La nueva ley europea contra la deforestación obliga a todas las empresas a emitir una declaración de diligencia debida para poder vender en el mercado de la UE productos como el café, el cacao y la madera.
Pero ninguna herramienta política puede cumplir esta función por sí sola, por lo que necesitamos un enfoque holístico.
La Alianza para los Bosques Tropicales ha elaborado un plan de 5 puntos precisamente para lograrlo.
La primera legislación de la UE de este tipo sobre productos libres de deforestación acaba de cumplir dos semanas y está recibiendo opiniones encontradas, según el punto de vista de cada cual. La nueva ley, que pretende combatir tanto el cambio climático como la pérdida de biodiversidad, obliga a todas las empresas a emitir una declaración de diligencia debida para poder vender en el mercado de la UE productos como el café, el cacao y la madera. Los productos vinculados a la deforestación tendrán prohibida su importación y exportación a la UE.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) calcula que entre 1990 y 2020 se perdieron 420 millones de hectáreas de bosque —una superficie superior a la de la UE— por deforestación, y que el consumo de la UE representa alrededor del 10 % de la deforestación mundial. La nueva ley obliga a las empresas a verificar y emitir una declaración de «diligencia debida» en la que se acredite que los bienes comercializados en el mercado de la UE no han provocado deforestación ni degradación forestal en ningún lugar del mundo después del 31 de diciembre de 2020.
La legislación ha sido bien acogida por algunos, aunque otros han criticado la falta de normalización en la inclusión de los derechos humanos y los derechos sobre la tierra, como el derecho al consentimiento libre, previo e informado (CLPI), o el hecho de que algunos ecosistemas, como el Cerrado brasileño, no estén incluidos.
Las medidas de diligencia debida solo serán eficaces para combatir la deforestación si las aplican todos los agentes de la cadena de suministro. Los proveedores ajenos a la UE deberán poder comprender con claridad los requisitos normativos para que puedan aplicarse de manera eficiente. Debe prestarse especial atención a las pequeñas y medianas empresas (pymes) y a los pequeños agricultores, para que no incumplan los requisitos ni queden desvinculados de las cadenas de suministro. Las pymes necesitarán recursos adicionales para mejorar la gobernanza y la capacidad técnica, lo que resulta necesario para que puedan producir de forma más sostenible y cumplir los nuevos criterios que establece la legislación.
El reglamento incluye un sistema de evaluación comparativa para valorar los riesgos del país de origen. Los paisajes o ecosistemas de un mismo país presentan niveles diferentes de riesgo de deforestación y de vulneración de los derechos humanos; por tanto, el sistema de evaluación comparativa también debería poder aplicarse a nivel subnacional, provincial o de proveedor. De no hacerlo, se corre el riesgo de que las empresas (y sus clientes) opten por abandonar por completo las fuentes de alto riesgo, lo que podría perjudicar a los proveedores de esos países de alto riesgo que sí están adoptando medidas genuinas para abastecerse de forma sostenible.
Ley contra la deforestación: un paso en la dirección correcta
Pese a estos desafíos, es difícil negar que se trata de un paso en la dirección correcta, porque tiene que serlo: un importante bloque de consumidores ha reconocido su responsabilidad por las consecuencias ambientales de los productos que consume. Es evidente que las medidas de demanda, como las prohibiciones de comercialización y las obligaciones de diligencia debida para las empresas, desempeñan un papel fundamental, pero por sí solas no serán eficaces para combatir la deforestación impulsada por las materias primas.
Ninguna herramienta política puede abordar por sí sola todos los factores que impulsan una producción insostenible; es necesaria una combinación de medidas, la «combinación inteligente». Basándose en décadas de experiencia de empresas, gobiernos y organizaciones de la sociedad civil que intentan desvincular las cadenas de suministro agrícolas de la deforestación, la Alianza para los Bosques Tropicales ha desarrollado una combinación de medidas «Smart Mix» compuesta por cinco enfoques interrelacionados, todos los cuales deben aplicarse para hacer frente a los múltiples factores de deforestación. Son los siguientes:
1. Legislación de la UE que establezca la obligación de diligencia debida para las empresas que participan en las cadenas de suministro de materias primas, y que aplique otras medidas de demanda que respalden los mercados de materias primas producidas de forma sostenible. (Esta es la legislación que se acaba de aprobar).
2. Asociaciones entre la UE y los países productores para crear las condiciones propicias necesarias para proteger los bosques y mejorar las normas de producción de las materias primas agrícolas.
3. Diálogo con otros países consumidores, para garantizar que las normas más estrictas del mercado de la UE no se limiten a desviar los productos producidos de forma insostenible hacia otros mercados.
4. Medidas para orientar los flujos financieros y de inversión alejándolos de las actividades y cadenas de suministro insostenibles y acercándolos a las sostenibles.
5. Fomento de sistemas y enfoques sólidos, coherentes y prácticos que permitan a las empresas evaluar, verificar e informar sobre los riesgos y la mitigación de riesgos en sus cadenas de suministro.
La legislación aprobada en la primera semana de diciembre se basa en la primera medida y, sin duda, es un paso en la dirección correcta para detener la destrucción de nuestros bosques. Sin embargo, su eficacia será limitada si no va acompañada de acciones sobre el terreno en los países de bosques tropicales donde se producen las materias primas. Para evitar consecuencias no deseadas, como el efecto excluyente para los pequeños agricultores o el desvío de materias primas insostenibles de la UE hacia otros mercados, debe existir un diálogo con los países productores y con los países consumidores emergentes, a fin de construir una mejor cooperación internacional y alianzas sólidas.
Estas «asociaciones con los productores», si han de crear las condiciones propicias adecuadas, deberían ir más allá de la mera asistencia para el desarrollo e incluir también compromisos para mejorar las normas de producción (incluidas las de los pequeños agricultores), la gobernanza y la aplicación de la ley, y deberían abarcar asimismo el diseño y la aplicación de incentivos proporcionados por la UE, que podrían incluir preferencias comerciales y de mercado.
Las asociaciones deberían ayudar también a mejorar el reconocimiento y el respeto de los derechos consuetudinarios de tenencia de los pueblos indígenas y las comunidades locales, la prestación de servicios básicos, infraestructuras y apoyo a los agricultores y pequeños agricultores, así como el desarrollo de sistemas y procesos de trazabilidad. La adopción de la legislación es un paso firme hacia adelante, pero se requiere más.
La legislación de la UE sobre deforestación es un ejemplo perfecto de cómo todas estas cuestiones —medios de subsistencia, seguridad alimentaria, comercio, medio ambiente y cooperación internacional— deben abordarse de forma simultánea y en un marco de refuerzo mutuo si queremos avanzar hacia nuestros objetivos climáticos, de conservación de la naturaleza y de justicia social. Esto cobra especial relevancia a la luz de lo ocurrido en la reciente reunión de la COP15 en Montreal, donde los gobiernos acordaron un pacto para detener e invertir la pérdida de naturaleza a escala mundial.
