La COVID-19 está poniendo de relieve las fisuras existentes en el sistema para las poblaciones más vulnerables del mundo.
Una renovada urgencia y un nuevo impulso para la movilización comunitaria podrían impulsar un renacimiento de la justicia social tras la pandemia.
Desde Future Fridays hasta las protestas contra los gobiernos y los esfuerzos de movilización de empleados, 2019 fue un año destacado para la acción colectiva mundial. Esta energía se ha mantenido en 2020 y ha cobrado fuerza e impulso a medida que los desafíos universales y la urgencia de la COVID-19 han movilizado a actores previsibles e inesperados para apoyar a sus comunidades.
Quizá lo más importante sea que la COVID-19 ha sacado a la luz muchas de las desigualdades estructurales e institucionales que “la sociedad civil” —por ejemplo, las ONG, los líderes sindicales y religiosos y las organizaciones confesionales— lleva décadas cuestionando. Casi seis meses después del inicio de una nueva realidad marcada por la COVID-19, actores de la sociedad civil lideran amplios esfuerzos de movilización por la igualdad, la justicia y un nuevo contrato social para los trabajadores.
Los principios fundamentales de la movilización comunitaria se han mantenido prácticamente iguales con el tiempo, pero las tácticas están cambiando para adaptarse al panorama actual de la pandemia.
Hemos visto campañas en línea para entregar alimentos, ofrecer asistencia tecnológica, cuidado infantil y apoyo financiero mediante documentos de Google. Han surgido plataformas de ayuda mutua en todo el mundo, y Estados Unidos ha vivido uno de los mayores esfuerzos de movilización social de su historia, con muchos manifestantes que llevaban mascarillas y organizadores comunitarios que repartían desinfectante de manos para reducir el riesgo de transmisión del coronavirus.
La movilización comunitaria está en auge en todo el mundo y estos esfuerzos colectivos ocupan ahora un lugar central en la agenda mundial. A continuación, se presentan tres cuestiones abordadas por la sociedad civil que ponen de relieve las tácticas de movilización comunitaria durante la pandemia y apuntan a un renacimiento pospandémico.
1. Igualdad y justicia
A medida que el mundo empieza a ver los graves efectos sociales y económicos de la COVID-19 en las poblaciones pobres y vulnerables, resulta cada vez más urgente abordar las desigualdades y disparidades subyacentes.
La rápida propagación de la COVID-19 ha agravado y aumentado la pobreza, las desigualdades de género y la injusticia racial. Oxfam estima que hasta 500 millones de personas en el mundo corren el riesgo de caer en la pobreza a causa de la COVID-19. Mientras tanto, las mujeres y las niñas sufren las consecuencias de los confinamientos, y aumentan en todo el mundo los informes sobre el incremento de la violencia de género, la incertidumbre económica y la disminución del acceso a la educación.
En Estados Unidos, los estadounidenses negros mueren por COVID-19 a un ritmo tres veces mayor que la población blanca. Estas estadísticas indican que las fisuras del sistema existen desde hace mucho tiempo; sin embargo, su magnitud y alcance solo ahora se están haciendo plenamente visibles.
Ante el aumento de las desigualdades y las injusticias, la sociedad civil se ha organizado para apoyar a las comunidades en este periodo de incertidumbre y, al mismo tiempo, protestar contra los sistemas que han propiciado estos resultados.
En el Reino Unido, un grupo de organizaciones de la sociedad civil escribió una carta conjunta al Gobierno para exigir medidas frente a los efectos de la COVID-19 según el género y poner de relieve los problemas subyacentes de violencia de género en el país.
En Cox’s Bazar, Bangladesh, el mayor campamento de refugiados del mundo, mujeres refugiadas se están movilizando para concienciar sobre la COVID-19. Esta campaña se organizó para evitar que el virus se propagara por el campamento de refugiados, que está notoriamente superpoblado y carece de una infraestructura sanitaria capaz de atender un gran número de casos de coronavirus.
En Estados Unidos, las comunidades se están organizando a una escala histórica contra la desigualdad racial. Impulsadas por la violencia policial y agravadas por el impacto desproporcionado de la COVID-19 en las comunidades negras, estas protestas han desencadenado marchas por la justicia racial en todo el mundo.
2. Derechos de los trabajadores
La COVID-19 ha puesto de manifiesto la precariedad laboral en el siglo XXI. Mientras algunas industrias siguen despidiendo trabajadores ante la inminencia de una depresión económica, otras siguen creciendo en plena pandemia.
Sin embargo, los trabajadores siguen siendo vulnerables, ya sea porque se enfrentan al desempleo o a la exposición a riesgos para la salud en el trabajo. La Confederación Sindical Internacional (CSI) ha reclamado un nuevo contrato social para abordar estas disparidades en el lugar de trabajo y garantizar protección y empleo para todos. Voces del ámbito empresarial y de los derechos humanos también han respaldado esta postura y piden a las empresas que protejan mejor a los trabajadores, tanto durante este periodo de incertidumbre como en el futuro.
Aunque las órdenes de quedarse en casa al inicio de la pandemia limitaron la mayoría de las formas de acción directa y manifestaciones presenciales, los trabajadores esenciales siguieron recurriendo a métodos tradicionales de acción directa para movilizarse por el cambio.
Los sindicatos, como la CSI, trabajan con los trabajadores esenciales para garantizar que tengan acceso a equipos de protección individual, bajas por enfermedad remuneradas o atención médica gratuita, entre otras medidas de protección social.
En India, la Asociación de Mujeres Trabajadoras Autónomas ( SEWA) se ha movilizado para apoyar a las personas migrantes y a las mujeres que trabajan en el sector informal mediante diversas campañas de promoción de la protección social. SEWA también ha encabezado campañas de sensibilización sobre la COVID-19 para sus integrantes y ha organizado un programa de reciclaje profesional para mujeres que perdieron su empleo debido a la pandemia.
En la República Democrática del Congo, los trabajadores mineros enviaron una carta a las empresas mineras para exigir una mayor protección laboral para los trabajadores durante el brote de COVID-19.
En Brasil, las trabajadoras domésticas sin empleo se están organizando y exigen una cuarentena remunerada.
3. Activismo tecnológico
Los debates sobre la gobernanza y la justicia en materia tecnológica llevan décadas en curso, ya que cuestiones como la vigilancia, la privacidad y la supresión de las voces de activistas y ciudadanos han cobrado cada vez más importancia con la ubicuidad y proliferación de las nuevas tecnologías.
La COVID-19 ha dado paso a una nueva etapa del activismo tecnológico, que ha trascendido los círculos más reducidos de la tecnología y los derechos humanos para llegar a amplios sectores de la sociedad, pues la preocupación por la vigilancia digital afecta a casi todas las personas “conectadas” del planeta ante el auge de las aplicaciones de rastreo de contactos.
Las organizaciones de la sociedad civil, que llevan décadas liderando esfuerzos de movilización en torno a la tecnología, los derechos humanos y la justicia social, siguen organizándose y reclamando derechos de datos más sólidos y justicia social en la tecnología durante la COVID-19.
A medida que se reconoce cada vez más el acceso a la tecnología como un derecho básico, TechSoup ha puesto en marcha un Fondo de respuesta a la COVID-19 para proporcionar a las organizaciones de base de la sociedad civil la tecnología esencial que necesitan para seguir desarrollando sus programas durante toda la pandemia.
Access Now ha organizado varias campañas sobre tecnología y derechos humanos, incluidas iniciativas para frenar la propagación de información errónea sobre la COVID-19, ampliar el acceso a Internet de banda ancha y garantizar el acceso a Internet para todos durante la pandemia.
Las principales empresas tecnológicas han estado trabajando para desarrollar e implementar aplicaciones de rastreo de contactos y de reconocimiento facial durante la pandemia, lo que aumenta los riesgos para los derechos sobre los datos en todo el mundo. Las campañas para detener el uso del reconocimiento facial ya han tenido éxito en algunos casos.
Los esfuerzos internos de movilización de empleados en el sector tecnológico van en aumento, a medida que las tensiones políticas se intensifican durante la pandemia. Ante las órdenes de teletrabajo, los empleados organizan paros virtuales para protestar contra las prácticas empresariales.
Organizarse e imaginar un futuro nuevo
La COVID-19 plantea un conjunto de desafíos sin precedentes para el mundo y sus comunidades más vulnerables, que exigen una acción colectiva a escala mundial.
Tanto en línea como en las calles, la ciudadanía y la sociedad civil sienten que tienen la capacidad de movilizarse a gran escala. Quizá lo más importante sea que la COVID-19 ha renovado la urgencia de responder a las desigualdades e injusticias sistémicas y subyacentes, y nos recuerda que las crisis suelen inspirar a la ciudadanía a imaginar soluciones nuevas y colectivas para la sociedad.
También aumenta el interés por el capitalismo de las partes interesadas, mientras los trabajadores exigen un nuevo contrato social.
Este momento de movilización masiva está impulsando un llamamiento más amplio a la acción multilateral para combatir la desigualdad mundial, garantizar un futuro más justo para todos, tanto en línea como fuera de ella, y crear un contrato social que proteja a los trabajadores de todo el mundo. También indica que la sociedad civil está viva y activa y dispuesta a seguir actuando.
