EE. UU. podría enfrentarse a otro cierre del Gobierno federal. El presidente Donald Trump quiere 5.700 millones de dólares para financiar un muro fronterizo con México. Los demócratas, que tomaron el control de la Cámara de Representantes en las elecciones de mitad de mandato de noviembre, se niegan a concedérselos. Pero ¿cómo puede un desacuerdo político sobre un solo asunto paralizar por completo el Gobierno federal?
¿Por qué se producen los cierres?
Todo se remonta a la Constitución, la ley fundacional de Estados Unidos, que entró en vigor en 1789.
Esta dividió el Gobierno de EE. UU. en tres poderes: el legislativo (el Congreso, dividido en el Senado y la Cámara de Representantes); el ejecutivo (el presidente); y el judicial (el Tribunal Supremo y otros tribunales federales).
Es fundamental que la Constitución otorgó al Congreso la autoridad exclusiva para decidir en qué se podía gastar el dinero y estableció: «No se extraerá dinero del Tesoro si no es en virtud de asignaciones autorizadas por ley» (Constitución de Estados Unidos, artículo 1, sección 9, cláusula 7)
Las dos cámaras del Congreso —el Senado y la Cámara de Representantes— deben aprobar 12 proyectos de ley de asignaciones presupuestarias para distribuir fondos entre distintas agencias y departamentos del Gobierno, normalmente antes del 1 de octubre de cada año. Si alguna de las cámaras se niega a aprobar un proyecto, se puede acordar una prórroga a corto plazo. De lo contrario, el dinero deja de fluir.
El presidente puede vetar un proyecto de ley, pero no modificarlo. Así que, si discrepa con el Congreso sobre un asunto concreto, sus opciones son aprobar o bloquear el proyecto en su conjunto.
¿Qué sigue funcionando?
Cada cierre es ligeramente distinto, según los proyectos de ley de asignaciones presupuestarias que queden atrapados en el enfrentamiento legislativo.
En virtud de la Ley Antideficiencia, ninguna agencia o departamento del Gobierno de EE. UU. puede gastar dinero ni suscribir contratos a menos que se hayan asignado todos los fondos; deben «pagar a medida que se reciben los fondos». Las únicas excepciones son las operaciones esenciales para la seguridad de la vida humana o la protección de bienes.
Por eso, los agentes federales del orden, el personal militar en servicio activo, los controladores aéreos, el personal de seguridad aeroportuaria y los médicos y enfermeros de los hospitales federales deben seguir trabajando.
El servicio postal se financia de forma independiente, por lo que el correo se sigue repartiendo.
Las prestaciones públicas, como la Seguridad Social y Medicaid, pueden verse afectadas, pero en el cierre más reciente siguieron pagándose.
Es fundamental que los servicios prestados por los distintos estados y municipios, y no por el Gobierno federal, no se ven afectados. Así que las escuelas están abiertas, la policía local y los servicios de bomberos funcionan, y la mayoría de los servicios de salud operan con normalidad.
Además, el Congreso y la Casa Blanca han protegido su financiación, así que allí todo sigue como siempre.
¿Qué servicios cierran?
Cualquier servicio gubernamental que no se considere esencial para la vida y la protección de bienes corre el riesgo de cerrar.
Esto incluye gran parte del trabajo de departamentos gubernamentales como los de Seguridad Nacional, Estado, Tesoro, Transporte y Justicia, así como decenas de agencias, como la NASA, la Agencia de Protección Ambiental, el Servicio Meteorológico Nacional y el Servicio de Impuestos Internos. Esto puede afectar a una amplia variedad de actividades, desde las inspecciones de alimentos y la investigación científica hasta los tribunales de inmigración y las solicitudes de préstamos empresariales.
Los programas federales de asistencia, como los cupones de alimentos y la ayuda a las comunidades indígenas estadounidenses, podrían suspenderse según la duración del cierre.
Los parques nacionales y los museos podrían verse obligados a cerrar (a menos que los voluntarios puedan mantenerlos abiertos).
Muchas organizaciones tienen que funcionar con personal mínimo, por lo que, incluso cuando los programas gubernamentales siguen operando, su alcance suele reducirse y se acumulan retrasos burocráticos.
¿Qué les ocurre a los empleados públicos?
Los empleados públicos son quienes más sufren las consecuencias. Muchos deben trabajar sin cobrar (aunque reciben el pago al final del cierre). En el cierre más reciente, 420.000 empleados —entre ellos, agentes de seguridad aeroportuaria, agentes del FBI, agentes de la patrulla fronteriza, guardias penitenciarios y guardacostas— tuvieron que presentarse a trabajar sin cobrar o arriesgarse a perder su empleo.
A otros empleados se les suspende temporalmente y se les envía a casa sin sueldo. Puede que finalmente reciban o no el pago, según la voluntad política.
También se envía a casa a los contratistas independientes que trabajan para el Gobierno. Es muy poco probable que se les pague por el trabajo perdido.
Durante los cierres prolongados, a veces los empleados sin sueldo empiezan a llamar diciendo que están enfermos en grandes cantidades, ya sea como protesta o para buscar otro trabajo con el que mantener a sus familias. Se sabe que otros han recurrido a los bancos de alimentos, y el Congreso ha aprobado resoluciones que instan a los bancos y a las entidades hipotecarias a mostrar indulgencia con los empleados federales que atraviesan dificultades económicas.
¿Con qué frecuencia se producen los cierres?
Desde 1981 se han producido 13 cierres, tras un cambio en la interpretación jurídica de la Ley Antideficiencia. La mayoría solo duró unos días. Las excepciones fueron los cierres de 1995-1996 (21 días), 2013 (16 días) y el más reciente, que, con 35 días, fue el más largo registrado.
¿Cómo puede terminar un cierre?
Las dos cámaras del Congreso y el presidente deben llegar a un acuerdo para que el dinero vuelva a fluir. Que esto implique un compromiso o que una de las partes ceda por completo depende del panorama político; en los cierres prolongados, la opinión pública suele ser el factor decisivo.
El cierre más reciente no terminó con un compromiso permanente, sino con un acuerdo para reabrir temporalmente el Gobierno mientras continuaban las negociaciones.
¿Por qué no ocurren en otros lugares?
Los cierres del Gobierno son un fenómeno exclusivamente estadounidense. En la mayoría de los sistemas parlamentarios, no aprobar un presupuesto provocaría la caída del Gobierno y, a continuación, la convocatoria de nuevas elecciones o el nombramiento de un nuevo Gobierno. En otros sistemas presidenciales, el poder ejecutivo puede anular o disolver el poder legislativo si se produce un bloqueo.
¿Cuáles son las consecuencias?
Se ha estimado que el coste económico del cierre más reciente asciende a 11.000 millones de dólares. Aunque parte de esa cantidad se recupera cuando el dinero vuelve a fluir, el impacto en los trabajadores, las empresas y los proyectos gubernamentales puede ser devastador.
El daño más duradero puede ser para la reputación, tanto de Estados Unidos en su conjunto como de los políticos a quienes los votantes decidan culpar. Ese es el riesgo que está sopesando el presidente Trump.
