En los extensos suburbios periféricos de Bangkok, el Hogar de Emergencia ofrece un refugio seguro, con atención en situaciones de crisis y alojamiento para adolescentes como Fern, que se encuentran embarazadas inesperadamente, desesperadas y sin otro lugar adonde ir. Fern tiene 18 años; la más joven de aquí apenas tiene 13, y las demás residentes tienen edades intermedias.
Aunque Tailandia está clasificada como un país de ingreso mediano alto y aspira a alcanzar la condición de país plenamente desarrollado en los próximos 20 años, las cifras de embarazos adolescentes siguen siendo elevadas. Cerca de 1,6 millones de bebés nacieron de madres adolescentes en los últimos 15 años, con un aumento del 54 % entre 2000 y 2014. En Tailandia, como en tantos países de Asia y el Pacífico, es difícil acceder a una educación sexual integral y esencial a una edad temprana, así como a servicios de salud sexual y reproductiva para jóvenes.
Hace diez meses, Mae Esparcia, de 30 años, dio a luz a su primer hijo en Cavite, Filipinas. Después del parto, Esparcia, trabajadora de una fábrica de prendas de vestir, decidió empezar a tomar píldoras anticonceptivas, que recibió gratuitamente en su lugar de trabajo. A millones de otras filipinas también les gustaría planificar el momento y el tamaño de sus familias, pero no pueden hacerlo en un contexto sociocultural que desde hace mucho tiempo es hostil a la planificación familiar, incluida la anticoncepción moderna, que el 18 % de las mujeres casadas necesita y no puede obtener.
Múltiples dimensiones de la desigualdad, millones de mujeres afectadas
Estas son solo dos mujeres cuyas historias, junto con las de millones de personas en Asia-Pacífico y en todo el mundo, ilustran cómo las desigualdades siguen siendo el núcleo del desafío de acceder a una salud y unos derechos sexuales y reproductivos óptimos, sobre todo para las personas más vulnerables y marginadas.
Las disparidades económicas son solo un aspecto de la desigualdad. También intervienen muchas otras dimensiones —sociales, raciales, políticas e institucionales— que, en conjunto, obstaculizan el progreso de las personas marginadas. Dos factores críticos son la desigualdad de género y las desigualdades en el ejercicio de los derechos y la salud sexual y reproductiva.
Si no abordamos estas desigualdades, muchas mujeres y niñas seguirán atrapadas en un círculo vicioso de pobreza, capacidades mermadas y derechos humanos y potencial sin realizar; no solo en los países en desarrollo, donde las brechas siguen siendo mayores, sino también en los países desarrollados, donde persisten focos importantes de desigualdad.
Por ejemplo, por lo general, el 20 % más rico tiene el mayor acceso a la atención de la salud sexual y reproductiva, mientras que el 20 % más pobre tiene el menor. Además, en Asia-Pacífico, las niñas del 20 % más pobre tienen casi cuatro veces más probabilidades de dar a luz entre los 15 y los 19 años. Las mujeres de zonas rurales tienen tres veces más probabilidades de morir durante el parto que las de zonas urbanas, mientras que el 43 % de los embarazos en los países en desarrollo no son planificados; las mujeres más pobres, con menor nivel educativo y de zonas rurales corren un riesgo especial.
El Índice Global de la Brecha de Género del Foro Económico Mundial mide las diferencias entre hombres y mujeres en el acceso a recursos y oportunidades, por ejemplo, en ingresos y participación en la fuerza laboral, educación, salud y empoderamiento político. De los 142 países incluidos en el índice en 2016, en 68 la brecha de género era mayor que el año anterior. Sin duda, las desigualdades en el acceso a la salud y los derechos sexuales y reproductivos contribuyen a estas brechas.
Tres mensajes, tres pasos
El informe emblemático de este año, Informe sobre el estado de la población mundial del UNFPA, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, expone todo esto con mucha claridad. «Mundos aparte: salud y derechos reproductivos en una era de desigualdad» presenta tres mensajes generales respaldados por datos irrefutables.
En primer lugar, si no reducimos las desigualdades en la salud y los derechos reproductivos de las mujeres, el mundo no logrará alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que sustentan la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y se verá obstaculizado el objetivo más importante, la reducción de la pobreza: el ODS 1. Cuando las mujeres pueden controlar su fertilidad, incluso evitando el matrimonio precoz o los embarazos no planificados, pueden completar sus estudios, incorporarse al mercado laboral remunerado y adquirir mayor poder económico.
En segundo lugar, debemos atender el llamado de los ODS a llegar primero a quienes se han quedado más atrás si queremos hacer realidad la prosperidad compartida. Esto no será posible sin que las personas y parejas de los sectores más pobres de un país tengan acceso a servicios de salud reproductiva y planificación familiar. Debemos dar prioridad a los adolescentes, poner fin al matrimonio infantil o precoz y prevenir los embarazos adolescentes. Los países con grandes poblaciones jóvenes pueden beneficiarse del «dividendo demográfico» mediante la inversión en educación y el aplazamiento de la maternidad y la paternidad, en beneficio de las generaciones futuras.
En tercer lugar, debemos poner en práctica un conjunto de medidas concretas que exigen que los gobiernos actúen junto con la sociedad civil y, cada vez más, en colaboración con el sector privado. Estas medidas incluyen derribar las barreras —leyes y normas discriminatorias o carencias en los servicios— que impiden a las adolescentes y mujeres jóvenes acceder a información y servicios de salud sexual y reproductiva. Es preciso llegar a las mujeres más pobres con atención esencial y vital durante el embarazo, la maternidad y el período neonatal. Además, debe satisfacerse toda la demanda insatisfecha de planificación familiar, dando prioridad a las mujeres más pobres.
Para Fern, de 18 años, una estudiante brillante de Bangkok, esto significa perseverar en su determinación de completar sus estudios y, finalmente, asistir a la universidad. Al reconocer las desigualdades que contribuyen al embarazo adolescente, el Gobierno de Tailandia ha aprobado, con el apoyo del UNFPA, un nuevo proyecto de ley destinado a mejorar la educación sobre salud sexual y reproductiva en todo el país, con la colaboración de todos los ministerios pertinentes.
Y para Mae Esparcia, de 30 años, en Filipinas, esto significa poder seguir obteniendo anticonceptivos a través de su empleador del sector privado, Hamlin, cuyo programa voluntario y confidencial de planificación familiar en el lugar de trabajo, con la orientación del UNFPA, le permite a ella y a miles de otros empleados —más del 75 % de ellos mujeres— tomar las riendas de su futuro. También es buen negocio: la elevada rotación de personal y las ausencias considerables debidas a embarazos no planificados afectan los resultados de Hamlin.
Cuando millones de mujeres sufren privaciones, el costo para las sociedades y las economías es elevado. Se reducen las perspectivas de hacer realidad los derechos humanos y de lograr una sociedad estable y justa, así como una economía inclusiva y sostenible.
Un rumbo alternativo, que aborde múltiples desigualdades, incluidas las relacionadas con la salud sexual y reproductiva, puede generar importantes beneficios, entre ellos mejoras en la salud, el desarrollo del capital humano y la erradicación de la pobreza.
La elección está clara: para Asia-Pacífico y para el mundo.
