Según un nuevo estudio, la epidemia de opioides podría haber costado a los gobiernos estatales y federal de Estados Unidos hasta 37 800 millones de dólares en ingresos fiscales perdidos debido a la pérdida de empleo relacionada con los opioides.
Además, los investigadores constataron que Pensilvania fue uno de los estados con mayores pérdidas de ingresos, con aproximadamente 638,2 millones de dólares perdidos en impuestos sobre la renta y sobre las ventas. El estudio analizó datos entre 2000 y 2016.
Los resultados, publicados en la revista Medical Care, podrían ayudar a los gobiernos que buscan compensar los ingresos perdidos, afirma Joel Segel, profesor adjunto de política y administración sanitarias en Penn State.
«Este es un coste que quizá no se había considerado de forma tan explícita antes, y que los gobiernos podrían intentar recuperar», afirma Segel.
«En lugar de centrarse en el coste del tratamiento de personas con trastorno por consumo de opioides, se puede pensar en ello en términos de un posible beneficio al lograr que las personas se recuperen, vuelvan a ponerse en pie y se reincorporen a la población activa».
Investigaciones previas estimaron que, en 2016, casi 2,1 millones de estadounidenses padecían un trastorno por consumo de opioides y que aproximadamente 64 000 muertes se debieron a una sobredosis de opioides. Según el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas, solo en Pensilvania se registraron 2235 muertes por sobredosis relacionadas con opioides.
Si bien estudios previos han analizado el coste de la epidemia de opioides en términos de tratamiento por abuso de sustancias y otros costes médicos, Segal y los demás investigadores quisieron explorar otros costes que los estudios anteriores no habían recogido.
«Queríamos adoptar un enfoque sistemático para considerar parte de los ingresos fiscales que se pierden cuando alguien no puede trabajar debido al consumo de opioides», afirma Segel. «Esto podría ser una consideración importante para los presupuestos estatales o federales».
Los investigadores utilizaron datos de la Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas y Salud, así como información de un estudio previo que estimó la disminución de la población activa debida a la epidemia de opioides. Para calcular las pérdidas de ingresos fiscales, emplearon la calculadora TAXSIM de la Oficina Nacional de Investigación Económica.
Un análisis de datos de 2000 a 2016 mostró una disminución estimada de 1,6 millones de participantes en la población activa, de los cuales unos 68 000 correspondían a Pensilvania, y unas 180 000 muertes por sobredosis, de las cuales aproximadamente 6100 se produjeron en Pensilvania.
Además, los investigadores estimaron pérdidas de 11 800 millones de dólares para los gobiernos estatales y de 26 000 millones de dólares para el gobierno federal en ingresos fiscales debido a la reducción de la población activa. En el caso de los gobiernos estatales, esto incluyó la pérdida de ingresos por impuestos sobre las ventas y sobre la renta. Los ingresos perdidos por impuesto sobre la renta explicaron la totalidad de las pérdidas del gobierno federal.
Los resultados ayudan a demostrar el valor del tratamiento de las personas con trastorno por consumo de opioides y deberían tenerse en cuenta en la consideración y evaluación de los programas de tratamiento, afirma Segel.
«El estado de Pensilvania ha desarrollado algunos programas innovadores, y nuestros resultados son un factor que conviene considerar a la hora de implementar dichos programas», afirma Segel.
«Los programas de tratamiento no solo benefician al individuo y a la sociedad, sino que, si se tiene en cuenta el coste total de estos programas, los ingresos fiscales futuros podrían compensar una parte de ese coste».
La Mancomunidad de Pensilvania respaldó el estudio.
