En todo el mundo, más de 2.000 millones de personas dependen del sector informal para trabajar.
La pandemia de COVID-19 y la crisis climática han tenido importantes repercusiones económicas en este grupo, pero suele ser el más difícil de alcanzar con ayuda.
La prevención suele ser la mejor cura: invertir antes de que lleguen las perturbaciones y las crisis para fortalecer la resiliencia, escriben tres expertos del Instituto de Recursos Mundiales.
La pandemia de COVID-19 ha causado grandes dificultades sanitarias y económicas, y ocurre en paralelo a un año de catástrofes impulsadas por el clima.
Los habitantes de África Oriental sufren escasez de alimentos tras la peor invasión de langostas en 70 años. El ciclón Amphan, en el este de la India, causó daños estimados en 13.200 millones de dólares y dejó a 500.000 personas sin hogar. La malnutrición aumenta con rapidez en Guatemala tras la sequía y los confinamientos relacionados con el coronavirus; un problema agravado por las inundaciones provocadas por los huracanes Iota y Eta, que han devastado otras zonas del país.
Es probable que las repercusiones económicas tanto de la crisis climática como de la del coronavirus se sientan con mayor intensidad en un grupo en particular: las más de 2.000 millones de personas que dependen del sector informal para ganarse la vida.
De las tres de cada cinco personas que trabajan en el sector informal en todo el mundo, muchas ya sobreviven a duras penas en países con alto desempleo. Quienes viven en zonas urbanas pueden trabajar como vendedores ambulantes o recolectores de residuos; en zonas rurales, en la agricultura o en actividades relacionadas. Por lo general, el sector informal opera al margen de los sistemas gubernamentales de tributación de los ingresos y regulación, lo que dificulta especialmente que sus trabajadores accedan a la ayuda pública. Los trabajadores del sector informal suelen vivir al borde del desastre. Tienden a tener muy pocos ahorros, así que cuando sobreviene una emergencia como el coronavirus o un fenómeno meteorológico extremo, a menudo les siguen el hambre y la falta de vivienda.
Para ayudar a los países a afrontar las repercusiones económicas mundiales del cambio climático y el coronavirus, el Centro de Finanzas Sostenibles del WRI trabaja con funcionarios del Ministerio de Finanzas de Guatemala, el Ministerio de Economía de Fiji y los Ministerios de Finanzas de los estados indios de Tamil Nadu, Madhya Pradesh y Sikkim. En los tres países, los trabajadores informales representan la mayoría de la fuerza laboral: 88 % en India, 80 % en Guatemala y 60 % en Fiji.
A medida que los gobiernos y los donantes diseñan y ejecutan programas de ayuda —incluida la ayuda relacionada con la pandemia y la financiación climática—, será fundamental dirigirse al sector informal. Aquí compartimos algunos de los primeros desafíos y las lecciones que empiezan a surgir de nuestro trabajo con los ministerios.
Por qué es tan difícil hacer llegar ayuda a los trabajadores informales
Aunque los gobiernos trabajan para frenar los peores efectos económicos de los confinamientos relacionados con la COVID-19, es difícil que lleguen a los trabajadores informales y migrantes que operan al margen de la economía formal.
Los trabajadores informales a menudo no tienen cuentas bancarias, lo que dificulta las transferencias de fondos. Puede que no paguen impuestos sobre la renta, por lo que las desgravaciones fiscales no sirven como apoyo. Es más probable que las medidas de alivio y los paquetes de estímulo de los gobiernos beneficien al sector formal y a los segmentos más privilegiados de países como Guatemala, Fiji e India, en lugar de a quienes más los necesitan, lo que agrava las desigualdades existentes.
La falta de datos sobre los trabajadores informales y el lugar donde viven dificulta aún más los esfuerzos por ayudarlos. A menudo carecen de domicilio formal o de ingresos rastreables, por lo que es más probable que queden fuera de los censos que orientan el gasto público.
La evidencia de crisis económicas anteriores muestra que quienes trabajan en el sector informal sufrirán efectos económicos más duraderos. El cambio climático agravará aún más el problema.
Además de los efectos de la COVID-19, los trabajadores informales soportan los mayores costos de las repercusiones del cambio climático. Las actividades económicas del sector informal son más vulnerables a las amenazas relacionadas con el clima, como las inundaciones que afectan a las viviendas informales o las sequías en zonas sin riego. Los trabajadores informales rurales de India y Guatemala han emigrado a las ciudades desde regiones afectadas por sequías e inundaciones, después de que se agotaran los empleos estacionales en cultivos comerciales.
Fortalecer la resiliencia de los trabajadores informales
Dadas las dificultades que afrontan los trabajadores informales, es importante diseñar estímulos financieros que tengan en cuenta a estos segmentos, a menudo numerosos, de la fuerza laboral. Ya empiezan a surgir lecciones sobre algunas formas de hacerlo.
Para empezar, será fundamental aprovechar las redes, los programas y las instituciones existentes para llegar a estos trabajadores a corto plazo. En India, los programas actuales destinados a apoyar en tiempos normales a los trabajadores informales y sus dependientes se están viendo desbordados rápidamente. La Ley Nacional de Garantía del Empleo Rural Mahatma Gandhi de India es la mayor red de protección social del país y ha experimentado un enorme aumento de la demanda durante la pandemia. Reforzar estos canales establecidos con financiación adicional puede ser una de las formas más rápidas de llegar a los trabajadores informales.
Hay algunos aspectos positivos en la respuesta de los gobiernos al coronavirus de los que pueden aprender los ministerios de Finanzas y Economía. Por ejemplo, en Colombia, el gobierno facilitó de forma proactiva la apertura de 2 millones de cuentas bancarias para quienes antes no tenían ninguna, a fin de que más personas pudieran recibir asistencia social por medios digitales en lugar de en persona.
También hay ámbitos en los que se podría canalizar la financiación climática no solo para prepararse ante los efectos del clima, sino también para atender las necesidades sanitarias actuales. En India, más de 40.000 centros de salud públicos, muchos ubicados en zonas remotas y al servicio de trabajadores agrícolas informales, carecen de electricidad. La financiación climática internacional y nacional —por ejemplo, la del Fondo Verde para el Clima mundial o, a nivel nacional, la del Fondo Nacional de Adaptación al Cambio Climático— puede utilizarse para desarrollar sistemas de energía renovable que suministren electricidad a los centros de salud. Estos proyectos podrían aumentar la resiliencia del sistema sanitario y ampliar el acceso a la energía de manera ambientalmente sostenible.
Los trabajadores informales que se han trasladado a ciudades de Guatemala suelen vivir en asentamientos sin infraestructura ni servicios básicos. En estos asentamientos, el 18 % de la población carece de acceso al agua municipal, mientras que otro 9 % sufre escasez de agua porque la pandemia interrumpe la distribución habitual mediante camiones cisterna. Además, 260 de los 314 asentamientos informales cercanos a ciudades guatemaltecas están expuestos a riesgos físicos, como los deslizamientos de tierra, cada vez más graves debido al cambio climático. Los proyectos financiados con recursos climáticos y centrados en la seguridad hídrica y la mejora de las viviendas informales en Guatemala fortalecerían la resiliencia tanto ante los efectos climáticos como ante las crisis sanitarias.
La paradoja de la prevención
El impacto grave y repentino del coronavirus nos ha recordado la precariedad de las condiciones de vida de quienes dependen del comercio informal y la necesidad de protegerlos mejor de las perturbaciones económicas.
Las pandemias y el cambio climático comparten una paradoja de la prevención. Las inversiones públicas en resiliencia a largo plazo frente a las perturbaciones exigen previsión por parte de los líderes y, en última instancia, son políticamente difíciles, ya que la prevención de desastres puede no mostrar efectos inmediatos y evidentes. Pero esta crisis demuestra que la forma más rentable de prepararse para los desastres es prevenirlos y prepararse, también en el caso de las personas más vulnerables.
Hace un año, la Comisión Global de Adaptación calculó que se necesitaban 1,8 billones de dólares en inversiones de financiación para la adaptación entre 2020 y 2030, a fin de evitar 7,1 billones de dólares en impactos negativos del cambio climático, como el colapso de infraestructuras, la disminución de la producción de alimentos y la pérdida de ingresos. Aunque entonces parecía una meta ambiciosa, los bancos centrales y los gobiernos ya han desplegado más de 15 billones de dólares en estímulos —y la cifra sigue aumentando— para corregir las perturbaciones económicas causadas por la pandemia. La necesidad de inversiones en resiliencia que sean inclusivas, aborden múltiples riesgos y se adapten al contexto es más apremiante y evidente que nunca. Es imperativo que estas inversiones no dejen a nadie atrás, especialmente a los miles de millones de personas que dependen del sector informal.
Desde febrero de 2019, el Centro de Finanzas Sostenibles del WRI ha establecido alianzas de tres años con el Ministerio de Finanzas de Guatemala y con los Ministerios de Finanzas estatales de Madhya Pradesh, Sikkim y Tamil Nadu, en India. Estas alianzas se centran en integrar la adaptación y ampliar el acceso a la financiación climática y su utilización.
