En todo el mundo, las empresas y los gobiernos están unificando sus esfuerzos para desarrollar y distribuir una vacuna eficaz contra la COVID-19.
¿Pero es la única forma en que podemos poner fin a la pandemia?
Tres economistas destacados presentan la idea de que una estrategia de pruebas universales dirigida por el gobierno podría poner fin a la crisis en cuestión de meses.
La investigación para desarrollar una vacuna contra la COVID-19 segura, eficaz y ampliamente disponible avanza con rapidez. Pero no está claro cuándo ocurrirá. Mucho depende de cómo gobernamos la producción y distribución de nuevos medicamentos. Si bien el Grupo de Acceso a la Tecnología contra la COVID-19 promete fomentar la accesibilidad, pero la disponibilidad real de vacunas y tratamientos también dependerá de la capacidad de fabricación local, que en muchos países se ha visto erosionada por la desindustrialización.
Además, si bien las pruebas universales siguen siendo un método viable, rentable e inmediatamente disponible para gestionar la pandemia hasta que llegue una vacuna, este enfoque también requiere capacidad de fabricación y una gobernanza sólida orientada al interés público. Sin embargo, incluso en las economías avanzadas, la dependencia excesiva del sector privado puede impedir que los gobiernos maximicen la producción y el despliegue de pruebas. Por ejemplo, el gobierno británico ha propuesto un programa de pruebas de “moon shot”, pero su estrategia real necesita aclaración.
Un enfoque orientado a la misión requiere una perspectiva holística y de nivel sistémico, particularmente cuando se trata de “problemas perversos” como crisis de salud pública y el cambio climático, que implican una amplia gama de cuestiones socioeconómicas y tecnológicas complejas. La implementación de las pruebas universales requerirá contribuciones de una amplia red de actores e instituciones. Para ser verdaderamente eficaz, cualquier programa de este tipo debe diseñarse para generar resiliencia sistémica y valor público.
Como ha sido demostrado por el economista galardonado con el Nobel Paul Romer, el epidemiólogo Michael Mina, un reciente documento de trabajo del FMI, y muchos otros, un programa de pruebas universales debidamente diseñado podría poner fin a la pandemia en apenas unos meses. Los ingredientes que faltan son políticas industriales y otras medidas gubernamentales para coordinar y dirigir la producción, con el fin de eliminar los cuellos de botella a los que se enfrenta el sector privado.
La tecnología de pruebas necesaria de pruebas rápidas de inmunodiagnóstico – como las pruebas de antígenos basadas en saliva, similares a las de embarazo caseras y cuyo coste es inferior a $5 – ya existe. Aunque estas pruebas son subóptimas en sensibilidad en comparación con las pruebas estándar de reacción en cadena de la polimerasa (PCR), son lo bastante específicas para detectar infecciones a gran escala en entornos donde la prevalencia de la enfermedad es alta; y, lo que es crucial, no requieren instalaciones de laboratorio centralizadas.
Por lo tanto, con un diseño de programa deliberado que considere cuidadosamente las funcionalidades y limitaciones de la tecnología desplegada, las pruebas rápidas pueden permitir programas descentralizados de pruebas universales a nivel comunitario. Por ejemplo, las pruebas podrían ponerse a disposición de forma gratuita en farmacias locales, con la expectativa de que todos se hagan pruebas periódicamente y se aíslen si dan positivo. Los mismos kits podrían utilizarse como pasaportes “libres de infección” para acceder a espacios públicos como escuelas y lugares de trabajo. En este caso, probablemente surgiría un nuevo mercado, ya que aerolíneas, centros comerciales, restaurantes y cafés empezarían a comprar pruebas rápidas baratas para poder volver a la actividad.
Las pruebas rápidas pueden ayudar a ampliar y complementar la estrategia de pruebas universales que ya se está implementando a nivel local (como las pruebas obligatorias gratuitas en el MIT y Universidad de Georgetown en Estados Unidos, las pruebas semanales de los empleados en los lugares de trabajo alemanes, y la campaña de pruebas a toda la población en Wuhan).
Se deben lanzar estrategias similares a nivel nacional, especialmente en los países de ingresos bajos y medianos, donde la asequibilidad y la escalabilidad de las pruebas moleculares es baja. Muchos países tienen capacidad para producir un suministro suficiente de pruebas a un coste que palidecería en comparación con el que impone la pandemia. El número de pruebas necesarias a nivel mundial durante un año para abastecer un régimen de pruebas semanales equivaldría a menos de la mitad del número de latas de refresco consumidas al año. Además, la ampliación de la producción de pruebas de antígenos podría hacerse con relativa rapidez y supondría un esfuerzo menor en comparación con la movilización de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial.
Si bien se destinan miles de millones de dólares al desarrollo y la producción de vacunas, también debe destinarse financiación adicional al fortalecimiento de nuestra infraestructura de pruebas. A $5 por unidad, el coste de hacer pruebas a la población mundial cada semana ascendería a unos $2 billones. Es mucho menos que la pérdida de ingresos mundiales relacionada con la pandemia durante este periodo (medida por la diferencia entre las previsiones de crecimiento anteriores y posteriores a la pandemia) y el estímulo fiscal de lo que va de año, un total estimado de $20 billones. Y estas comparaciones no tienen en cuenta el coste de las vidas perdidas ni los beneficios potenciales de alcanzar nuevas economías de escala en la producción de pruebas: un efecto derrame que podría permitir la erradicación de la gripe estacional.
Existen, por supuesto, desafíos potencialmente importantes más allá de la producción. Por muy práctica que sea la prueba universal, cualquier esfuerzo de este tipo podría verse aún presionado si los gobiernos creen que deben elegir entre diferentes necesidades de producción de vacunas, medicamentos antivirales, equipos de protección personal y la ampliación de instalaciones médicas.
Pero las pruebas universales no deben considerarse un elemento aparte en una lista más amplia de prioridades. El objetivo de un enfoque orientado a la misión es crear capacidades dinámicas del sector público y fortalecer todo el sistema sanitario a la vez. La nueva capacidad de pruebas debe integrarse con los sistemas sanitarios nacionales y locales como parte de un diseño de programa más amplio, de modo que cada componente de la estrategia respalde a los demás.
De forma más general, la COVID-19 ha puesto de relieve la necesidad de un ecosistema industrial más resiliente y receptivo, capaz de aumentar rápidamente la producción de artículos esenciales. Incluso en las condiciones actuales, aumentar la producción de pruebas e implementar una estrategia de pruebas universales es viable y podría poner fin a la pandemia para finales de año, al tiempo que crea la infraestructura necesaria para prevenir futuras pandemias.
Todos los países deben adoptar una visión a más largo plazo y reforzar sus capacidades de fabricación. Al liderar en esta cuestión, los gobiernos pueden fortalecer las capacidades productivas locales y crear un nuevo tipo de bien común económico. El mismo enfoque orientado a la misión podría aplicarse después a la política científica y la estrategia industrial, sentando las bases para innovaciones más transversales y para el tipo de fabricación resiliente que será necesaria para abordar otros desafíos globales de gran complejidad. Los días en que podíamos depositar todas nuestras esperanzas en soluciones tecnológicas han quedado atrás.
