Los gobiernos deberían inducir a los propietarios de restaurantes, bares y tiendas a tomarse unas vacaciones remuneradas, en lugar de ordenarles que cierren, escribe Daniel Gros, director del Centro de Estudios de Política Europea.
Este pago a tanto alzado apoyaría a las empresas y ayudaría a reducir la propagación del coronavirus.
Sería crucial vigilar la capacidad y las medidas de distanciamiento social de las empresas que sigan abiertas.
Una política así promete unos costos fiscales y sociales mucho menores y sería políticamente mucho más fácil de mantener durante los duros meses de invierno que se avecinan, considera Gros.
Muchos gobiernos europeos intentan combatir la segunda ola de la pandemia de COVID-19 imponiendo un «confinamiento ligero», que suele incluir limitaciones a la actividad de restaurantes, bares y algunas tiendas de productos no esenciales. El supuesto detrás de estos cierres parciales es que el riesgo de contagio es alto cuando la gente se reúne en espacios cerrados. Un estudio reciente publicado en Nature aporta más pruebas de que lugares como restaurantes, gimnasios y cafeterías pueden desempeñar un papel importante en la propagación del coronavirus.
Los cierres obligatorios han provocado fuertes protestas populares (especialmente en Francia e Italia), porque amenazan el sustento de muchos pequeños comerciantes y propietarios de restaurantes. Estos sectores ya estaban bajo presión del comercio electrónico antes de la pandemia, y muchos operadores marginales temen no poder sobrevivir ni siquiera a un segundo confinamiento ligero. Los gobiernos han intentado ayudar compensándolos por la pérdida de ingresos. Sin embargo, en muchos casos, la compensación ha llegado tarde, ha sido parcial y ha resultado difícil dirigirla a quienes son más vulnerables desde el punto de vista económico.
Sin embargo, los gobiernos quizá no necesiten recurrir a cierres obligatorios si consideran la alternativa de los impuestos o los subsidios. Hasta ahora, estas medidas fiscales no han desempeñado ningún papel en las llamadas intervenciones no farmacéuticas para combatir la pandemia, aunque podrían alcanzar los mismos objetivos de distanciamiento social.
En términos concretos, el gobierno podría anunciar un subsidio para cualquier propietario de una tienda o restaurante dispuesto a cerrar su establecimiento durante un período determinado (por ejemplo, de 1 a 3 meses). Sería mejor un cierre más prolongado, porque ayudaría a mantener bajas las infecciones por COVID-19 durante el resto del invierno.
Una vez que haya cerrado una gran proporción de las tiendas, los responsables de las políticas tendrían que evitar que las restantes se llenaran más. Pero ya regulaban el hacinamiento antes de las nuevas restricciones por la segunda ola, al pedir a los clientes que mantuvieran una distancia mínima entre sí. Esta regulación debería mantenerse de la forma más sencilla posible, exigiendo un mínimo de metros cuadrados de espacio por cliente.
Así, el gobierno podría empezar por fijar un subsidio como suma global por metro cuadrado, pagado por adelantado al propietario de cualquier establecimiento dispuesto a cerrar durante varios meses (para las compras o el consumo en el local). Seguirían permitiéndose los servicios de comida para llevar y las ventas en línea. Los operadores calcularían entonces sus oportunidades en otros canales de venta. Para quienes tengan menos capacidad de adaptación, aceptar el subsidio podría ser la mejor opción.
En principio, sería preferible realizar una subasta inversa en la que los comerciantes indicaran el precio por el que estarían dispuestos a cerrar. El gobierno podría celebrar rondas sucesivas hasta lograr la reducción deseada del espacio comercial. Pero quizá simplemente no haya tiempo suficiente para organizarla ahora.
Existe una discrepancia similar entre los intereses sociales y privados en relación con el cambio climático. La mayoría de los economistas reconoce que un impuesto pigouviano sobre las emisiones de gases de efecto invernadero —llamado así por el economista británico Arthur Pigou— puede lograr la reducción deseada de emisiones con más eficiencia que la regulación directa de las actividades contaminantes. Los responsables de las políticas también deberían aplicar esta lección al control de la pandemia.
En el caso del cambio climático, los responsables de las políticas coinciden en general en que un impuesto sobre las emisiones es más apropiado que un subsidio por no emitir. Pero, para controlar la pandemia, no está tan clara la elección entre impuestos y subsidios.
En un artículo de 1960, el economista y premio Nobel Ronald Coase sostuvo que, siempre que puedan ignorarse los costos de transacción, la solución eficiente a un problema que implique una diferencia entre los costos sociales y privados debería ser independiente de la asignación de los derechos de propiedad. Para el control de la pandemia, el gobierno representa los intereses de la sociedad y mantiene bajos los costos de transacción. La pregunta clave, entonces, es si el derecho a mantener abierta una tienda o un restaurante pertenece al propietario o a la sociedad. El hecho de que los gobiernos ofrezcan compensaciones durante los confinamientos indica que reconocen que la decisión de permanecer abierto debería corresponder al propietario. De ello se desprende que un subsidio destinado a alentar a restaurantes y tiendas a cerrar sería más apropiado que gravarlos.
En términos más prácticos, un subsidio por cierre ofrece varias ventajas. Compensaría por la pérdida de ingresos a las empresas más marginales con un costo fiscal razonable, al tiempo que reduciría las interacciones sociales en tiendas y restaurantes. El subsidio por cerrar la actividad presencial debería resultar especialmente atractivo para los comercios y restaurantes en apuros, cuyos propietarios son más proclives a protestar contra los confinamientos obligatorios. Además, evitaría que los responsables de las políticas tuvieran que establecer distinciones arbitrarias entre bienes esenciales y no esenciales.
Otra ventaja de este enfoque a más largo plazo es que animaría a los pequeños comerciantes a modernizarse (o a abandonar el mercado). De ese modo, los responsables de las políticas podrían ayudar a vencer la fuerte resistencia al cambio estructural en este sector.
La lección está clara: mientras la segunda ola de la pandemia amenaza a Europa, los gobiernos deberían cambiar de estrategia e inducir a los propietarios de restaurantes, bares y tiendas a tomarse unas vacaciones remuneradas, en lugar de ordenarles que cierren. Una política así promete unos costos fiscales y sociales mucho menores y sería políticamente mucho más fácil de mantener durante los duros meses de invierno que se avecinan.
