Los tiburones y sus parientes, las rayas, existían antes que los dinosaurios. Sobrevivieron a la catastrófica extinción masiva que acabó con el Tyrannosaurus Rex y todos los demás, así como a la extinción del Pérmico-Triásico, que eliminó alrededor del 96 % de las especies marinas. Incluso los linajes de tiburones de evolución más reciente, como los tiburones martillo, existen desde hace más de 30 millones de años.
Sin embargo, en apenas unas décadas, una cuarta parte de todos los tiburones y las rayas ha pasado a estar amenazada de extinción. Es culpa nuestra, y es nuestra responsabilidad solucionarlo.
Las poblaciones de tiburones y rayas no son las únicas afectadas. Muchos otros componentes de la biodiversidad marina —en especial los corales, los mamíferos marinos, las aves marinas y las tortugas— también tienen dificultades para resistir las presiones humanas. Como resultado, los ecosistemas marinos corren el riesgo de desmoronarse y volverse menos estables y menos productivos.
Ante la amplia variedad de amenazas que afronta la vida marina —entre ellas, la sobrepesca, el cambio climático, la contaminación y el desarrollo costero—, es fácil, quizá incluso racional, ser pesimista. Sin embargo, este año podría marcar el inicio de un enfoque más sólido para proteger los ecosistemas oceánicos, en particular frente a la sobrepesca, responsable de las drásticas disminuciones de muchas especies.
No debe subestimarse el desafío que tenemos por delante. Para afrontarlo será necesario superar uno de los obstáculos más difíciles de resolver para la conservación marina: garantizar la sostenibilidad de la biodiversidad en aproximadamente el 60 % de los océanos del mundo que se encuentran fuera de la jurisdicción de los Estados individuales.
Dentro del límite de 200 millas náuticas que comprende sus zonas económicas exclusivas (ZEE), algunos países han combinado legislación firme, buena gestión y aplicación eficaz para preservar las poblaciones de peces y los ecosistemas. (También ha habido demasiados ejemplos de lo contrario).
Sin embargo, más allá de las ZEE surge un problema pernicioso: de facto, la mayoría de los recursos vivos son de acceso abierto, lo que los hace vulnerables a la sobreexplotación. Aunque se han realizado numerosos intentos bienintencionados por mejorar la gestión de estos recursos, todos dependen de la voluntad de los actores individuales de renunciar a los beneficios económicos a corto plazo del uso intensivo de los recursos en favor del bien común a largo plazo.
Siempre que participar en un proceso internacional implique un costo, existirá un incentivo para no respetar las reglas, aplicarlas con laxitud o no participar en absoluto. Esto es especialmente cierto en los asuntos ambientales, donde el capital político necesario es elevado; el apoyo casi unánime resulta crucial; los temas pueden ser polémicos; y los beneficios se distribuyen de manera desproporcionada y se materializan a lo largo de un horizonte temporal prolongado. Un conocimiento superficial de la Realpolitik del cambio climático basta para sugerir que se trata de un desafío intimidante, si no irresoluble, que presenta elementos de algunos de los dilemas políticos y sociales más difíciles: el dilema del prisionero, el problema del polizón y la tragedia de los bienes comunes.
En la actualidad, una red de legislación —que incluye la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, las directrices de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y el Acuerdo sobre las Poblaciones de Peces, así como la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres— rige las actividades que pueden afectar a la biodiversidad en alta mar. Sin embargo, la protección que se brinda a los recursos vivos sigue siendo limitada y está plagada de lagunas.
Por ejemplo, dado que no todos los países son signatarios de estos acuerdos, los buques pueden elegir qué bandera enarbolar para evitar quedar sujetos a las regulaciones (una «bandera de conveniencia»). Algunas pesquerías siguen fuera de la jurisdicción de cualquiera de los organismos regionales que intervienen en la gestión de los recursos. Como resultado, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada genera miles de millones de dólares al año.
Una medida prometedora, recomendada por un grupo de trabajo de la ONU en enero, es elaborar un nuevo acuerdo jurídicamente vinculante sobre la biodiversidad en alta mar, que esté listo para que la Asamblea General de la ONU lo examine antes de septiembre.
Un marco coordinado y armonizado de este tipo podría ayudar a cerrar las brechas regionales de gobernanza; obligar a los organismos pesqueros existentes a trabajar para mejorar los resultados; y, en última instancia, permitir la creación de nuevos organismos centrados en la gestión y protección de los ecosistemas, no solo de las poblaciones de peces. Esto, a su vez, podría catalizar la cooperación necesaria para crear áreas marinas protegidas en alta mar, que permitirían la recuperación de los ecosistemas dañados o agotados.
Por supuesto, para que sean eficaces, esas áreas deben ser objeto de seguimiento. Un avance prometedor ha sido el uso de tecnología satelital para detectar y abordar las infracciones pesqueras cometidas por buques individuales. Esto podría provocar un cambio profundo y positivo en la gestión de los océanos, en particular para los países con grandes ZEE y capacidad limitada para hacer cumplir las normas marítimas.
También es vital contar con un sistema coordinado para responder a las infracciones. El cierre de puertos a los buques que incumplen las reglas podría lograrse mediante el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto, que actualmente está a la espera de ratificación.
La gobernanza y la conservación de los océanos se encuentran en un momento crítico. Los recursos marinos no pueden sobreexplotarse indefinidamente. El próximo acuerdo sobre la «biodiversidad más allá de la jurisdicción nacional», respaldado por nuevas formas de vigilar el cumplimiento, podría mejorar drásticamente la gestión de los océanos.
La dificultad es que, en cualquier escenario, una mejor gestión presupone que elegimos la sostenibilidad a largo plazo en lugar de los beneficios a corto plazo. Está por verse si superaremos nuestra inclinación a elegir lo contrario.
Este artículo se publica en colaboración con Project Syndicate. La publicación no implica que el Foro Económico Mundial respalde las opiniones expresadas.
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Autor: xxx
Imagen: Una tortuga verde nada sobre un arrecife cerca del rompiente conocido como «Pipeline», en la costa norte de Oahu, Hawái. REUTERS/Hugh Gentry
