2015 se perfila como un año crucial para el reconocimiento mundial de los derechos sobre la tierra y los recursos, si se mantiene el impulso para proteger los bosques del mundo y a sus comunidades, afirmaron el miércoles expertos y activistas por los derechos sobre la tierra.
Los jueces de Canadá, Paraguay, Chile y Colombia, entre otros países, encabezaron la consagración de los derechos de las comunidades, y los legisladores de El Salvador aprobaron leyes sobre tierras comunitarias en 2014; todos ellos fueron pasos importantes para garantizar el respeto de los derechos humanos, afirmó la Rights and Resources Initiative (RRI) en su revisión anual.
«Sin estos derechos, se produce la maldición de los recursos», afirmó Andy White, coordinador de RRI, durante la presentación del informe, al referirse a un fenómeno ampliamente documentado por el cual los países que comercian con sus recursos naturales sufren corrupción y estancamiento en lugar de desarrollo social y económico.
«Necesitamos que los gobiernos trabajen con las comunidades y las empresas para evitar que eso ocurra».
Los estudios han demostrado que garantizar los derechos locales sobre la tierra es esencial para combatir el cambio climático, porque la población local protege los bosques —y el carbono que contienen— cuando cuenta con derechos seguros y apoyo gubernamental.
Hechos, no palabras
En otra medida para proteger los bosques, el año pasado las empresas firmaron la Declaración de París sobre los Bosques y se comprometieron a reducir a la mitad la deforestación neta en sus cadenas de suministro para 2020 y a eliminarla para 2030.
Estas promesas perderán credibilidad si no van acompañadas de medidas para poner fin a las apropiaciones empresariales de tierras indígenas, afirmó RRI, una coalición de más de 150 organizaciones que trabajan para promover la tenencia de los bosques, las políticas y las reformas de mercado.
Mina Susana Setra, de la Indigenous Peoples’ Alliance of the Archipelago (AMAN), en Indonesia, afirmó que la confianza seguía siendo un problema importante en las negociaciones con empresas y gobiernos, sobre todo porque cada vez más activistas por los derechos sobre la tierra reciben amenazas y son asesinados.
«¿Cómo podemos sentarnos a la misma mesa y hablar cuando nuestra gente sobre el terreno se enfrenta a la violencia?», dijo Setra a la Thomson Reuters Foundation. «Sigue siendo un problema importante y una cuestión fundamental que debemos plantear a las empresas y los gobiernos».
Setra afirmó que en Indonesia, que ha superado a Brasil como el país con mayor deforestación del mundo, el nuevo presidente Joko Widodo ha respaldado una agenda favorable a los derechos comunitarios sobre la tierra, elaborada por AMAN, y ha tomado medidas para frenar la tala ilegal y la deforestación.
Los expertos presentes en la presentación coincidieron en que el Banco Mundial tenía un papel destacado que desempeñar, especialmente porque en 2015 debía poner en marcha el primer mercado mundial de carbono forestal.
«Durante siglos, los gobiernos han entregado los bosques de los pueblos indígenas para abastecer el siguiente auge de productos básicos, ya sea de caucho, aceite de palma, ganado o soja», afirmó White.
«El mercado del carbono es el siguiente producto básico mundial procedente de los bosques tropicales y, una vez más, existe un riesgo importante de que no se reconozca a los pueblos indígenas como propietarios del bosque».
El progreso en la garantía de los derechos sobre la tierra ha sido más lento en el África subsahariana, pero hay señales positivas, afirmó RRI.
Liberia cuenta con una política progresista sobre los derechos a la tierra que sitúa los derechos consuetudinarios al mismo nivel que los derechos legales, mientras que Tanzania está reforzando los derechos de las mujeres sobre la tierra y Uganda ha anunciado planes para emitir un millón de títulos de propiedad de tierras a fin de impulsar la propiedad consuetudinaria de la tierra.
Sin embargo, la realidad sobre el terreno suele ser distinta, afirmó Silas Siakor, del Liberia’s Sustainable Development Institute.
«Necesitamos mucha más solidaridad mundial e instrumentos jurídicos mundiales en los que podamos confiar, para no tener que depender de nuestros propios gobiernos», afirmó Siakor.
El gobierno de Liberia, que basó el desarrollo económico del país en el aceite de palma, sigue entregando tierras a empresas sin prestar mucha atención a los derechos de las comunidades sobre sus tierras, afirmó.
Este artículo se publica en colaboración con Thomson Reuters Foundation. La publicación no implica el respaldo del Foro Económico Mundial a las opiniones expresadas.
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Autora: Astrid Zweynert es editora de Thomson Reuters Foundation.
Imagen: Un talador ilegal corta un árbol para convertirlo en tablones de construcción en un bosque al sur de Sampit, en la provincia de Kalimantan Central, Indonesia, el 14 de noviembre de 2010. REUTERS/Yusuf Ahmad
