Los inmigrantes en EE. UU. que tienen ofertas de trabajo suelen solicitar autorización laboral. Pero, según un nuevo estudio realizado por académicos del MIT y la Universidad Brown —que también sugiere una posible solución al problema—, es menos probable que se aprueben esas solicitudes para inmigrantes de América Latina que para los de otras regiones. El estudio concluye que esta disparidad regional no existe cuando los funcionarios examinan los casos con mayor detenimiento.
«Esto podría tener importantes implicaciones tanto para comprender la desigualdad [en materia de inmigración] como para pensar en cómo poner a prueba soluciones que mitiguen algunos de estos sesgos demográficos», afirma Emilio J. Castilla, profesor asociado de la MIT Sloan School of Management y coautor de un nuevo artículo que detalla los hallazgos.
El estudio muestra que, durante un período reciente de más de tres años, el Gobierno federal de EE. UU. aprobó alrededor del 91 por ciento de las solicitudes de certificación laboral de inmigrantes asiáticos y el 90 por ciento de las de inmigrantes canadienses, pero solo el 67 por ciento de las solicitudes de inmigrantes latinoamericanos. El estudio controla las variaciones en los salarios ofrecidos y los títulos de los puestos; las características de las empresas que hacen las ofertas; y el historial de visas de los inmigrantes en cuestión.
Ben A. Rissing, PhD ’13, autor de correspondencia del artículo, realizó el trabajo junto con Castilla. Rissing comenzó a recopilar datos para el estudio cuando estaba en el MIT; actualmente es profesor asistente visitante en Brown.
Curiosamente, los investigadores también descubrieron que el patrón de una mayor tasa de rechazo entre los solicitantes latinoamericanos no se observa en los casos en que el Gobierno de EE. UU. realizó una «auditoría» de la solicitud de certificación laboral, es decir, cuando los agentes evaluaron la solicitud mediante documentación de respaldo detallada. En esos casos (alrededor del 13 por ciento del total), no hay un patrón evidente de inconsistencia regional en las decisiones sobre autorización laboral.
«Descubrimos que, cuando el Gobierno audita las solicitudes y recopila documentación de respaldo detallada sobre algunas de estas personas, el proceso resulta muy justo», afirma Rissing. «No observamos diferencias al respecto según el país de ciudadanía de las personas».
¿Una posible solución?
El artículo «House of Green Cards: Statistical or Preference-Based Inequality in the Employment of Foreign Nationals» aparece en el último número de American Sociological Review.
Para realizar el estudio, Castilla y Rissing examinaron aproximadamente 198.000 solicitudes de certificación laboral presentadas ante el Departamento de Trabajo de EE. UU. entre junio de 2008 y septiembre de 2011. Estas solicitudes constituyen una etapa inicial clave en la concesión de la mayoría de las tarjetas de residencia basadas en el empleo. Los casos correspondían a inmigrantes de 190 países y a unas 68.000 empresas estadounidenses que ofrecían trabajo a los inmigrantes. Todos los casos son revisados por funcionarios federales que trabajan en el mismo lugar.
Los inmigrantes de Asia representaban alrededor del 66 por ciento de los aproximadamente 198.000 solicitantes, y los de América Latina, cerca del 15 por ciento del total, seguidos por Europa (8 por ciento), Canadá (5 por ciento), Oriente Medio (3 por ciento), África (2 por ciento) y Oceanía (menos del 1 por ciento).
La mayoría de las solicitudes correspondía a casos en los que el inmigrante había conseguido un empleo en una de cuatro industrias: tecnología de la información, manufactura avanzada, educación y finanzas.
Sin embargo, el patrón de desigualdad geográfica también se extendía a otras ocupaciones: el estudio concluye que los inmigrantes de Asia que buscan trabajo en EE. UU. como cocineros y trabajadores de la construcción tienen, respectivamente, un 42 por ciento y un 81 por ciento más de probabilidades de que se aprueben sus solicitudes que los inmigrantes de América Latina que buscan trabajo en esos campos.
Según señala Castilla, una ley federal de 1990 establece que «ningún criterio de evaluación debe referirse al país de origen» de los inmigrantes. Sin embargo, esa información demográfica figura en cada solicitud, aunque se indica a los funcionarios del Gobierno que no utilicen los datos sobre el país de origen al revisar los casos.
En el artículo, Castilla y Rissing reconocen que no pueden descartar «una heterogeneidad no observada en las cualificaciones de los inmigrantes o en las características de las solicitudes», lo cual podría contribuir a explicar la distribución desigual de las aprobaciones. Los autores también subrayan que agradecerían más estudios empíricos sobre el tema.
Los investigadores creen que un par de posibles soluciones podrían conducir a un sistema de solicitudes con mayor paridad geográfica.
«Una posible solución al tipo de resultados que observamos… sería auditar todas estas solicitudes y, por tanto, evaluarlas con información detallada sobre el empleo», afirma Rissing. Sin embargo, tanto él como Castilla reconocen que esto probablemente supondría costos adicionales y cargas administrativas para el Gobierno federal.
Como alternativa, señalan los investigadores, ocultar simplemente los datos sobre el país de origen durante la revisión de cada solicitud podría ofrecer una solución relativamente económica al problema actual.
Este artículo se publica en colaboración con MIT News. La publicación no implica que el Foro Económico Mundial respalde estas opiniones.
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Autor: Peter Dizikes escribe para la Oficina de Noticias del MIT.
Imagen: Luces ultravioleta iluminan los elementos de seguridad de un pasaporte colocado en un dispositivo de validación de pasaportes de la policía federal en Berlín, el 25 de abril de 2012. REUTERS/Thomas Peter
