Sin programas de estímulo gubernamentales, cientos de millones de personas perderán sus medios de vida durante la pandemia.
La renta básica temporal y la cobertura sanitaria universal son ambas necesarias para apoyar a las personas durante este periodo.
Ya están dando resultados en algunos países; estos son los detalles.
Con más de 54 millones de casos de COVID-19 notificados en todo el mundo en el momento de redactar este artículo, muchos países se enfrentan a segundas oleadas del virus. La posibilidad de volver a imponer confinamientos y otras restricciones, si bien es necesaria para controlar la pandemia, podría tener consecuencias económicas y sociales devastadoras para millones de personas. Al mismo tiempo, muchos de los planes de estímulo gubernamentales iniciales que proporcionan asistencia monetaria de emergencia a los más vulnerables están llegando a su fin.
Sin estos programas, cientos de millones de personas que perdieron sus empleos o que luchan por llegar a fin de mes en medio de la pandemia deben tomar decisiones difíciles sobre cómo utilizar sus limitados recursos. Para muchos, elegir entre gastar dinero en gastos médicos o en necesidades básicas como la alimentación y la vivienda es, literalmente, una cuestión de vida o muerte. Incluso si se mantienen estas protecciones sociales y económicas, la falta de servicios de salud ampliamente accesibles y asequibles significa que una sola factura médica podría llevar a una familia a la pobreza extrema.
Los responsables políticos deben combinar varias herramientas, incluidas tanto medidas inmediatas, como la renta básica temporal (RBT), como cambios urgentes, como lograr la cobertura sanitaria universal (CSU), en su respuesta. Solo así podremos recuperarnos de la pandemia y construir comunidades más resilientes y sostenibles.
Varios países de distintos niveles de ingresos ya han puesto en marcha programas exitosos para mitigar el impacto financiero de la pandemia de COVID-19. Un informe reciente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) afirma que las políticas de renta básica temporal pueden ayudar a proteger de los peores efectos de la crisis a las familias pobres que carecen de asistencia social o de protección por seguro.
El Gobierno colombiano, por ejemplo, introdujo el programa «Ingreso Solidario» para entregar recursos a 3 millones de hogares vulnerables adicionales. Mientras tanto, el Gobierno de Togo entregó más de 19,5 millones de dólares en transferencias digitales mensuales de efectivo a más del 12% de su población, en su mayoría mujeres que trabajan en el sector informal.
Pero la asistencia financiera temporal no es suficiente. Sin una atención sanitaria asequible, este tipo de programas inevitablemente fracasarán a la hora de estimular la economía y prevenir las dificultades económicas de las comunidades más pobres y vulnerables. El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, subrayó esta realidad en su reciente llamamiento a los países para que aumenten urgentemente la inversión en cobertura sanitaria universal para ayudar a poner fin a la crisis y reconstruirse de forma más sólida. Como él mismo expresó: «Una gran brecha en la cobertura sanitaria es una de las razones por las que la COVID-19 ha causado tanto dolor y sufrimiento».
Las mujeres, por ejemplo, representan el 89 % de la economía informal en el África subsahariana. Estos trabajadores informales, como los vendedores ambulantes o las trabajadoras domésticas sin protección social, podrían enfrentarse a enormes cargas financieras por los costos sanitarios que anularían cualquier beneficio económico de los programas de RBT. Incluso antes de la pandemia, 100 millones de personas caían en la pobreza extrema cada año por los costos de la atención sanitaria. La COVID-19 no ha hecho más que agravar esta crisis, con repercusiones desproporcionadas para las mujeres y otros grupos marginados.
A pesar de la asistencia a los ingresos, los trabajadores informales podrían renunciar a las pruebas de COVID-19 y contribuir sin saberlo a la propagación de la pandemia debido a la falta de servicios de salud asequibles y accesibles en muchas comunidades. Además, el estrés provocado por la COVID-19 está perturbando otros servicios sanitarios que salvan vidas en estas comunidades, como la vacunación infantil, el VIH, la tuberculosis, la malaria, la atención a la salud materna, la planificación familiar y el tratamiento de enfermedades no transmisibles como la diabetes y la presión arterial alta. Estos efectos en cadena se multiplican y podrían tener consecuencias nocivas a largo plazo para las personas, las comunidades y las economías nacionales.
Nadie debería verse obligado a elegir entre su salud y su seguridad financiera. Invertir en programas de renta básica temporal y en cobertura sanitaria universal es la mejor estrategia para la recuperación a largo plazo, al garantizar que las personas puedan acceder a los servicios de salud que necesitan sin enfrentarse a graves dificultades económicas. Y es posible hacer ambas cosas.
El PNUD constató que la mayoría de los programas de RBT costaría a la mayoría de los países en desarrollo mucho menos del 1% de su PIB al mes, al tiempo que proporcionaría beneficios sustanciales a las poblaciones vulnerables que necesitan ayuda para comprar productos de primera necesidad, como alimentos para sus familias.
Si bien los países han acordado trabajar para implementar la CSU antes de 2030, debemos acelerar este proceso para vencer esta pandemia y reconstruirnos más fuertes que antes. Por estas razones precisas, el secretario general Guterres ha esbozado cómo la inversión en la CSU ayudará a los países a afrontar de forma más eficaz el virus en sí, su perturbación de los servicios de salud esenciales y sus repercusiones socioeconómicas, al tiempo que contribuirá a la resiliencia social y económica a largo plazo.
Los estudios demuestran que lograr la CSU es un objetivo ambicioso pero alcanzable, incluso para los países más pobres del mundo. El acceso equitativo a una atención sanitaria asequible y de alta calidad es la base de sistemas de salud resilientes que pueden responder a futuras emergencias y prestar servicios esenciales tanto en tiempos de crisis como de calma.
La renta básica temporal puede mitigar algunos de los peores efectos de la COVID-19 en los hogares pobres, y la cobertura sanitaria universal es fundamental para garantizar sistemas de salud sólidos que no empujen a las personas a la pobreza, ahora y en el futuro. Ambas requerirán voluntad política e inversión, pero ahora no es momento de limitarlas ni de dar marcha atrás. Para responder de forma eficaz a la COVID-19, los países deben aplicar una combinación inteligente de medidas que acelere la recuperación económica y siente las bases de un desarrollo más equitativo, justo y sostenible. Solo así podremos proteger a los más vulnerables durante esta pandemia y prevenir futuras crisis sanitarias y económicas.
