Todos sabemos que se nos acaba el tiempo para hacer frente al cambio climático. Según las políticas climáticas vigentes y las previsiones de emisiones futuras del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, solo tenemos un 5 % de probabilidades de mantener el aumento de la temperatura mundial por debajo de 2 °C, niveles en los que las consecuencias siguen siendo manejables. Ahora se considera más probable que improbable que el calentamiento supere los 3 °C, lo que provocaría un gran aumento de los fenómenos meteorológicos extremos.
Nuestro sistema económico, que impulsa estas tendencias, es claramente insostenible. Con acciones y bonos en circulación por valor de 160 billones de dólares, la industria de los servicios financieros supervisa la economía mundial. Si logramos evitar los peores efectos del calentamiento global, necesitaremos que los financiadores ayuden a costear la transición hacia una economía con bajas emisiones de carbono.
El cambio climático es perjudicial para las empresas. Según la Economist Intelligence Unit, las pérdidas previstas para las carteras de inversión debido al cambio climático, expresadas en dinero de hoy, se sitúan entre 4,2 y 13,9 billones de dólares. Las pérdidas serían mucho mayores en un mundo entre 4 y 6 °C más cálido. Estas estimaciones son conservadoras y no tienen en cuenta los costes sociales y políticos.
Sin embargo, aún es muy posible cambiar de rumbo. Las previsiones de la Agencia Internacional de la Energía indican que antes de 2050 se realizarán inversiones en infraestructura mundial de hasta 120 billones de dólares; la mayor parte de la actividad tendrá lugar en economías emergentes. Alinear estas inversiones con un futuro con bajas emisiones de carbono elevaría esta cifra en 44 billones de dólares, pero, una vez construida la infraestructura, la drástica reducción de los costes de combustible generaría ahorros reales a largo plazo de 74 billones de dólares.
Los inversores con una perspectiva a largo plazo no deberían considerar la financiación de la transición verde como un coste o una carga. Sin embargo, dado que muchos inversores son evaluados por su desempeño a corto plazo, tienen incentivos para seguir estrategias de más corto plazo. Los riesgos y las recompensas a largo plazo suelen quedar relegados. Además, quienes pueden tener en cuenta los riesgos a más largo plazo no disponen de suficientes oportunidades de inversión verde hacia las que redirigir su capital.
Nos enfrentamos a lo que el gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, denomina la «tragedia del horizonte». Los riesgos del cambio climático surgirán en el futuro, pero tenemos que actuar hoy para mitigarlos. Los primeros pasos para garantizar que las finanzas estén alineadas con la transición hacia una economía con bajas emisiones de carbono consisten en cuantificar los riesgos climáticos que afrontará la industria en el futuro y trasladarlos al presente. Para ello, debemos recurrir a las políticas públicas.
Materialización de los riesgos climáticos
Aunque los riesgos físicos del cambio climático —que podrían elevar los costes de los recursos, reducir la productividad laboral y provocar pérdidas de ventas— se manifestarán sobre todo en el futuro, las nuevas normativas que aún se derivan del Acuerdo de París de 2015 (COP21) hacen que los inversores comiencen a lidiar con los «riesgos de transición» del cambio climático, que son más inmediatos.
Los riesgos de transición pueden materializarse hoy y reducir los incentivos para financiar empresas con uso intensivo de carbono. Incluyen desde un posible precio futuro del carbono y restricciones a las actividades con uso intensivo de carbono hasta la aparición de tecnologías disruptivas y un aumento de los litigios. Los Estados que se han comprometido a cumplir el COP21 impondrán cada vez más políticas que penalicen las actividades perjudiciales para el medio ambiente y promuevan las que lo benefician.
Uno de los principales problemas a los que se enfrentan tanto los inversores como los reguladores es la falta de datos e indicadores para determinar la exposición precisa de las empresas a los riesgos climáticos y su impacto en el medio ambiente. Sin ellos, los inversores no pueden tomar decisiones para reequilibrar sus carteras y los reguladores no pueden diseñar políticas óptimas. Irene Monasterolo, profesora adjunta del Instituto de Economía Ecológica de la WU, afirma que disponer de políticas climáticas oportunas, coherentes y creíbles reduciría la incertidumbre del mercado y los riesgos para la estabilidad financiera.
Por ello, el Consejo de Estabilidad Financiera ha recomendado que los reguladores nacionales establezcan un marco para que las empresas y los gestores de activos divulguen su exposición a los riesgos climáticos y expliquen cómo planean mitigarlos. Exigir la divulgación de los riesgos ambientales es una parte esencial de la Ley de Transición Energética de Francia de 2015 (artículo 173) y pronto se aplicará en toda la Unión Europea.
Un estudio de Four Twenty Seven en colaboración con Deutsche Asset Management muestra el poder de divulgar datos. Gracias a la información sobre la ubicación de las operaciones, las ventas y las cadenas de suministro de las empresas, los investigadores pudieron calificar la exposición de los mercados mundiales de renta variable cotizada al riesgo climático físico —incluidas las 40 principales empresas de Francia— basándose en modelos climáticos mundiales.
La concienciación sobre el riesgo climático también está generando demanda de pruebas de resistencia de las carteras, y UniCredit SpA, Allianz y el Banco Industrial y Comercial de China están realizando análisis de escenarios. Entre los enfoques nuevos e innovadores para las pruebas de resistencia se encuentra la «modelización de redes bayesianas», dirigida por Riccardo Rebonato, profesor de Finanzas en EDHEC Business School, que ofrece una forma coherente desde el punto de vista lógico e intuitiva de abordar sucesos inciertos.
Aunque las mejores herramientas de evaluación de riesgos son esenciales, no bastan. También necesitamos una mayor cantidad de proyectos verdes viables para que los inversores puedan financiar la transición hacia una economía con bajas emisiones de carbono. Las políticas públicas también desempeñan aquí un papel esencial.
Desarrollo de mercados de bonos verdes
La OCDE estima que alrededor del 60 % de los 2,3 billones de dólares de financiación climática que necesitan Estados Unidos, la Unión Europea, China y Japón hasta 2035 se basará en deuda. El creciente mercado de bonos verdes aprovecha el mercado de bonos de 100 billones de dólares y respalda los préstamos verdes bancarios. El año pasado, se emitieron bonos verdes etiquetados por valor de 155.000 millones de dólares, más de un 80 % por encima de 2016. El sector podría alcanzar un billón de dólares en nuevas emisiones al año a principios de la década de 2020.
Los bonos verdes son como los bonos ordinarios, pero incluyen un mandato específico y verificado que establece que los fondos deben destinarse a actividades sostenibles. Desde 2007, bancos de desarrollo, Estados soberanos y empresas han emitido bonos verdes; entre los emisores de alto perfil figuran Ørsted, Apple y el metro de Nueva York. Los bancos comerciales también emiten bonos verdes para captar capital destinado a conceder préstamos a pymes y resolver sus desajustes de pasivos.
Los bonos verdes financian las energías renovables, el transporte con bajas emisiones de carbono, los edificios eficientes desde el punto de vista energético y la gestión sostenible del agua; es decir, proyectos que implican instalar tecnologías probadas con elevados costes iniciales, pero que generan flujos de caja estables y a largo plazo. Son una opción natural para los fondos de pensiones y las aseguradoras, que tienen pasivos a largo plazo.
Los proyectos de infraestructura a largo plazo como estos suelen ser muy sensibles al coste de la financiación. Las políticas que reduzcan estos costes aumentarían considerablemente el atractivo de poner en marcha proyectos con bajas emisiones de carbono. Aunque las finanzas verdes abarcan más que los bonos verdes, ampliar el mercado de estos bonos es la vía más rápida para hacer crecer el sector en su conjunto.
Una opción es aumentar la emisión de bonos públicos. El Banco Europeo de Inversiones y el Banco de Desarrollo de China son grandes emisores de bonos verdes, al igual que el estado de California y la República Francesa. Los fondos que captan los emisores públicos a tipos bajos pueden utilizarse para financiar obras públicas, ofrecer financiación subvencionada a empresas verdes o financiar mejoras crediticias para conjuntos de proyectos más arriesgados. Los tres usos atraerían capital privado adicional. La emisión soberana debería ampliarse rápidamente.
Los gobiernos también podrían colaborar con los fondos de pensiones del sector público para dirigir su capital al mercado de bonos verdes y reducir el coste del capital. Exigir que los fondos públicos posean bonos verdes soberanos y corporativos recordaría algunas características del primer mercado de bonos del mundo, creado en la Venecia del siglo XIII. Los prestiti eran préstamos obligatorios a largo plazo que los ciudadanos concedían al Estado veneciano para financiar sus guerras contra el Imperio bizantino. En 1261, en virtud de la Ligato Pecuniae, Venecia reunió todas sus deudas en un fondo permanente que pagaba un interés del 5 % y permitió a los ciudadanos negociarlo en mercados secundarios. La medida no solo democratizó las finanzas al ampliar la base de acreedores, sino que también las alineó con los objetivos del Estado.
Los bancos centrales modernos, con mandatos revisados, podrían desempeñar un papel fundamental en el desarrollo del mercado de bonos verdes siguiendo una línea similar. Su capacidad para comprar y mantener bonos soberanos y comerciales puede influir en el nivel de inversión de la economía.
Sin embargo, para que las políticas de los bancos centrales tengan el máximo efecto, debemos aprender de la experiencia posterior a la crisis. Philippa Sigl-Glöckner, que trabaja en la visualización de los sistemas financieros en el Imperial College London, ha creado un gráfico impactante que muestra hasta qué punto las inyecciones de dinero del BCE han permanecido dentro del sistema financiero de la zona del euro. Según el Deutsche Bundesbank, la financiación externa de la economía real de la zona del euro se ha mantenido estable desde 2015, a pesar de las compras de activos por valor de 2,3 billones de euros (expansión cuantitativa) del BCE. El vínculo entre la expansión cuantitativa y la inversión real parece bastante tenue.
Para que tenga éxito, la expansión cuantitativa verde debe ir acompañada de nuevas emisiones de bonos verdes por parte de gobiernos y bancos de desarrollo que hayan reservado fondos para inversiones verdes específicas. Los Estados que controlan su moneda pueden emitir tanta deuda, financiada por bancos centrales o por el sector privado, como sea compatible con sus brechas del producto, una inflación baja y modelos de riesgo adecuados. Por supuesto, no toda la nueva deuda pública puede reservarse para inversiones verdes ni toda expansión cuantitativa debe ser verde. Sin embargo, dados los riesgos para la estabilidad financiera que plantean las inversiones con altas emisiones de carbono, hay buenos motivos para que una parte considerable de las compras de activos de los bancos centrales corresponda a bonos verdes.
Como parte del Estado, el banco central está exento de la «aversión miope a las pérdidas» que, según los economistas, guía el comportamiento inversor y eleva los costes de financiación. Por tanto, puede ser una fuente adicional de capital paciente a largo plazo y bajo coste, al tiempo que fomenta la liquidez y la confianza del sector privado en el mercado de bonos verdes.
Los reguladores también pueden utilizar políticas macroprudenciales para desincentivar los préstamos bancarios a industrias insostenibles mediante el aumento de los requisitos de capital para los bancos que lo hagan en exceso. Sin embargo, la inestabilidad financiera puede darse en cualquier dirección, y es importante que los bancos centrales eviten apoyar en exceso la economía verde y alimentar una burbuja perjudicial en el sector.
Es hora de actuar
Aunque actualmente vamos rezagados en nuestros esfuerzos por combatir el cambio climático, aún está en nuestras manos evitar lo peor. Una industria de servicios financieros que conozca y asuma los riesgos de la inacción y disponga de numerosos proyectos hacia los que redirigir su capital aceptará el desafío. Los responsables de formular políticas también deben desempeñar su papel y crear las condiciones para que pueda producirse la transición verde.
