Irlanda se comprometió el jueves a desinvertir fondos públicos de empresas de combustibles fósiles, después de que el parlamento aprobara una ley que obliga al Fondo Estratégico de Inversión de Irlanda (ISIF, por sus siglas en inglés), de 8.900 millones de euros (10.400 millones de dólares), a retirar el dinero invertido en petróleo, gas y carbón.
Los miembros del Dáil (Parlamento) de Irlanda aprobaron la Ley de Desinversión en Combustibles Fósiles, que obliga al fondo a desinvertir, en un plazo de cinco años, en inversiones directas en empresas de combustibles fósiles, y a no realizar futuras inversiones en el sector.
En una enmienda, la ley describe las "empresas de combustibles fósiles" como aquellas "cuya actividad empresarial se dedica, en la actualidad, a la exploración, extracción o refinado de un combustible fósil, cuando dicha actividad representa el 20 por ciento o más de la facturación de esa empresa".
La ley también establece que no deben realizarse inversiones indirectas, salvo que sea poco probable que más del 15 por ciento de un activo esté invertido en una empresa de combustibles fósiles.
El ISIF es gestionado por la Agencia Nacional de Gestión del Tesoro de Irlanda. Hasta junio del año pasado, las inversiones del fondo en la industria mundial de combustibles fósiles se estimaban en 318 millones de euros en 150 empresas.
"Esta (ley) hará que Irlanda sea el primer país en comprometerse a desinvertir (el dinero público) de la industria de combustibles fósiles", declaró el diputado independiente Thomas Pringle, quien presentó la ley ante el parlamento en 2016.
"Con esta ley estamos liderando el camino a nivel estatal ... pero vamos muy por detrás en nuestros compromisos climáticos con la UE y con el ámbito internacional", dijo a los legisladores.
En junio, la organización ecologista Climate Action Network (CAN) Europe clasificó a Irlanda como el segundo país de la Unión Europea con peor desempeño en materia de acción contra el cambio climático, por delante de Polonia.
Las principales empresas petroleras, gasistas y carboníferas del mundo se enfrentan a una presión creciente de los inversores para avanzar hacia energías más limpias y renovables, con el fin de cumplir los objetivos internacionales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
La desinversión en combustibles fósiles ha ganado impulso en los últimos años, a medida que fondos de pensiones, fondos soberanos de inversión y universidades han vendido acciones de petróleo, gas y carbón, especialmente tras el acuerdo climático de París, suscrito por 195 países, que en 2015 fijó como objetivo eliminar gradualmente el uso de combustibles fósiles a lo largo de este siglo.
El fondo soberano de Noruega, de 1 billón de dólares, el mayor del mundo, tiene prohibido invertir en empresas que obtengan más del 30 por ciento de su actividad del carbón, y también ha propuesto retirar sus inversiones en petróleo y gas.
El gobierno emitirá su opinión sobre esa desinversión más amplia en octubre.
En Estados Unidos, la ciudad de Nueva York anunció a principios de este año el objetivo de desinvertir sus fondos públicos de pensiones, por valor de 189.000 millones de dólares, de empresas de combustibles fósiles en un plazo de cinco años.
