En las conversaciones sobre el clima de la ONU celebradas esta semana, un grupo de países de América Latina y el Caribe impulsa un objetivo ambicioso: un mundo con cero emisiones netas para 2050.
Sin embargo, lograrlo incluso dentro de sus propias fronteras será un desafío, mientras la región lucha por armonizar aspiraciones a menudo contrapuestas de crecimiento económico y acción climática, afirmaron expertos peruanos y colombianos.
En Lima, la Asociación de Estados Independientes de América Latina y el Caribe, o AILAC, ha pedido un nuevo acuerdo climático jurídicamente vinculante en el que todos los países del mundo tengan objetivos de reducción de emisiones.
El grupo, que incluye a Costa Rica, Panamá, Colombia, Chile, Guatemala y Perú, también quiere medidas contundentes para ayudar a los países a adaptarse a los inevitables impactos del cambio climático.
Sin embargo, a los países quizá les resulte difícil cumplir internamente con lo que piden en el ámbito internacional, debido a políticas que anteponen la necesidad de aliviar la pobreza y lograr el crecimiento económico a los objetivos ambientales, afirmaron los expertos.
Esto es particularmente cierto porque los principales sectores económicos de la región —la agricultura, la energía y las industrias extractivas— tienen un impacto considerable en las emisiones y el territorio.
Perú, país anfitrión de las negociaciones climáticas de este año, es solo un ejemplo de lo difícil que puede ser armonizar el crecimiento económico y la acción contra el cambio climático.
«Existe una especie de conflicto interno sobre el rumbo que debería tomar el país en materia de desarrollo», afirmó Pedro Solano, director ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental.
A principios de este año, Perú sufrió un retroceso ambiental cuando se promulgó la Ley 30230 (conocida como «El Paquetazo») con el fin de impulsar el crecimiento económico.
La ley reduce el tiempo permitido para las consultas ambientales, limita los presupuestos para la supervisión ambiental y recorta el poder de decisión del Ministerio del Ambiente.
Según un informe del Centro de Investigación Forestal Internacional, esta ley «debilita las instituciones ambientales y pone en peligro la tenencia de la tierra en Perú».
Sin embargo, Perú también ha dado pasos clave para abordar el cambio climático y proteger el medio ambiente. En 2014, el Gobierno peruano creó el Instituto de Glaciares y Montañas, promulgó la primera ley sobre compensación ambiental y consolidó las estrategias nacionales sobre cambio climático y biodiversidad.
«Creo que es bueno que surjan estas contradicciones en torno al cambio climático», afirmó Solano. «El cambio climático obligará a las instituciones a trabajar (juntas) de una manera más funcional».
¿Colombia y las energías renovables?
Para que el mundo alcance cero emisiones netas para 2050, será fundamental adoptar energías renovables, afirman los expertos, y en algunos aspectos las naciones latinoamericanas están bien posicionadas para hacer el cambio.
Colombia, por ejemplo, cuenta con abundantes recursos hídricos y cordilleras: los ingredientes perfectos para la energía hidroeléctrica. Aún hoy, casi el 70 por ciento de la electricidad del país proviene de la energía hidroeléctrica, y el 30 por ciento restante, de combustibles fósiles.
Sin embargo, esta gran dependencia de la energía hidroeléctrica también hace que el país sea muy vulnerable a las sequías, especialmente a las provocadas por El Niño, afirman los expertos.
Para hacer frente a esa amenaza, Colombia se ha centrado en garantizar la fiabilidad. Los grandes proyectos energéticos de Colombia deben competir en una subasta para suministrar energía a la red. Los proyectos más baratos y fiables ganan las licitaciones.
Hasta ahora, los proyectos de menos de 20 megavatios no han tenido que participar en la subasta y pueden construirse libremente; es ahí donde las energías renovables no convencionales han logrado afianzarse.
El esquema ha funcionado muy bien durante los últimos 20 años y en ese tiempo no se han producido apagones relacionados con la sequía, afirman los expertos.
Pero, como parte de los esfuerzos para garantizar una fiabilidad aún mayor, se han propuesto nuevas regulaciones que exigirían a todos los proyectos energéticos competir en el sistema de subastas.
Si se aprueban las nuevas normas, anularían los esfuerzos de una ambiciosa Ley de Energías Renovables aprobada por el Congreso colombiano en marzo pasado, afirmó Pablo Corredor, exgerente de XM, la empresa que gestiona el mercado eléctrico de Colombia.
«(Esta propuesta) va en contra del espíritu del uso eficiente de los recursos energéticos», afirmó Corredor, y enviará la señal de que toda expansión energética debería realizarse con combustibles fósiles o grandes centrales hidroeléctricas, dejando de lado la energía solar, eólica y otras renovables. (Información de Santiago Ortega; edición de Laurie Goering)
Este artículo se publica en colaboración con la Thomson Reuters Foundation. La publicación no implica que el Foro Económico Mundial respalde estas opiniones.
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Autor: Santiago Ortega Arango, colaborador independiente de Thomson Reuters Foundation, es un ingeniero colombiano y periodista independiente interesado en el cambio climático y las cuestiones relacionadas con las energías renovables.
Imagen: El sol se ve detrás del humo que sale de la chimenea de una planta de calefacción en Taiyuan, provincia de Shanxi, el 9 de diciembre de 2013. REUTERS.
