El economista Joseph Stiglitz sostiene que la comunidad internacional debe unirse si quiere evitar el peor desenlace de la COVID-19.
Escribe que solo mediante una cooperación multilateral coordinada podemos proteger la economía mundial y a quienes dependen de ella.
Los efectos en la salud pública y el impacto económico de la pandemia de COVID-19 en las economías en desarrollo y emergentes apenas empiezan a hacerse evidentes, pero ya está claro que sus consecuencias serán devastadoras. Si la comunidad internacional quiere evitar una ola de impagos, debe empezar a elaborar de inmediato un plan de rescate.
Al propagarse de un país a otro, el nuevo coronavirus no prestó atención a las fronteras nacionales ni a los muros fronterizos «grandes y hermosos». Tampoco quedaron contenidas las consecuencias económicas. Como ha sido evidente desde el principio, la pandemia de COVID-19 es un problema mundial que exige una solución mundial.
En las economías avanzadas del mundo, la compasión debería bastar para respaldar una respuesta multilateral. Pero la acción mundial también responde al propio interés. Mientras la pandemia siga haciendo estragos en algún lugar, representará una amenaza —epidemiológica y económica— en todas partes.
El impacto de la COVID-19 en las economías en desarrollo y emergentes apenas empieza a revelarse. Hay buenos motivos para creer que estos países sufrirán mucho más los estragos de la pandemia que las economías avanzadas. Al fin y al cabo, en los países de ingresos más bajos la gente tiende a vivir más cerca unos de otros. Una proporción mayor de la población padece problemas de salud preexistentes que la hacen más vulnerable a la enfermedad. Además, los sistemas de salud de estos países están aún menos preparados para gestionar una epidemia que los de las economías avanzadas (que apenas han funcionado sin problemas).
Un informe del 30 de marzo informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo ofrece un primer indicio de lo que les espera a las economías emergentes y en desarrollo. Las más exitosas dependen de un crecimiento impulsado por las exportaciones, que ahora se desplomará a medida que se contraiga la economía mundial. Como era de esperar, los flujos mundiales de inversión también se están hundiendo, al igual que los precios de las materias primas, lo que augura un camino difícil para los exportadores de recursos naturales.
Estos acontecimientos ya se reflejan en los diferenciales de rendimiento de la deuda soberana de los países en desarrollo. A muchos gobiernos les resultará sumamente difícil refinanciar en condiciones razonables las deudas que vencen este año, si es que pueden hacerlo.
Además, los países en desarrollo tienen menos opciones, y más difíciles, para afrontar la pandemia. Cuando la gente vive al día y carece de protección social adecuada, la pérdida de ingresos puede significar pasar hambre. Sin embargo, estos países no pueden reproducir la respuesta de Estados Unidos, que incluye (hasta ahora) un paquete económico de 2 billones de dólares que elevará el déficit fiscal en alrededor de un 10 % del PIB (además de un déficit del 5 % previo a la pandemia).
Tras una cumbre virtual de emergencia celebrada el 26 de marzo, los líderes del G20 emitieron un comunicado en el que se comprometían «a hacer todo lo necesario y a utilizar todos los instrumentos de política disponibles para minimizar los daños económicos y sociales de la pandemia, restablecer el crecimiento mundial, mantener la estabilidad de los mercados y fortalecer la resiliencia». Con ese fin, se pueden tomar al menos dos medidas para afrontar la grave situación de las economías emergentes y en desarrollo.
En primer lugar, deben utilizarse plenamente los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional, una forma de «dinero mundial» que la institución recibió autorización para crear al fundarse. Los DEG son un componente esencial del orden monetario internacional que John Maynard Keynes defendió durante la Conferencia de Bretton Woods de 1944. La idea es que, dado que todos los países querrán, como es lógico, proteger a sus ciudadanos y economías durante las crisis, la comunidad internacional debería contar con un instrumento para ayudar a los países más necesitados sin que los presupuestos nacionales sufran un golpe.
Una asignación habitual de DEG —de la que alrededor del 40 % se destine a las economías en desarrollo y emergentes— marcaría una enorme diferencia. Pero sería aún mejor que las economías avanzadas, como Estados Unidos, donaran o prestaran (en condiciones favorables) sus DEG a un fondo fiduciario dedicado a ayudar a los países más pobres. Cabe esperar que los países que presten esta ayuda impongan condiciones, en particular que el dinero no se destine a rescatar a los acreedores.
También es crucial que los países acreedores ayuden anunciando una moratoria del servicio de la deuda de las economías en desarrollo y emergentes. Para entender por qué es tan importante, pensemos en la economía estadounidense. El mes pasado, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos anunció que no habría ejecuciones hipotecarias de hipotecas aseguradas a nivel federal durante 60 días. En esencia, esta política forma parte de una «moratoria» más amplia para toda la economía estadounidense en respuesta a la crisis de la COVID-19. Los trabajadores se quedan en casa, los restaurantes permanecen cerrados y las aerolíneas están prácticamente paralizadas. ¿Por qué se debería permitir que los acreedores sigan acumulando rendimientos, sobre todo cuando las tasas de interés que cobran ya deberían haber creado un colchón de riesgo suficiente? Si los acreedores no conceden esa moratoria, muchos deudores saldrán de la crisis debiendo más de lo que podrán pagar.
Estas moratorias son tan importantes en el plano internacional como en el nacional. En las condiciones actuales, muchos países sencillamente no pueden atender el servicio de sus deudas, lo que, sin una moratoria mundial de los pagos, podría provocar impagos masivos y sucesivos. En muchas economías en desarrollo y emergentes, la única opción del gobierno es destinar más ingresos a los acreedores extranjeros o permitir que mueran más ciudadanos. Como es evidente, esto último será inaceptable para la mayoría de los países, así que la verdadera disyuntiva para la comunidad internacional es entre una moratoria ordenada y una desordenada; esta última inevitablemente generaría una grave turbulencia y costes de gran alcance para la economía mundial.
Por supuesto, sería aún mejor contar con un mecanismo institucionalizado para reestructurar la deuda soberana. La comunidad internacional intentó lograrlo en 2015, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó, con un apoyo abrumador, un conjunto de principios comunes. Por desgracia, ese marco no obtuvo el respaldo necesario de países acreedores clave. Probablemente ya sea demasiado tarde para establecer ahora un sistema de ese tipo que pueda utilizarse en la crisis actual. Pero inevitablemente habrá más crisis en el futuro, por lo que la reestructuración de la deuda soberana debería ocupar un lugar destacado en la agenda para el ajuste posterior a la pandemia.
En las inmortales palabras de John Donne: «Ningún hombre es una isla…». Tampoco lo es ningún país, como la crisis de la COVID-19 ha dejado meridianamente claro. Ojalá la comunidad internacional dejara de esconder la cabeza bajo el ala.
