntos ambientales suelen incluir también algún tipo de interés humano que puede servir de base para la legitimación procesal. En consecuencia, conceder derechos a la naturaleza podría ser innecesario.
Funcionen o no, es probable que algún tipo de derechos para aspectos de la naturaleza forme parte de la mayoría de los sistemas jurídicos en este siglo. Quien tenga interés en la protección ambiental debería conocer esta idea y su evolución.
