El presidente francés Emmanuel Macron se comprometió recientemente a aprobar una nueva ley para combatir las noticias falsas percibidas como tales, lo que ha suscitado inquietud en algunos sectores por su posible impacto en la libertad de expresión.
Las noticias falsas no son nada nuevo: probablemente siempre ha habido noticias deliberadamente inexactas. Sin embargo, podría decirse que eran menos frecuentes antes de internet, porque tendían a ser contenidas por los organismos reguladores de los medios, las leyes contra la difamación y los controles editoriales de las redacciones.
En cierta medida, esto sigue siendo así; en el Reino Unido, por ejemplo, la Organización Independiente de Normas de Prensa (IPSO) ha tramitado 28.645 quejas por inexactitud desde su creación, hace cuatro años, y ha determinado que su disposición sobre la exactitud se incumplió en 174 casos.
Sin embargo, Twitter, Facebook y otros sitios de redes sociales han estado en gran medida al margen de esta regulación, debido a la preocupación por la libertad de expresión individual. Los editores exclusivamente digitales también han logrado eludir la mayoría de las normas tradicionales aplicables a los medios. Como las redes sociales, en particular, han crecido rápidamente, las noticias falsas se han vuelto más difíciles de controlar y más sensacionalistas.
Esto se ha notado especialmente en la política, como en las recientes elecciones presidenciales de Francia y Estados Unidos, aunque es difícil determinar el impacto de las noticias falsas. Por tanto, cuando se habla de tomar medidas contra las noticias falsas, básicamente se habla de regular la prensa en línea y las redes sociales: la cuestión es hasta dónde debería llegar la regulación y de qué manera.
El marco actual
La regulación de los medios tradicionales es bastante compleja y fragmentada. En el Reino Unido, el sector de la prensa se autorregula principalmente de forma voluntaria a través de la IPSO, que utiliza el Código de Prácticas de los Editores para resolver las quejas presentadas por las víctimas.
En lo que respecta a las noticias falsas, el artículo 1 del Código exige que la prensa no publique «información o imágenes inexactas, engañosas o distorsionadas, incluidos titulares que no estén respaldados por el texto». Sin embargo, las medidas correctivas son limitadas: a los infractores normalmente se les pide que rectifiquen o publiquen disculpas. Además, las decisiones no son jurídicamente vinculantes, aunque en la práctica los editores casi siempre las acatan.
En el sector de la radiodifusión del Reino Unido, el organismo regulador es Ofcom. En este caso, las noticias falsas están contempladas en la sección cinco del Código de Radiodifusión. Esta exige a las emisoras informar sobre las noticias con «la debida exactitud y la debida imparcialidad»; su incumplimiento dará lugar a acciones legales, sanciones económicas o, en los casos más graves, a la suspensión o revocación de la licencia de radiodifusión.
Las redes sociales han quedado exentas de estas normas. En teoría, los editores web están regulados por la IPSO, pero en la práctica el organismo cuenta con pocos miembros que publiquen exclusivamente en la web. No obstante, todas las declaraciones en línea siguen sujetas a las leyes contra la difamación, así como al derecho penal si la información inexacta contiene odio racial o religioso u otros elementos ofensivos.
Además, existe regulación a escala de la UE mediante la Directiva de servicios de comunicación audiovisual de 2007. Esta armonizó las leyes de los Estados miembros en este ámbito y estableció un régimen que distingue entre los «servicios audiovisuales» con programación, como la BBC; los «servicios a petición», como Netflix; y las «redes sociales con contenido generado por los usuarios», como Twitter.
En particular, los servicios audiovisuales —también conocidos como «servicios lineales»— tienen la obligación de asumir la responsabilidad editorial, mientras que las redes sociales están excluidas de esta obligación. La prensa, ya sean periódicos o publicaciones en línea, y los blogs privados ni siquiera están comprendidos en la directiva, salvo en lo relativo a sus elementos audiovisuales.
Ante la creciente influencia de los contenidos en línea, la Comisión Europea modificó recientemente la directiva. Esto refuerza ligeramente las obligaciones de los medios en línea al fomentar la autorregulación o la corregulación de las plataformas en línea. En cuanto a la exactitud, la directiva modificada exige que las plataformas en línea actúen de manera responsable, pero se trata de una disposición bastante general, con poco contenido específico.
En resumen, en lo que respecta a las noticias falsas, las normas de la UE siguen dejando las redes sociales y las publicaciones en la web relativamente poco reguladas. Una vez más, los principales recursos son las leyes generales contra la difamación o el derecho penal.
Qué hacer
La propuesta del presidente Macron se propone regular las noticias falsas independientemente de dónde se publiquen. Apenas ha explicado cómo lo haría.
Una opción sería introducir una regulación de contenidos en el ámbito en línea, pero eso plantearía varias preguntas. Para empezar, desde el punto de vista jurídico, no es fácil definir qué son las noticias falsas. El propio término sugiere que hay intención, pero ¿cómo distinguirla del hecho de que desde hace mucho tiempo se ha permitido que los medios cometan errores para cumplir sus funciones democráticas, siempre que hayan hecho esfuerzos responsables por investigar los hechos de las noticias?
En segundo lugar, la cuestión de la libertad de expresión no desaparece. Se espera un mayor grado de libertad de expresión en las redes sociales porque estos sitios son una fuente alternativa esencial de noticias, libre del control de los poderes empresariales. Reforzar la regulación en este ámbito podría ahogar el animado debate en línea.
De hecho, el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos protege la libertad de expresión y solo permite restricciones por motivos de interés público. Cualquier intento de restringir el discurso político podría llevar a la intervención del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del que es muy posible que el Reino Unido siga formando parte después del Brexit.
Junto con la percepción de que las redes sociales tienen menos influencia que los medios tradicionales, la importancia de la libertad de expresión en las redes sociales parece haber convencido hasta ahora al Reino Unido de no intentar introducir una regulación.
Uno de los fundamentos de la libertad de expresión fue expuesto por el gran pensador liberal John Stuart Mill. Argumentó convincentemente hace más de 150 años que el debate sin restricciones contribuye al descubrimiento de la verdad. Si aceptamos esto, volvemos a la situación actual: mientras las noticias falsas no causen otros daños aparentes a las personas, en contraposición al clima político, quizá no haga falta regular las redes sociales más allá de las leyes generales contra la difamación y el derecho penal.
Quizá todo lo que debamos, o incluso podamos, hacer sea confiar, como Mill, en que la verdad acabará aflorando del debate y que, por tanto, un entorno en línea sólido se corregirá por sí mismo.
