El Acuerdo de Escazú, un tratado histórico que garantiza los derechos ambientales en América Latina y el Caribe y ofrece protecciones especiales a los defensores de los derechos humanos ambientales, fue firmado hoy por 12 países durante el 73.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, número suficiente para asegurar que avanzará y entrará en vigor una vez ratificado. El primer día de apertura para la firma, Antigua y Barbuda, Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatamala, Guyana, México, Panamá, Perú, Santa Lucía y Uruguay firmaron el acuerdo, y se esperan más firmas a lo largo del día.
El histórico tratado, también conocido como Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales, o LAC P10, está diseñado no solo para proteger a los defensores ambientales, sino también para facilitar que casi 500 millones de personas accedan a la información, participen en los procesos de toma de decisiones que afectan sus vidas y exijan cuentas a los intereses poderosos.
“Trágicamente, el año pasado fueron asesinados cuatro defensores ambientales cada semana y el 60 por ciento de estas muertes se produjeron en América Latina. Debemos hacer mucho más para proteger a las personas, sus tierras y sus derechos”, afirmó Andrew Steer, presidente y director ejecutivo de World Resources Institute. “El Acuerdo de Escazú tiene el potencial de reducir considerablemente los conflictos y ampliar los derechos de todas las personas. Esto enviará un mensaje claro a toda la región: todas las personas deberían tener derecho a un medio ambiente sano sin temer por sus vidas.”
El Principio 10, conocido como el principio de democracia ambiental, se adoptó en 1992 como parte de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Un proceso para adoptar un acuerdo regional sobre el Principio 10 para América Latina y el Caribe comenzó en 2012, en Río+20. El 4 de marzo de 2018, tras seis años de negociaciones, 24 países adoptaron el texto del Acuerdo de Escazú—el primer tratado jurídicamente vinculante sobre derechos ambientales de la región.
“Este histórico acuerdo demuestra el liderazgo regional de los países de América Latina y el Caribe y representa un gran paso adelante para mi país. Hacemos un llamamiento a todos los países de la región, incluido Chile, para que firmen el acuerdo y se sumen a una ratificación temprana”, afirmó Andrea Sanhueza, miembro de la coalición The Access Initiative en Chile.
World Resources Institute, en asociación con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, los gobiernos de Costa Rica y Chile, Open Society Foundations, The Access Initiative, CIVICUS, Derecho Ambiente Recursos Naturales (DAR), Amnistía Internacional y Namati, organizará esta noche un evento para celebrar este histórico logro.
