En todo el mundo, los mercados laborales están en desorden. El desempleo es elevado en muchos países, especialmente entre los jóvenes. Al mismo tiempo, muchas empresas afirman tener dificultades para encontrar trabajadores cualificados. Un número récord de personas se jubila, pero muchas preferirían seguir trabajando, al menos a tiempo parcial. Las tecnologías de la información han desplazado a trabajadores, aunque también han creado nuevos empleos.
Estas señales y tendencias contradictorias son síntoma de una serie de desajustes fundamentales entre lo que necesitan los empleadores y los talentos de quienes desearían contratar. Nunca ha habido tantas personas con formación superior en el mundo; sin embargo, las crisis en Europa, la lenta recuperación en Estados Unidos y el auge de las economías emergentes están poniendo de manifiesto deficiencias hasta ahora ocultas en el mercado laboral. Abordarlas exigirá una amplia gama de intervenciones políticas.
El problema comienza en el sistema educativo, que antes era más eficaz no solo para educar y formar a las nuevas generaciones, sino también para encauzarlas hacia trayectorias profesionales prometedoras. Lamentablemente, las escuelas y las universidades no han cambiado mucho en los últimos 30 años, a pesar de que el mundo del trabajo ha experimentado una transformación épica. La formación y la educación en línea han despegado en el ámbito empresarial, pero las universidades siguen resistiéndose. El encarecimiento de los costes también afecta gravemente a la accesibilidad de una educación de alta calidad para la mayor parte de la población.
Los jóvenes plantean dos conjuntos de desafíos distintos. En la mayoría de los países, la población de entre 16 y 30 años se divide en dos grupos muy diferentes. Algunos están muy formados pero, al encontrar difícil acceder a empleos acordes con sus competencias, engrosan las filas del subempleo. Otros han carecido de oportunidades educativas o han abandonado los estudios. En algunos países, toda una generación de jóvenes podría perderse porque los responsables políticos y las empresas son demasiado reacios a experimentar con nuevas ideas, conceptos y esquemas.
Mientras tanto, el rápido cambio tecnológico, que incluye la fabricación distribuida y el negocio digital, ha dejado sin empleo a muchas personas de entre 50-65 años. Como las empresas se apresuran a adaptarse a las cambiantes circunstancias del mercado, intentan reinventarse, lo que a menudo significa contratar a nuevos empleados con competencias diferentes. Tras perder sus empleos, relativamente bien remunerados, muchos trabajadores mayores se han jubilado de forma prematura o han pasado a ocupaciones mucho menos atractivas.
Se trata de un reto enorme, porque no es fácil reciclar profesionalmente a un gran número de personas desplazadas por la nueva tecnología. Tanto los gobiernos como las empresas tienen la responsabilidad de encontrar soluciones, lo que implicará gasto en educación y formación, así como el rediseño de los puestos de trabajo para adaptarlos a las competencias existentes.
Por último, uno de los desafíos más graves a los que se enfrentan las sociedades actuales es decidir qué hacer con decenas de millones de jubilados, a medida que la esperanza de vida sigue aumentando. Las personas mayores de 65 años pueden verse afectadas en ocasiones por un deterioro cognitivo, pero con frecuencia poseen competencias útiles y una gran experiencia. No tiene sentido desde el punto de vista financiero, social o económico excluirlas de la fuerza laboral, especialmente cuando muchas de ellas disfrutarían trabajando a tiempo parcial. Los gobiernos deben adaptar las leyes y la regulación para aprovechar plenamente este caudal de mano de obra experimentada, y las empresas necesitan pensar de forma creativa sobre cómo emplear de manera más eficaz a los trabajadores a tiempo parcial. Huelga decir que abordar este problema aliviaría también parte de la presión sobre los sistemas de pensiones.
La inmigración es otro fenómeno que debe gestionarse con cuidado. Es lamentable que, justo cuando flexibilizar las restricciones a la inmigración podría ayudar a los mercados laborales, el mundo asiste a un repunte de actitudes y políticas xenófobas. Los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil deben ejercer un liderazgo y ayudar al público a comprender cómo la inmigración puede –y de hecho lo hace– impulsar el progreso social y económico. En una economía global cada vez más sin fronteras, el sistema de Estados nacionales que hemos heredado impone demasiadas restricciones a la libre circulación de personas, muchas de las cuales son contraproducentes.
Un avance positivo es que la revolución feminista por fin empieza a notarse en el mercado laboral. La discriminación por razón de género sigue siendo un problema, pero cada vez se ve a un número mayor de mujeres ocupando puestos importantes. Las mujeres son la principal o la única fuente de ingresos en alrededor del 40% de los hogares estadounidenses con dos progenitores y al menos un hijo menor de 18 años. Es imperativo seguir aprovechando esta tendencia. Una reserva de talento más diversa y profunda es la clave para un crecimiento económico sostenible.
El caos en el mercado laboral no cederá hasta que los gobiernos y las empresas aborden un conjunto formidable de cuestiones relacionadas con la educación, las oportunidades para jóvenes y mayores, las virtudes y los desafíos de la inmigración, y las aspiraciones de las mujeres. Lamentablemente, estos temas suelen ser políticamente controvertidos. Por eso, los mercados laborales que funcionan bien exigen cada vez más tanto un liderazgo firme como mentes abiertas.
Este artículo se publica en colaboración con Project Syndicate. La publicación no implica que el Foro Económico Mundial respalde las opiniones expresadas.
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Autor: Mauro F. Guillén es director del Lauder Institute de la Wharton School.
Imagen: Personas que buscan empleo esperan a empleadores que ofrecen trabajo eventual. REUTERS/Mike Hutchings.




