¿Cómo ha logrado un país de menos de cinco millones de habitantes convertirse en líder mundial en el desarrollo de políticas integrales que promueven un crecimiento económico democrático, sostenible e inclusivo? La respuesta está en la convicción de su población de que centrarse en el bienestar de toda la ciudadanía no solo mejora la calidad de vida, sino que también aumenta la productividad.
Ante el auge del autoritarismo y el protofascismo en tantos rincones del mundo, resulta alentador ver un país cuyos ciudadanos siguen profundamente comprometidos con los principios democráticos. Y ahora su población está intentando redefinir su política para el siglo XXI.
A lo largo de los años, Costa Rica, un país de menos de cinco millones de habitantes, ha atraído la atención mundial por su liderazgo progresista. En 1948, tras una breve guerra civil, el presidente José Figueres Ferrer abolió el ejército. Desde entonces, Costa Rica se ha convertido en un centro para el estudio de la resolución y la prevención de conflictos, y alberga laUniversidad para la Paz. Gracias a su rica biodiversidad, Costa Rica también ha demostrado un liderazgo medioambiental visionario mediante la reforestación, la designación de un tercio del territorio como reservas naturales protegidas y la generación de casi toda su electricidad a partir de energía hidroeléctrica limpia.
Los costarricenses no dan señales de abandonar su legado progresista. En las recientes elecciones presidenciales, una alta participación llevó a Carlos Alvarado Quesada a la victoria con más del 60 % de los votos, frente a un oponente que habría dado marcha atrás a compromisos de larga data con los derechos humanos al restringir el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Costa Rica se ha unido a un pequeño grupo de países de la llamada Alianza para el Bienestar, que está poniendo en práctica ideas destacadas por la Comisión Internacional sobre la Medición del Desempeño Económico y el Progreso Social para elaborar mejores indicadores de bienestar. Al reconocer las deficiencias del PIB señaladas por la Comisión, la Alianza busca garantizar que las políticas públicas promuevan el bienestar ciudadano en el sentido más amplio, impulsando la democracia, la sostenibilidad y el crecimiento inclusivo.
Una parte importante de este esfuerzo ha consistido en ampliar el alcance de las cooperativas y las empresas sociales del país, que ya son sólidas y abarcan, de una u otra forma, a una quinta parte de la población. Estas instituciones representan una alternativa viable a los excesos del capitalismo que han dado lugar a prácticas moralmente reprobables: desde los préstamos abusivos y la manipulación del mercado en el sector financiero hasta el uso indebido de datos personales por parte de empresas tecnológicas y el falseamiento de las emisiones en la industria automotriz. Se basan en generar confianza y cooperación, y en la convicción de que centrarse en el bienestar de sus miembros no solo mejora la calidad de vida, sino que también aumenta la productividad.
Al igual que los ciudadanos de algunos otros países, los costarricenses han dejado claro que la desigualdad es una elección y que las políticas públicas pueden garantizar un mayor grado de igualdad económica y de oportunidades que el que ofrecería el mercado por sí solo. A pesar de contar con recursos limitados, se enorgullecen de la calidad de sus sistemas públicos y gratuitos de salud y educación. La esperanza de vida ya supera la de Estados Unidos y sigue aumentando, mientras que los estadounidenses, tras elegir no tomar las medidas necesarias para mejorar el bienestar de la ciudadanía común, mueren antes.
Pese a todos sus logros, Costa Rica afronta dos problemas críticos: un déficit fiscal estructural y persistente, y un sistema político paralizado. La solución económica a los déficits fiscales es sencilla: impulsar el crecimiento económico, subir los impuestos o reducir el gasto. Pero la política no es nada sencilla: aunque todos los líderes políticos quieren resolver el problema mediante el crecimiento económico, no existe una fórmula mágica para lograrlo. Nadie desea las otras dos opciones.
En circunstancias así, la mayoría de los gobiernos recorta partidas como la de infraestructura, porque sus costos no se hacen visibles durante décadas. Para Costa Rica, eso sería un error aún más grave: su infraestructura no ha seguido plenamente el ritmo del crecimiento económico y, si se mejorara, podría contribuir por sí misma a impulsarlo. Por supuesto, el Gobierno siempre podría ser más eficiente, pero, tras años de austeridad, es poco probable que una racionalización adicional aporte mucho. Casi con toda seguridad, la mejor opción sería subir los impuestos.
Para conciliar la tributación con una estrategia económica general que busque maximizar el bienestar de toda la ciudadanía, el sistema tributario debería atenerse a tres principios fundamentales: gravar lo perjudicial (como la contaminación) en lugar de lo beneficioso (como el trabajo); diseñar impuestos que provoquen la menor distorsión posible en la economía; y mantener una estructura de tasas progresiva, en la que las personas más ricas paguen una proporción mayor de sus ingresos.
Como Costa Rica ya es un país tan ecológico, un impuesto al carbono no recaudaría tanto como en otros lugares. Sin embargo, dado que casi toda la electricidad del país es limpia, la transición a los autos eléctricos sería más eficaz para reducir las emisiones de dióxido de carbono. Un impuesto así podría ayudar a Costa Rica a convertirse en el primer país donde predominen los autos eléctricos, acercándola aún más al objetivo de lograr una economía neutra en carbono.
Dado que la desigualdad sigue siendo un problema (aunque dista mucho de ser tan grave como en otras partes de América Latina), son esenciales impuestos sobre la renta, las ganancias de capital y la propiedad más progresivos y amplios. Las personas ricas reciben una parte desproporcionadamente grande de sus ingresos en forma de ganancias de capital, y gravarlas con tasas inferiores a las de otras formas de ingreso agrava la desigualdad y provoca distorsiones. Aunque los economistas discrepan en muchos temas, pueden coincidir en que gravar los ingresos o las ganancias de capital derivados de las tierras de Costa Rica no hará que estas se trasladen a otro lugar. Esa es una de las razones por las que el gran economista del siglo XIX Henry George sostenía que los mejores impuestos son los que gravan la tierra.
Los mayores desafíos son políticos: un sistema presidencial como el de Costa Rica funciona bien en un sistema político dividido en dos partidos principales, con reglas concebidas para garantizar que las opiniones minoritarias reciban el debido respeto. Pero, cuando el electorado se fragmenta más, un sistema así puede conducir rápidamente a un bloqueo político. Y en un mundo que cambia con rapidez, ese bloqueo puede resultar costoso. Los déficits y la deuda pueden dispararse, sin que haya una vía para resolverlos.
Alvarado, que tiene apenas 38 años, intenta crear un nuevo modelo presidencial para Costa Rica sin modificar la Constitución, incorporando ministros de diversos partidos. Cabe esperar que el espíritu de cooperación promovido por el movimiento cooperativo y arraigado en gran parte de la cultura costarricense haga que funcione. Si lo logra, Costa Rica, pese a su pequeño tamaño, será un faro de esperanza para el futuro y demostrará que otro mundo es posible: uno en el que florezcan los valores de la Ilustración —la razón, el debate racional, la ciencia y la libertad— en beneficio de todos.
