En un importante cambio de política, Japón ha promulgado una ley para admitir a más trabajadores extranjeros de cuello azul y aliviar la escasez de mano de obra, pese a las críticas de que se elaboró con demasiada prisa y podría exponer a los trabajadores a la explotación.
La inmigración ha sido durante mucho tiempo un tema tabú en un país donde muchos valoran la homogeneidad étnica, pero la reducción y el envejecimiento de la población han aumentado la presión para flexibilizar los estrictos controles sobre los trabajadores extranjeros.
La legislación, aprobada por la Cámara Alta del Parlamento en las primeras horas del 8 de diciembre tras las tácticas dilatorias de los partidos de la oposición, entrará en vigor en abril. Crea dos nuevas categorías de visados para trabajadores de cuello azul en sectores que afrontan una grave escasez de mano de obra.
Una categoría es para trabajadores que pueden permanecer hasta cinco años, pero no traer a sus familiares. La otra es para extranjeros más cualificados, que pueden traer a sus familiares y quizá lleguen a reunir los requisitos para obtener la residencia.
La ley no especifica detalles como cuántos trabajadores extranjeros serán admitidos, qué sectores estarán incluidos ni qué competencias se necesitarán. Esta es una de las razones por las que legisladores de la oposición afirman que debería haberse dedicado más tiempo a redactar la legislación.
El Gobierno ha afirmado que se permitirá la entrada de hasta 345.150 trabajadores de cuello azul en cinco años. Inicialmente, se había considerado la cifra de 500.000.
El primer ministro Shinzo Abe está deseoso de responder a las demandas de las empresas, que afrontan el mercado laboral más ajustado de las últimas cuatro décadas.
Pero también teme provocar la ira de los conservadores de su partido, que temen que un mayor número de extranjeros provoque un aumento de la delincuencia y conflictos culturales.
Por ello, ha insistido en que las nuevas medidas no constituyen una «política de inmigración» y ha recalcado, en cambio, la necesidad de cubrir las carencias del mercado laboral.
Pero los críticos afirman que el Gobierno debería aceptar la necesidad de residentes extranjeros a largo plazo, no solo para cubrir puestos de trabajo, sino también para pagar impuestos y gastar dinero, y debería elaborar mejores planes para integrarlos.
«Para el Gobierno nacional, los residentes extranjeros son personas olvidadas... y quienes se quedan son la excepción», afirmó Toshihiro Menju, director ejecutivo del centro de estudios Japan Center for International Exchange.
Los cambios han avivado la preocupación de que se perpetúen los defectos de un programa de «formación técnica» introducido en la década de 1990. Los críticos consideran que ese programa es una vía encubierta y explotadora para recurrir a mano de obra extranjera no cualificada, y quieren que se suprima.
«Como el programa de formación adquirió mala fama, simplemente le están cambiando el nombre», afirmó Yohei Moriwake, director de una organización sin ánimo de lucro en Akitakata, una ciudad rural del suroeste de Japón que quiere atraer a más extranjeros para frenar el declive de su población.
Japón cuenta con unos 1,28 millones de trabajadores extranjeros, más del doble que hace una década y alrededor del 2 % de la fuerza laboral. Unos 260.000 son aprendices procedentes de países como Vietnam y China, que pueden permanecer entre tres y cinco años.
Las empresas japonesas están interesadas: una encuesta de Reuters mostró que tres cuartas partes acogían favorablemente los cambios previstos; sin embargo, los votantes están divididos respecto a la nueva legislación.
Una encuesta de noviembre de la cadena pública NHK mostró que el 27 % estaba a favor, el 30 % en contra y el 36 % no se había decidido.
La mayoría, un 62 %, consideraba que no había necesidad de apresurar la aprobación de la reforma durante este período de sesiones del Parlamento, que termina el lunes.
