Según datos del Banco Mundial, las facturas de alimentos aumentan más rápidamente en los países pobres que ya atraviesan una situación de sobreendeudamiento o corren un alto riesgo de caer en ella.
El peligro de una crisis simultánea de deuda y alimentos es mayor en siete países en particular: Afganistán, Eritrea, Mauritania, Somalia, Sudán, Tayikistán y Yemen.
Un primer paso para resolver esta situación debería ser ampliar la ayuda de emergencia: el Grupo Banco Mundial pondrá a disposición hasta 30.000 millones de dólares para mejorar la seguridad alimentaria en las economías en desarrollo durante los próximos 15 meses.
La reestructuración y el alivio de la deuda también deberían ser una prioridad urgente, y los responsables de formular políticas de todo el mundo tienen la obligación compartida de actuar con prontitud.
La guerra en Ucrania podría asestar pronto un golpe trágico a muchos de los países más pobres del mundo: muchos de los países que corren mayor riesgo de sufrir una crisis de deuda se enfrentan ahora también a la amenaza de una crisis alimentaria.
Las facturas de las importaciones de alimentos aumentan más rápidamente en los países pobres que ya atraviesan una situación de sobreendeudamiento o corren un alto riesgo de caer en ella, según los últimos datos del Banco Mundial. Se prevé que, durante el próximo año, el costo de las importaciones de trigo, arroz y maíz en estos países aumente en un valor equivalente a más del 1 % del PIB. Esto representa más del doble del aumento de 2021-2022 y, dado el tamaño relativamente reducido de estas economías, también duplica el aumento previsto para las economías de ingresos medios.
El peligro de una crisis simultánea de deuda y alimentos es mayor en siete países en particular, que corren un alto riesgo de sobreendeudamiento o ya atraviesan esa situación: Afganistán, Eritrea, Mauritania, Somalia, Sudán, Tayikistán y Yemen. Pero varios países de ingresos medios también corren riesgo, incluidos algunos que ya atraviesan una crisis simultánea de deuda y alimentos.
Una crisis alimentaria es devastadora por sí sola: la crisis alimentaria de 2008, por ejemplo, provocó un aumento de la malnutrición, sobre todo entre los niños. En los países pobres, llevó a las familias a vender objetos de valor del hogar para comprar alimentos. También hizo que las familias más pobres sacaran a sus hijos de la escuela, lo que provocó tasas de abandono escolar de hasta el 50 % entre los niños de esos hogares. Pero cuando una crisis alimentaria coincide con una crisis de deuda, sus efectos se agravan: la elevada deuda paraliza a los gobiernos locales y la ayuda internacional se convierte en la única salida.
Las economías más pobres son las más afectadas por la actual crisis alimentaria
Las economías más pobres —en particular las de África— dependen en gran medida de las importaciones de alimentos procedentes de Rusia y Ucrania. Hasta 25 economías africanas, incluidas varias de las más pobres, importan al menos un tercio de su trigo de esos dos países; en 15 de ellas, la proporción supera el 50 %. A corto plazo, hay pocas posibilidades de encontrar fuentes alternativas dentro de África: la oferta regional es relativamente reducida y, en cualquier caso, la infraestructura de transporte y la capacidad de almacenamiento son limitadas.
Además, la deuda ha ido convirtiéndose en un problema creciente para estas economías desde mucho antes de la pandemia de COVID-19. A finales de 2020, la deuda pública y la deuda con garantía pública de estas economías frente a acreedores extranjeros alcanzó la cifra récord de 123.800 millones de dólares, un aumento de casi el 75 % desde 2010. Los pagos del servicio de la deuda de estas economías representan ahora casi el 10 % de sus ingresos por exportaciones, frente a menos del 4 % hace una década.
Estos países ya estaban mal preparados para el impacto de la COVID-19, que llevó a muchos de ellos a una situación de sobreendeudamiento. Dado que este año tendrán que efectuar miles de millones en pagos del servicio de la deuda externa pública y con garantía pública, su capacidad para hacer frente a una crisis alimentaria inminente será prácticamente nula. Necesitarán ayuda del exterior.
Un primer paso debería ser ampliar la ayuda de emergencia a los países en riesgo. Durante los próximos 15 meses, el Grupo Banco Mundial pondrá a disposición hasta 30.000 millones de dólares para mejorar la seguridad alimentaria en las economías en desarrollo. Además, los líderes de los países del G7 se han comprometido a aportar 4.500 millones de dólares para el mismo fin. Los fondos internacionales deberían llegar a las personas en peligro inmediato, ayudando a los gobiernos a realizar transferencias monetarias focalizadas y rentables a los hogares más vulnerables. También deberían ayudar a los países en riesgo a realizar las inversiones necesarias para mejorar el acceso de los agricultores a los fertilizantes y transformar los sistemas alimentarios nacionales para que sean más productivos, eficientes y resilientes.
Además de ofrecer ayuda de emergencia, todos los países tienen la obligación compartida de no agravar la situación de los países que afrontan el mayor riesgo de una crisis alimentaria. Sin embargo, muchos ya están repitiendo los errores de la crisis alimentaria de 2008. Para contener los precios internos, demasiados países están imponiendo restricciones a las exportaciones de alimentos y fertilizantes. A principios de junio, 34 países lo habían hecho, una cifra cercana a la registrada durante la crisis alimentaria de 2008-2012. Estas medidas inevitablemente se vuelven en contra de quienes las adoptan y hacen que los precios de los alimentos se disparen en lugar de bajar.
Por último, para los países con cargas de deuda insostenibles, la reestructuración y el alivio de la deuda deberían ser una prioridad urgente. Un número cada vez mayor de países de bajos ingresos tendrá dificultades para pagar su deuda este año. Si se acercan a esa situación, deberían solicitar alivio en el marco del Marco Común del G20 para el Tratamiento de la Deuda. Hasta ahora, solo tres países lo han hecho, y el lento avance en sus casos podría disuadir a otros. El Banco Mundial y el FMI han propuesto varias opciones para acelerar el proceso y fomentar una participación más amplia de los acreedores privados.
Los países más pobres afrontan peligros que no habían conocido en décadas. Sin embargo, pocas situaciones son más devastadoras para los pobres que una crisis simultánea de deuda y alimentos. Por eso, los responsables de formular políticas de todo el mundo tienen la obligación compartida de actuar con prontitud y decisión para evitarla.
