A pesar de su vital contribución a la sociedad, las familias migrantes son demasiado a menudo pasadas por alto, o excluidas abiertamente, en los planes de ayuda frente a la COVID-19.
Alcaldes de ciudades de todo el mundo están instando a los responsables de la toma de decisiones nacionales e internacionales a comprometerse con una respuesta equitativa a la pandemia y con su recuperación.
La pandemia ha revelado que integrar las voces de los líderes urbanos en la toma de decisiones internacionales es crucial para una gestión eficaz de las crisis.
Culpar a los inmigrantes y a los refugiados durante una crisis es una táctica antigua que utilizan demasiados países y sus gobiernos. Pero atacar a los extranjeros en medio de una pandemia mundial sin precedentes no solo es cruel e injusto, sino también miope. Esta deliberada ceguera ante las normas de derechos humanos y las necesidades de nuestras economías traiciona lo que exigen nuestros valores, lo que dictan nuestras conciencias y lo que requiere este momento tan excepcional.
Ante la COVID-19, lo último que deberíamos hacer es cerrar nuestras puertas a los inmigrantes, los solicitantes de asilo y los refugiados. Por el contrario, estas personas extraordinarias desempeñan funciones vitales en nuestras sociedades, como trabajadores esenciales en nuestros hospitales, sistemas de transporte público, instalaciones de fabricación, tiendas de alimentación y muchos otros ámbitos.
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Sin embargo, a pesar de sus contribuciones, las familias migrantes son demasiado a menudo pasadas por alto, o excluidas abiertamente, en los planes de ayuda frente a la COVID-19.
Nuestras tres ciudades son encrucijadas diversas del comercio y la cultura internacionales. Sabemos que la verdadera recuperación de los catastróficos daños económicos y sanitarios de la COVID-19 solo se producirá cuando se satisfagan las necesidades de todos los miembros de la sociedad, independientemente de su situación jurídica. Sin embargo, estamos viendo surgir una realidad preocupante: algunos gobiernos nacionales optan por aplicar respuestas discriminatorias ante la pandemia.
Sabemos que este enfoque injusto solo prolongará la crisis. Por ello, estamos ocupando el vacío dejado por los líderes nacionales y promoviendo políticas inteligentes, justas y morales que garanticen que las medidas de respuesta tengan en cuenta a todas las personas de nuestras ciudades, independientemente de dónde hayan comenzado su trayectoria. Como miembros del Consejo de Liderazgo del Mayors Migration Council, un grupo de alcaldes de todo el mundo dedicado a mejorar la política y la gobernanza en materia de migración, instamos a los responsables de la toma de decisiones nacionales e internacionales a unirse a nosotros en nuestro compromiso con una respuesta equitativa a la pandemia y con su recuperación.
Las pruebas de la insuficiencia de los planes nacionales de ayuda están por todas partes. La buena noticia es que las ciudades están tomando la iniciativa para reparar el daño causado por políticas deficientes. São Paulo trasladó su Consejo Municipal de Inmigrantes y Refugiados, elegido democráticamente, a foros en línea para seguir respondiendo a las necesidades de las comunidades migrantes. Freetown estableció una alianza con la Unión Europea para garantizar que las 350.000 personas que viven en los asentamientos informales de la ciudad, muchas de ellas migrantes internos, reciban apoyo. Y Los Ángeles creó el Fondo Angeleno para prestar asistencia financiera directa a quienes han quedado excluidos de las ayudas federales frente a la pandemia.
Los líderes nacionales y la comunidad internacional deberían seguir nuestro ejemplo. Las ciudades están desarrollando y aplicando en todo el mundo estrategias innovadoras de respuesta a la COVID-19 que pueden ampliarse y adoptarse mucho más allá de nuestros límites municipales. Pero nuestras acciones no pueden llevarse a cabo en el vacío. Los Estados controlan los regímenes de visados, las leyes laborales y el acceso a los servicios públicos, que influyen en lo bien, y en lo rápido, que podemos recuperarnos de esta crisis.
El Consejo Mundial de Migración de los Alcaldes ha participado en esfuerzos diplomáticos globales desde el inicio de la pandemia para dar visibilidad a soluciones locales que asisten a los migrantes internos e internacionales en ciudades de todo el mundo. Una respuesta verdaderamente exitosa debe contar con esfuerzos paralelos en todos los niveles de gobernanza. Instamos a los responsables de la toma de decisiones nacionales e internacionales a que construyan sobre nuestro trabajo dando tres pasos esenciales:
En primer lugar, garantizar un acceso seguro y equitativo a los servicios, independientemente de la situación migratoria, incluidos la atención sanitaria y las ayudas económicas.
En segundo lugar, facultar a los migrantes y refugiados para que formen parte de la solución a la COVID-19, incluso mediante la regularización de los trabajadores esenciales inmigrantes.
En tercer lugar, combatir la desinformación, el racismo y la xenofobia para reforzar la solidaridad comunitaria en todos los esfuerzos de respuesta y recuperación frente a la COVID-19.
La pandemia ha revelado que integrar las voces de los líderes urbanos en la toma de decisiones internacionales es crucial para una gestión eficaz de las crisis. Los alcaldes y las ciudades que representamos poseemos conocimientos vitales para el debate multilateral y la diplomacia. Para que la sociedad se recupere, nuestras instituciones mundiales y los gobiernos nacionales deben incluir a las comunidades migrantes y refugiadas en los esfuerzos de respuesta a la COVID-19, adoptar nuestras recomendaciones políticas y facilitar el acceso directo a fuentes de financiación flexibles para que podamos ampliar y mantener nuestros esfuerzos durante los años venideros.
Como miembros del Consejo Mundial de Migración de los Alcaldes, estamos dispuestos a ampliar nuestra misión diplomática y crear una coalición unificada para impulsar una acción global más audaz e inteligente en materia de migración. Juntos, como ciudades, naciones y comunidad internacional, podemos establecer un nuevo estándar de respuesta a las crisis inclusiva y pragmática que no deje a nadie atrás, ahora ni en el futuro.
