La intersección entre el comercio y el trabajo es un tema que ha suscitado mucha atención en los últimos 12 meses. Desde el Brexit hasta las elecciones presidenciales de Estados Unidos, los políticos han tratado de explotar la idea de que el comercio —y, en particular, la liberalización comercial— tiene efectos negativos en las normas y las condiciones laborales.
Por supuesto, la liberalización comercial genera ganadores y perdedores. Varias industrias nacionales se han visto perjudicadas como resultado del aumento de la competencia mundial. También preocupa que, a medida que aumenta la movilidad mundial de bienes, servicios y capital, las bajas normas laborales de los países exportadores puedan socavar las normas más elevadas de los países importadores, lo que finalmente conduciría a una «carrera hacia el fondo».
En realidad, las pruebas empíricas que respaldan la teoría de la carrera hacia el fondo siguen siendo, en el mejor de los casos, ambiguas. No hay pruebas claras de que los bajos costes laborales mejoren significativamente el desempeño exportador o la inversión extranjera. Los costes laborales no suelen ser factores decisivos en las decisiones de inversión extranjera directa, en comparación con otros aspectos, como la productividad laboral y la estabilidad política.
Sin embargo, el relato tiene fuerza. La idea de que la liberalización comercial afecta negativamente a las normas de empleo en los mercados nacionales tiene un eco particular entre la población, y no sorprende que los políticos vuelvan a ella una y otra vez. Tampoco sorprende que la interacción entre los acuerdos comerciales y el trabajo haya ocupado a negociadores comerciales, analistas de políticas y académicos durante la mayor parte de los últimos 30 años.
¿Mejoras a la vista?
La cuestión central es si los acuerdos comerciales pueden o deben utilizarse para mejorar los derechos laborales y las condiciones sociales en todo el mundo. Quienes están a favor —en su mayoría, economías ricas y desarrolladas— sostienen, pese a las pruebas en contra, que promover las normas laborales a través del comercio responde a las preocupaciones por una carrera hacia el fondo. Según esta teoría, es más probable que las empresas trasladen sus actividades a países donde los costes laborales son bajos, lo que provoca pérdidas de empleo en el país de origen y la tentación de rebajar las normas laborales para conservar esos puestos de trabajo.
Asimismo, algunos han sostenido que existe el deber moral de utilizar los acuerdos comerciales para mejorar la situación de los trabajadores en el extranjero. Sin embargo, históricamente, un número considerable de países en desarrollo ha rechazado esta idea, aunque también ha asumido que unas normas laborales bajas pueden ofrecer una ventaja competitiva en el comercio. Consideran que los vínculos establecidos entre el comercio y el trabajo son mecanismos proteccionistas concebidos para eliminar una de las pocas ventajas que tienen los países en desarrollo en los mercados mundiales.
Por eso, los intentos de introducir normas laborales en las normas de la Organización Mundial del Comercio han sido rechazados sistemáticamente. Sin embargo, las principales economías, como la UE y Estados Unidos, han incorporado vínculos entre el comercio y el trabajo en acuerdos comerciales bilaterales y regionales.
Ambos justifican las disposiciones laborales con argumentos basados en valores. Estados Unidos afirma que la protección de los derechos de los trabajadores en los acuerdos de libre comercio (ALC) es un valor fundamental, mientras que la UE sostiene que esas disposiciones son un componente clave de su agenda basada en valores.
Aplicación
Los acuerdos negociados por la UE y Estados Unidos siguen un enfoque bastante similar. Ambos utilizan estos acuerdos para exigir a los países que cumplan las normas fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esto impide que esos países —por ejemplo, Colombia, Perú y Corea del Sur— modifiquen las normas laborales nacionales o dejen de aplicarlas para obtener una ventaja competitiva en el comercio o la inversión.
Entonces, ¿estos acuerdos terminan mejorando los derechos laborales y las condiciones en los territorios de los socios comerciales de la UE y Estados Unidos? Estados Unidos ha tenido cierto éxito a la hora de conseguir que sus socios comerciales emprendan reformas importantes de la legislación laboral nacional antes de la entrada en vigor de los ALC estadounidenses.
El Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia es un buen ejemplo. Estados Unidos decidió no ratificar el acuerdo hasta quedar satisfecho de que Colombia había adoptado varias reformas, desde mejoras en la aplicación de las leyes laborales hasta la protección de los dirigentes sindicales y la tipificación como delito de los actos antisindicales.
Un ALC firmado con la mayor economía del mundo es un poderoso incentivo, pero el historial de estos acuerdos tras su ratificación es mucho menos impresionante. La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos señala que la aplicación de los requisitos sobre normas laborales incluidos en los ALC estadounidenses ha sido deficiente. Esto se debe en parte a la falta de mecanismos de aplicación: solo se ha dictado un laudo arbitral en relación con una infracción laboral en virtud de un ALC estadounidense. También han faltado fondos y recursos destinados a la supervisión.
Al menos, los acuerdos estadounidenses permiten imponer sanciones comerciales. En los ALC de la Unión Europea, las disposiciones laborales están excluidas de la solución de controversias: no hay mecanismos coercitivos de aplicación si el socio comercial decide incumplirlas.
Eso podría explicar por qué el impacto de los ALC de la UE en las normas laborales ha sido, posiblemente, aún más limitado. La UE ha tenido que recurrir a la supervisión y a la cooperación amistosa para asegurarse de que sus socios comerciales cumplan las disposiciones laborales.
Las pruebas disponibles indican que el impacto ha sido limitado debido a la ineficacia de la supervisión y de la colaboración de la UE con las autoridades pertinentes y las organizaciones de la sociedad civil sobre el terreno.
Las críticas han surtido efecto. La UE ha presentado recientemente propuestas para mejorar la eficacia, pero la impresión que se desprende ahora es que existe una brecha entre la retórica y la acción. Tanto la UE como Estados Unidos han tratado de presentar los ALC como herramientas para promover las normas laborales y proteger a los trabajadores. Sin embargo, ninguno de los dos ha desarrollado la capacidad necesaria para hacerlos funcionar.
