El brote de coronavirus es un problema manejable para EE. UU.
Sin embargo, los desafíos, desde el suministro hasta el impacto económico, siguen siendo significativos.
Medidas como garantizar un flujo de información precisa y el control gubernamental de los suministros médicos son pasos importantes.
En comparación con una guerra mundial, la epidemia de COVID-19 es un problema bastante manejable, siempre que el Gobierno de EE. UU. esté a la altura del desafío. Pero sin una movilización masiva para asegurar los suministros críticos y evitar el pánico, la crisis podría descontrolarse fácilmente.
Cuando los japoneses atacaron Pearl Harbor, Estados Unidos fue sorprendido y no estaba preparado, pero rápidamente se desprendió de sus ilusiones. No ocurre lo mismo con la epidemia de COVID-19. El ataque está en marcha y nuestras defensas están bajas, pero hasta ahora nuestras ilusiones siguen intactas.
Eso cambiará pronto, a medida que aumenten la tasa de infección y el número de muertes, mientras la bolsa se hunde. Las cadenas de suministro globales se han visto alteradas por los acontecimientos en China, y la India acaba de prohibir la exportación de ciertos medicamentos genéricos. Las mascarillas médicas ya escasean, y artículos cotidianos como el desinfectante de manos se han vuelto difíciles de encontrar. La economía estadounidense, muy globalizada e impulsada por el consumo y las finanzas, no fue diseñada para una pandemia.
El sistema médico del país está en una situación aún peor. Estados Unidos dispone de una enorme capacidad sanitaria, pero millones de personas no tienen seguro, están infraseguradas, no tienen documentación o simplemente se muestran reacias a acudir al médico o a urgencias debido al coste de los copagos, los deducibles y las tarifas no cubiertas. En una pandemia, en la que cada persona infectada supone una amenaza para toda la población, esta es una receta para el desastre. Todos deben poder presentarse, hacerse la prueba y recibir tratamiento gratuito sin temor a consecuencias, incluidos los más pobres, las personas sin hogar y los indocumentados.
El personal médico estadounidense no está equipado, y las instalaciones no están diseñadas para gestionar una posible explosión de personas que necesiten aislamiento y atención especializada. Puede ser necesario disponer de camas hospitalarias y unidades de cuarentena allí donde los brotes superen la capacidad local, y trasladar a enfermos infecciosos a larga distancia hasta camas libres disponibles es una política arriesgada. Es fundamental una formación eficaz para quienes atienden a las personas en cuarentena; de lo contrario, el virus se propagará entre el personal de apoyo. Los suministros médicos, como los kits de prueba y los trajes de protección frente a riesgos biológicos, también deben entregarse dónde y cuándo se necesiten.
El flujo de suministros civiles ordinarios también supone un riesgo. El poder adquisitivo de reserva de los hogares estadounidenses es enorme; si de repente deciden acaparar alimentos secos y enlatados, papel de cocina, pilas, aspirina y otros productos básicos, estos artículos corrientes podrían escasear. Y si las fábricas y las cadenas de distribución cierran, el problema puede extenderse en cascada, ya que cada escasez desencadena una nueva ola de pánico. Como mínimo, los precios subirán y los hogares de bajos ingresos podrían quedar excluidos.
Todos estos problemas se agravan por la extendida falta de confianza en las autoridades estadounidenses y en los medios de comunicación comerciales. Para resolverlo, el Gobierno debe facultar a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y a la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias para que informen a los estadounidenses con precisión sobre lo que está ocurriendo y den instrucciones claras y creíbles. La comunicación masiva, directa y periódica por parte de profesionales científicos competentes, en lugar de políticos y medios de comunicación, puede ayudar a mantener la calma, fomentar comportamientos de bajo riesgo y evitar el pánico.
Además, debería autorizarse a los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid a cubrir el coste total de las pruebas y el tratamiento de los casos de COVID-19, sin excepciones y sin riesgos legales. Hacer que las pruebas y los tratamientos sean «asequibles» no basta; la enfermedad no puede aislarse por clase económica. En una pandemia no existe alternativa aceptable a hacer que la atención sea universal y gratuita.
Para financiar las instalaciones necesarias, el Congreso debería crear una Corporación Financiera de Salud, tomando como modelo la Corporación Financiera de Reconstrucción de la época de la Depresión. Al igual que la RFC, que construyó fábricas de municiones y hospitales durante y después de la Segunda Guerra Mundial, la HFC debería tener amplias facultades para crear corporaciones públicas, prestar a empresas privadas (para financiar la producción necesaria) y cubrir otros costes de emergencia. Aún más rápido, la Guardia Nacional puede desplegarse para hacer frente a los problemas críticos de suministro y establecer instalaciones de emergencia, como hospitales de campaña y centros de cuarentena.
La Reserva Federal puede comprar la deuda emitida por hospitales y otros proveedores de atención sanitaria, además de trabajar para estabilizar los mercados de crédito, como hizo en 2008-09.
Por último, el Gobierno de EE. UU. debería contar con autoridad de reserva para asignar suministros médicos esenciales, con el fin de garantizar que toda la población tenga acceso a equipos de protección básicos y medicamentos, en función de la necesidad y sin distinción de ingresos. La mayoría de estos artículos son sencillos y baratos, por lo que los problemas de suministro podrían ser de corta duración. Pero si no se abordan rápidamente, el Gobierno tiene poder, en virtud de la Ley de Producción para la Defensa de 1950, para dar órdenes al sector privado, y los precios deberían controlarse para evitar la especulación abusiva.
En comparación con una guerra mundial, la COVID-19 es un problema relativamente pequeño que debería ser manejable. Pero controlar una pandemia requiere, no obstante, movilización: un enfoque integral que abarque recursos, servicios, finanzas e información. La población necesita percibir la urgente necesidad de cambios de comportamiento radicales, la alteración de las rutinas diarias y medidas firmes para evitar la especulación destructiva de quienes buscan ganar dinero fácil.
De nuevo, el ataque a Pearl Harbor ofrece un precedente útil. En dos días, Estados Unidos había declarado la guerra y comenzó a adoptar una postura de guerra. Cuando los japoneses avanzaron sobre Malaya, Estados Unidos promulgó una prohibición en todo el país sobre la venta de neumáticos de caucho para frenar las compras de pánico y proteger a los usuarios esenciales, además de un límite de velocidad de 35 millas por hora para ahorrar caucho y combustible para motores. Estas órdenes fueron rápidas, decisivas y generalmente aceptadas. Demostraron que el pueblo estadounidense puede unirse en torno a un propósito común cuando es necesario.
Con la epidemia de COVID-19 encima, los estadounidenses deberían recordar ahora su propia historia. Ya nos hemos enfrentado a crisis mayores. Las mismas instituciones, prácticas y sentido del espíritu público que sirvieron a nuestros padres y abuelos pueden servirnos también a nosotros. Pero no hay un momento que perder.
