El norte de Italia es actualmente el epicentro del brote de coronavirus en Europa.
Se han impuesto restricciones a los viajes, tanto en Italia como en otros lugares.
Podría tener efectos indirectos en una economía italiana que ya atraviesa un periodo de atonía.
El norte de Italia es actualmente el epicentro del brote de COVID-19 en Europa. Hasta ahora, 17 italianos han muerto a causa del nuevo coronavirus y 650 se han contagiado. Se han cerrado las escuelas de la región, las universidades han suspendido las clases, las empresas han pedido a sus empleados que trabajen desde casa y muchos teatros, cines y bares están cerrados. El virus provocó la cancelación de los dos últimos días del Carnaval de Venecia, que atrae a miles de visitantes cada año. Además, la zona al sur de Milán, donde se notificaron los primeros casos de COVID-19 en Italia, está en cuarentena.
Las epidemias no son algo nuevo en el norte de Italia, que fue un centro de las rutas comerciales durante la Edad Media y el Renacimiento. De hecho, Venecia fue la primera ciudad en desarrollar métodos para contener y tratar enfermedades extremadamente contagiosas. En aquel entonces, las autoridades aislaban a las personas con síntomas en lazaretos (barcos fondeados permanentemente y utilizados para la cuarentena) en islas a las afueras de la ciudad, y restringían los desplazamientos y las interacciones de los venecianos sanos durante un periodo de cuarentena de 40 días.
Las pruebas sobre la eficacia de estas medidas no son concluyentes. Milán perdió casi la mitad de su población por la peste en 1630, y Venecia perdió aproximadamente el 30 %. Sin embargo, la tasa de mortalidad podría haber sido mucho más alta si las autoridades no hubieran combatido el contagio como lo hicieron.
La medicina moderna y la mejora de las condiciones de vida han reducido considerablemente la frecuencia de las epidemias, ralentizado de forma significativa el ritmo de contagio y reducido drásticamente las tasas de mortalidad. La tasa de mortalidad general de la COVID-19 se sitúa actualmente en torno a 34 por cada mil, y las personas mayores y quienes tienen problemas de salud son quienes corren más riesgo. En comparación, las epidemias del norte de Italia de comienzos de la Edad Moderna registraban tasas de mortalidad de 300-400 por cada mil.
La gran pregunta ahora es si las medidas de contención de la COVID-19 adoptadas por las autoridades italianas son proporcionales a la magnitud del problema o demasiado draconianas. Además, ¿responden estas medidas a auténticos objetivos de política pública o principalmente a consideraciones políticas?
Gestionar los riesgos críticos y reforzar la resiliencia son objetivos clave de la política pública. Es necesario contener un brote de gripe altamente contagiosa en una zona densamente poblada, aunque la tasa de mortalidad sea insignificante, porque una epidemia provocará el colapso de los hospitales y los sistemas de salud de muchas zonas. Y, como ocurre con las crisis financieras, siempre es mejor prevenir una crisis que afrontarla, porque esto último acarrea enormes costes económicos, sociales y políticos.
A posteriori las medidas destinadas a contener la propagación de la COVID-19, como las cuarentenas y las prohibiciones de viajar, no parecen funcionar en nuestra era de movilidad e integración económica. Después de que el Gobierno de Estados Unidos anunciara a finales de enero que denegaría temporalmente la entrada a ciudadanos extranjeros que hubieran viajado recientemente por China, el Gobierno italiano prohibió los vuelos directos hacia y desde China. Sin embargo, esta medida —adoptada en respuesta a la presión del partido populista de derecha Liga— generará tensiones con China, un importante socio comercial que compra cada año exportaciones italianas por valor de unos 16.000 millones de dólares. La prohibición de vuelos tampoco resuelve el problema de controlar las llegadas indirectas a Italia desde China.
La prohibición también podría perjudicar a Italia de otras maneras. Por ejemplo, sus vecinos europeos podrían verse tentados a prohibir la entrada de italianos para apaciguar la ansiedad popular y el sentimiento antiextranjero. La líder francesa de extrema derecha Marine Le Pen ya ha instado al Gobierno de Francia a suspender el Acuerdo de Schengen e introducir controles fronterizos con Italia. Además, a principios de febrero las autoridades austriacas bloquearon brevemente los trenes que entraban al país desde Italia.
Las epidemias afectan de distintas maneras a los diferentes países, y los responsables políticos nacionales deben adaptar sus respuestas en consecuencia. Al mismo tiempo, los gobiernos deben coordinar las medidas destinadas a proteger al personal sanitario, a las personas vulnerables y a los países vulnerables. La lección que deja Italia hasta ahora es que la falta de coordinación entre los gobiernos locales, sumada a la fragmentación política, pone en riesgo todas las medidas de contención, pues alienta a más personas a abandonar las zonas más afectadas. Por ejemplo, muchos estudiantes universitarios ya han regresado a sus hogares desde el norte de Italia. Así, las medidas de contención aplicadas en un lugar pueden limitarse a trasladar el problema a otro.
La expectativa actual es que el virus de la COVID-19 siga propagándose por Italia y el resto de Europa. Aunque las cifras siguen siendo muy bajas —actualmente solo hay 41 casos confirmados en Francia, por ejemplo—, el nivel de pánico es lo bastante alto como para dar paso a medidas potencialmente restrictivas.
Dado el tóxico clima político actual, ¿podemos estar seguros de que los gobiernos no introducirán medidas que prevalezcan sobre la legislación vigente y restrinjan los derechos y libertades individuales? Por ejemplo, ¿podrían las personas infectadas por el virus de la COVID-19 perder el derecho a recibir atención médica cuando estén en el extranjero? ¿O podrían impedirles regresar a su propio país, como anunció el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ocurriría con los estadounidenses infectados en el extranjero? En ese sentido, el brote de COVID-19 ha puesto de relieve la ausencia de un marco jurídico internacional para hacer frente a las pandemias.
Mientras tanto, el brote tendrá un impacto significativo en la economía italiana y probablemente la sumirá en una recesión. El norte de Italia es el motor económico del país, con un PIB per cápita de aproximadamente 35.000 € (38.000 $), frente a la cifra nacional de 28.000 €, y una tasa de empleo del 67 % (frente al 59 % en todo el país). Sin embargo, se han cancelado o aplazado importantes ferias comerciales, como la Feria del Mueble de Milán; se han descartado viajes de negocios y reina la incertidumbre. Además, las cancelaciones relacionadas con el virus ya están afectando al sector turístico del país, que representa el 14 % del PIB.
Italia, que lleva mucho tiempo lastrada por una economía débil —el PIB real creció apenas un 0,2 % en 2019—, se enfrenta ahora a una recesión. Junto con la desaceleración económica de Alemania y la incertidumbre del Brexit, la crisis de COVID-19 que atraviesa el país es otra mala noticia para Europa.
