La recuperación tras la pandemia es una oportunidad para crear el mundo descarbonizado que tanto queremos como necesitamos.
La infravaloración de los combustibles fósiles es el obstáculo más significativo para la transformación estructural verde en las economías del G20.
Poner fin a estos subsidios podría generar anualmente 1,94 billones de dólares para las economías del G20.
Los economistas creen que nos encontramos en medio de una “recuperación radical inversa”. Esta trayectoria económica es la imagen especular del símbolo de la raíz cuadrada: un fuerte descenso económico, seguido de un rebote parcial y abrupto, y luego una lenta recuperación a lo largo de varios años.
El modo en que gestionemos la recuperación tras la pandemia será decisivo para el tipo de futuro que queremos y necesitamos. Simplemente reactivar la economía “marrón” existente agravará el cambio climático irreversible y otros riesgos ambientales. Como The Economist nos recuerda, las crisis del COVID-19 y del clima están conectadas, por lo que ambas curvas deben “aplanarse” al reconstruir la economía mundial. En consecuencia, la recuperación tras la pandemia ofrece una oportunidad única para descarbonizar la economía mundial mediante políticas asequibles y viables que permitan dar paso a una economía más sostenible.
He esbozado una estrategia de este tipo para el Grupo de los 20 (G20), las economías más ricas y grandes del mundo. Estas economías son fundamentales para ecologizar la recuperación mundial. Representan casi dos tercios de la población y de la superficie terrestre del mundo, el 82 % del PIB mundial y el 80 % de las emisiones mundiales de CO2. El G20 también domina la “carrera verde” por la competitividad ambiental y la innovación en sectores industriales clave a nivel mundial, como la maquinaria, los vehículos de motor, los motores y turbinas, los generadores de vapor, el hierro y el acero, las baterías, la generación y distribución de electricidad y los electrodomésticos.
Un buen punto de partida es conocer qué funcionó y qué no en los esfuerzos anteriores del G20 por ecologizar la recuperación económica durante la Gran Recesión de 2008-9.
Durante la Gran Recesión, casi la totalidad del estímulo verde mundial provino de las economías del G20. Destinaron cerca del 16 % de su estímulo fiscal total a “inversiones verdes”, como energía baja en carbono, eficiencia energética, reducción de la contaminación y reciclaje de materiales. De hecho, solo cuatro economías (China, Estados Unidos, Corea del Sur y Japón) representaron alrededor del 85 % del estímulo verde mundial en 2008-9.
Los paquetes de estímulo verde aprobados durante la Gran Recesión siguieron la recomendación general para todos los paquetes de estímulo fiscal; es decir, que fueran “oportunos, específicos y temporales”. Dos tercios del estímulo verde mundial (335.000 millones de dólares) se destinaron a mejorar la eficiencia energética, con el objetivo de crear empleos muy necesarios en sectores gravemente afectados por la Gran Recesión, como la construcción. El énfasis en el gasto en eficiencia energética y en proyectos de energía limpia “listos para ejecutarse” sí influyó en la creación de empleo y en la expansión de las energías renovables durante varios años, pero aportó escaso respaldo a largo plazo a la descarbonización de las economías del G20.
Sin embargo, las políticas para una recuperación económica sostenida suponen mucho más que un estímulo fiscal a corto plazo de uno a dos años. Por el contrario, la transición de los combustibles fósiles a una economía baja en carbono requerirá compromisos a largo plazo (de cinco a 10 años) de gasto público y reformas de precios. Las inversiones clave incluyen el gasto público para apoyar la innovación verde y las infraestructuras del sector privado, financiar soluciones climáticas naturales y desarrollar redes eléctricas inteligentes, sistemas de transporte masivo y redes de estaciones de carga. La fijación de precios al carbono y a la contaminación, así como la eliminación de los subsidios a los combustibles fósiles, puede acelerar la transición, generar ingresos para las inversiones públicas necesarias y reducir el coste total de la transición verde.
Cualquier política a largo plazo para ecologizar la recuperación debe ser no solo viable, sino también asequible. Las economías del G20 ya han gastado más de 8 billones de dólares, o el 4,5 % de su PIB, para combatir las crisis económica y sanitaria provocadas por la pandemia. El gasto deficitario se justifica para impulsar la demanda general de bienes y servicios cuando una economía atraviesa un fuerte descenso; el desempleo aumenta, el gasto de los consumidores se debilita y la inversión privada disminuye. Pero las inversiones a largo plazo de cinco a 10 años en una recuperación sostenible deben financiarse y ser rentables. Aquí es donde las reformas de precios, como la eliminación de los subsidios a los combustibles fósiles y la imposición de impuestos al carbono, pueden ayudar a financiar el gasto adicional necesario para una recuperación más verde.
La infravaloración persistente de los combustibles fósiles es también el obstáculo más significativo para la transformación estructural verde y la innovación en las economías del G20. Como indica la siguiente figura, los investigadores del FMI estiman que los subsidios y la no inclusión de los daños ambientales, sanitarios y de carbono de los combustibles fósiles cuestan a 16 economías del G20 unos 3,2 billones de dólares al año, lo que representa el 70 % de la infravaloración mundial de los combustibles fósiles. En China, la infravaloración asciende a más de 1,4 billones de dólares al año; en Estados Unidos, a casi 650.000 millones; en Rusia, a más de 550.000 millones; en India, a casi 210.000 millones, y en Japón, a más de 175.000 millones. Esta infravaloración implica que no existe igualdad de condiciones entre las inversiones en combustibles fósiles y en energía limpia en las economías del G20, ya que los combustibles fósiles no asumen el coste social y económico total de su desarrollo y uso.
Las reformas de precios también permitirían ahorrar o generar ingresos adicionales para la energía limpia y otras inversiones a largo plazo necesarias para una recuperación verde sostenida. El FMI estima que poner fin a la infravaloración de los combustibles fósiles generaría 2,8 billones de dólares en ingresos fiscales a nivel mundial al año. Sobre la base de este cálculo, estimo que las economías del G20 podrían recaudar 1,94 billones de dólares anualmente, o alrededor del 3,7 % de su PIB real agregado.
En definitiva, la combinación de la eliminación de los subsidios a los combustibles fósiles con los impuestos al carbono y a otros factores ambientales podría corregir los incentivos de mercado negativos que frenan la descarbonización, además de generar ingresos para cubrir durante cinco a 10 años el gasto necesario en apoyo público a la innovación verde y en inversiones clave en infraestructura en las economías del G20.
El gasto destinado a la investigación y el desarrollo de energía limpia reducirá los costes y ampliará la adopción, a medida que la tecnología se vuelve más familiar, la innovación se extiende y la producción aumenta a escala. También existe un efecto de red o “de la gallina y el huevo”, por el cual el aumento de la demanda de una tecnología o producto de energía limpia impulsa innovaciones relacionadas que reducen los costes. Por ejemplo, la compra de vehículos eléctricos estimulará la demanda de estaciones de carga, que, una vez instaladas, reducirán los costes de uso de los vehículos eléctricos y aumentarán aún más la demanda.
Se necesitan inversiones públicas para diseñar y construir un sistema de transmisión de red eléctrica “inteligente” que pueda integrar las energías renovables. Otra necesidad son las políticas de desarrollo urbano que combinen la planificación municipal y las políticas de transporte para fomentar ciudades más sostenibles. Por último, la inversión pública en sistemas de transporte masivo, tanto dentro de las zonas urbanas como en las principales rutas que conectan las ciudades, ha sido un aspecto desatendido durante mucho tiempo en el desarrollo de la infraestructura pública. Estas y otras áreas de posibles inversiones a largo plazo para una recuperación verde son ámbitos importantes para la investigación futura.
