Los confinamientos por la COVID han planteado preguntas fundamentales sobre los desplazamientos al trabajo y sus costes en tiempo, dinero y salud.
La COVID ha eliminado la necesidad de que los empleados financien sus propios desplazamientos al trabajo, democratizando así el acceso al empleo.
Las partes interesadas deben preguntarse a quién corresponde la responsabilidad de hacer asequibles los desplazamientos y, por tanto, accesibles los puestos de trabajo.
¿Qué responsabilidades tienen los empleadores a la hora de apoyar los desplazamientos al trabajo de su plantilla?
Hay excelentes ejemplos de empleadores que facilitan los desplazamientos al trabajo, pero a los pequeños empleadores, los empleadores no tradicionales, los trabajadores contratados y los autónomos les resulta mucho más difícil ofrecer las mismas ventajas de movilidad.
Para esos grupos que no disfrutan de ventajas de movilidad para ir al trabajo, el transporte y el acceso a los empleos son otro obstáculo más, especialmente durante la COVID.
¿Cuál es el futuro de la movilidad?
En algunas empresas tecnológicas, los empleadores ofrecen asignaciones para que sus empleados equipen sus espacios de trabajo remoto. Otras empresas incentivan la vuelta al trabajo ofreciendo prestaciones de movilidad adicionales que facilitan los desplazamientos.
En sectores como la banca de inversión, no es raro que los empleados reciban una asignación para volver a casa en taxi después de trabajar muchas horas. Irónicamente, estas personas podrían pagar fácilmente un viaje en Uber de su propio bolsillo. Para la mayoría de los empleados que cobran por hora, a menudo no se aplican las mismas prestaciones, y muchos trabajadores esenciales de los sectores alimentario y sanitario pertenecen a este grupo.
Desde el inicio de la pandemia, los empleadores han respondido a estas preguntas, aunque de manera desigual. Algunos reconocen su responsabilidad de apoyar los desplazamientos de su plantilla. Al reconocer su responsabilidad de dar a sus empleados la oportunidad de proteger su salud y la de sus seres queridos, otros han ayudado a empleadores de sectores no esenciales a establecer alternativas a los desplazamientos a la oficina durante el último año.
Aunque algunas empresas han intentado que sus empleados vuelvan a la oficina, en muchos lugares de trabajo sigue entendiéndose que los empleados tienen derecho a elegir los riesgos a los que se exponen para llegar al trabajo, aunque ello pueda tener un coste para la productividad colectiva.
La COVID ha eliminado la necesidad de que los empleados financien sus propios desplazamientos al trabajo, democratizando así el acceso al empleo. Este cambio histórico abre un debate más amplio: ¿de quién es la responsabilidad de garantizar un acceso asequible al empleo, si por asequible entendemos que respete la dignidad, la seguridad, las finanzas y el tiempo?
El desplazamiento al trabajo como obstáculo para el empleo
Abundan las preguntas sobre los desplazamientos al trabajo y la responsabilidad: ¿Debería el sector público ayudar a subvencionar soluciones de transporte para las comunidades desatendidas a fin de combatir el desempleo? ¿Deberían los empleadores cuidar tanto de sus empleados con salarios más bajos como de quienes más ganan? ¿Deberían las empresas contratistas garantizar apoyo para la movilidad de los trabajadores esenciales que emplean, para que puedan seguir prestando sus servicios cualesquiera que sean las circunstancias? Los guardias de seguridad serían un ejemplo.
La facilidad o dificultad del desplazamiento al trabajo afecta al rendimiento y la salud de los trabajadores, así como al tiempo que permanecen en la empresa. El desplazamiento es una parte tácita del trabajo que carece de reconocimiento financiero, social o medioambiental. Para muchas personas no hay compensación económica por desplazarse al trabajo; es solo el tiempo y la energía que inviertes para conservar tu empleo.
Desde el punto de vista medioambiental, es una fuente de contaminación y congestión del tráfico que pasa inadvertida. Pero, como sociedad, podemos optar por no perpetuar esta realidad disfuncional.
Cuando financiar los desplazamientos al trabajo conviene económicamente a la empresa
En algunos sectores, puede ser relativamente fácil cuantificar el coste de que un empleado no pueda hacer horas extra. Por ejemplo, los asociados de los bufetes de abogados registran las horas facturables.
Sin esa asignación para un taxi a altas horas de la noche —es decir, si simplemente dijeran que no se sienten cómodos volviendo a su barrio en transporte público a esas horas y, por tanto, redujeran sus horas—, las bonificaciones y la remuneración total de los empleados serían proporcionalmente menores, al igual que los ingresos de la empresa.
Algunos asociados facturan más de 1.000 dólares por hora. Algunos bufetes cobran además una tarifa para que un asociado supervisor revise y apruebe el trabajo. Las cuentas son sencillas: un viaje de 30 dólares y una cena de 50 pueden generar un enorme retorno de la inversión para la empresa.
Las mismas cuentas se complican mucho más en el caso del conserje que llega a las 22:00 para limpiar la oficina antes de la mañana siguiente sin molestar a los socios directores ni distraer a los clientes que pagan mucho. Pero ¿no tiene esta persona el mismo derecho a no poner en peligro su seguridad, «solo» para conservar su empleo, ya sea por el beneficio económico de la empresa o por cualquier otro motivo?
De cara al futuro
La COVID-19 ha dejado clarísimos los riesgos que corre todo el mundo cada vez que entra en un espacio cerrado. Y, sin embargo, pese al uso de mascarillas para poder seguir con nuestras vidas en cierta medida, el mundo ha llegado en gran parte al consenso de que la COVID-19 era lo bastante peligrosa como para justificar que no se obligara a la gente a desplazarse a la oficina.
El mundo tiene ahora una enorme oportunidad de aprendizaje. Al reevaluar los desplazamientos al trabajo, vemos que quizá durante décadas hemos dejado pasar oportunidades de aumentar considerablemente el retorno de la inversión para el desarrollo económico mundial mediante reformas empresariales. Hemos dado los primeros pasos para democratizar los desplazamientos al trabajo: sigamos por buen camino.
