Con más de 40 millones de personas atrapadas en la esclavitud moderna en todo el mundo, la pandemia actual solo empeorará sus condiciones de vida durante los próximos meses y revertirá los avances en la Meta 8.7 de los ODS.
Desde aumentar la probabilidad de explotación, como el trabajo infantil y el matrimonio infantil, hasta interrumpir la respuesta mundial, así es como la COVID-19 está frenando los avances en materia de derechos humanos.
Se estima que 40,3 millones de personas viven en situación de esclavitud moderna. ¿Cómo afectará la COVID-19 a los esfuerzos para erradicar la esclavitud moderna, el trabajo forzoso, la trata de personas y el trabajo infantil, tal como se comprometieron los países en la Meta 8.7 de los ODS?
Al menos de tres maneras: 1) agravando los riesgos para quienes ya sufren explotación; 2) aumentando los riesgos de explotación, incluido el trabajo infantil y el matrimonio infantil; y 3) interrumpiendo las iniciativas de respuesta.
1. Riesgos para quienes ya se encuentran en situaciones de explotación laboral y para las personas supervivientes
La explotación laboral es producto y manifestación de los desequilibrios de poder. Sabemos que quienes sufren marginación, discriminación y pobreza corren un mayor riesgo de explotación. Esas personas corren ahora un riesgo aún mayor, ya que son vulnerables a la exclusión de una atención sanitaria adecuada, ven aún más restringida su movilidad, ya limitada, por el cierre de fronteras y las interrupciones de los viajes, y están expuestas a la estigmatización y la discriminación por la retórica y las políticas nativistas.
En el Golfo, por ejemplo, existe una gran preocupación por el riesgo de infección entre los trabajadores migrantes alojados en campamentos laborales densamente poblados y a menudo mal desinfectados. Es posible que los trabajadores migrantes no tengan acceso a los sistemas sanitarios locales, y que ese acceso se vea aún más obstaculizado cuando la demanda creciente sobre esos sistemas obligue a los gobiernos a limitar quién recibe atención sanitaria. El auge de la retórica política nativista y nacionalista probablemente convertirá a los trabajadores migrantes en blancos fáciles de la exclusión del acceso a los servicios o, peor aún, de la estigmatización como fuentes de riesgo de infección.
Sin embargo, cuando los trabajadores migrantes desean regresar a casa, es poco probable que puedan hacerlo de forma segura durante algún tiempo. Esto expondrá aún más a quienes ya corren un alto riesgo de explotación, poniéndolos en una situación de peligro aún mayor. No obstante, hay excepciones: algunos gobiernos están tomando medidas para aliviar las presiones, como la prórroga propuesta por Australia de los visados para trabajadores temporeros.
Las personas supervivientes también afrontan mayores riesgos, incluso como consecuencia de vivir en alojamientos gestionados por el gobierno o por organizaciones benéficas. A medida que las autoridades de salud pública y los trabajadores sociales den prioridad a la respuesta frente a la COVID-19, es probable que la atención disponible para las personas supervivientes se deteriore en los próximos meses. Esto podría ahondar su sensación de aislamiento y agravar los riesgos para su salud mental. A las personas supervivientes en situación de vulnerabilidad económica les resultará cada vez más difícil encontrar recursos básicos. Activistas contra la esclavitud en el Reino Unido ya están reclamando un paquete de apoyo a las víctimas para las personas supervivientes y las víctimas.
2. Aumento de los riesgos de esclavización
La vulnerabilidad a la esclavización aumentará por varias razones.
En primer lugar, porque aumentará la oferta de trabajadores vulnerables a la explotación.
La crisis agravará algunos de los principales factores que impulsan la esclavitud moderna, como la pobreza y las crisis financieras.
La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de la esclavitud advirtió recientemente que la creciente informalización y precarización de la fuerza laboral intensificaría los riesgos de esclavitud moderna. Ese riesgo se ha magnificado enormemente. La Organización Internacional del Trabajo informa de que la crisis económica y laboral provocada por la COVID-19 podría elevar el desempleo mundial en casi 25 millones de personas. Las tasas de pobreza laboral aumentarán significativamente; se prevé que habrá entre 20,1 y 25 millones de personas más en situación de pobreza laboral que en la estimación anterior a la COVID-19. Cuando los gobiernos ordenan el cierre de actividades no esenciales, millones de personas empleadas en la economía de plataformas —que en su mayoría tienen contratos precarios y poco o ningún acceso a bajas por enfermedad remuneradas y carecen de seguro médico— quedan en situaciones vulnerables y podrían recurrir a empleos arriesgados o explotadores.
La COVID-19 también plantea graves riesgos para la salud. Se sabe que las crisis sanitarias empujan a las personas a tomar decisiones arriesgadas en el mercado laboral que pueden volverlas vulnerables a la esclavitud moderna, ya sea porque no pueden pagar la atención médica o porque pierden su empleo a causa de la crisis. Esto puede aumentar los riesgos de esclavización.
La crisis de la COVID-19 también está reduciendo el acceso a empleos seguros y estables. El trabajo migrante ya se está viendo afectado por el cierre de fronteras y otras restricciones de viaje. Por ejemplo, muchos tayikos se han visto afectados cuando Rusia cerró sus fronteras, dado que dependen de la migración estacional a Rusia entre marzo y abril; como Tayikistán depende de las remesas esto tendrá consecuencias. Es probable que estos trabajadores sean vulnerables a la explotación y estén más dispuestos a aceptar empleos arriesgados.
Las restricciones legales a la actividad económica pueden estar aumentando los riesgos de explotación en otros contextos. En Ámsterdam, por ejemplo, voces de la sociedad civil han expresado su preocupación por las personas que ejercen el trabajo sexual, ya que cierran los clubes nocturnos y la actividad se desplaza a la clandestinidad, lo que aumenta la vulnerabilidad de estas personas a la trata.
En segundo lugar, los empleadores tendrán mayores incentivos y quizá más margen para explotar a los trabajadores.
En todo el mundo, el brote amenaza el sustento de los trabajadores de la confección. En Bangladés, más de 100 fábricas han perdido actividad porque los comercios minoristas cierran sus tiendas y reducen sus pedidos. La industria de la confección emplea a 4 millones de personas en Bangladés, que ahora corren el riesgo de perder su empleo o se encuentran en una situación vulnerable por haber perdido sus ingresos estables. En Tailandia, hay informes de un aumento de la demanda de mano de obra barata por parte de fabricantes de cadenas de suministro de productos médicos, que se dirigen a trabajadores migrantes vulnerables.
Para satisfacer la demanda de desinfectante de manos y mascarillas, algunos países, entre ellos Estados Unidos, han recurrido al trabajo penitenciario como medio de producción, con una población que corre un mayor riesgo de explotación laboral. Además, los países podrían verse tentados a flexibilizar las restricciones a la importación de bienes de cadenas de suministro esenciales, como los equipos médicos, lo que expondría a los trabajadores a un mayor riesgo. En Estados Unidos, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza acaba de levantar la suspensión de la importación de guantes de goma de un proveedor sospechoso de utilizar trabajo forzoso.
También parece previsible que la crisis lleve a algunos países que dependen de una gran fuerza laboral migrante a reducir esa dependencia o a imponer más restricciones a los trabajadores migrantes y limitar su libertad de circulación dentro del país de acogida. Ambos factores podrían aumentar el riesgo de esclavitud moderna: en el primer caso, al incentivar el soborno y la corrupción en la asignación de puestos de trabajo; en el segundo, al exponer a los trabajadores migrantes a un mayor riesgo de explotación por parte de los empleadores.
En tercer lugar, con los sistemas educativos suspendidos, los niños serán más vulnerables a la explotación.
Las escuelas están cerrando en todo el mundo, desde la India hasta Estados Unidos e Irán. Esto provocará dificultades económicas a algunos padres y creará situaciones que podrían conducir al trabajo infantil. También podría aumentar el matrimonio infantil, como estrategia para acumular capital familiar. Un informe reciente del Fondo Monetario Internacional (FMI) señala que las iniciativas centradas en la educación son fundamentales para reducir la vulnerabilidad al matrimonio infantil. Si la interrupción de los sistemas educativos se prolonga, podrían aumentar los matrimonios infantiles.
3. Interrupción de los esfuerzos contra la esclavitud y de la respuesta gubernamental
Por último, las perturbaciones sociales y económicas causadas por la COVID-19 fragmentarán las iniciativas de respuesta de muchas maneras.
Se ha obstaculizado la labor de muchas organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil que participan en la respuesta. En Brasil, las operaciones contra la esclavitud se han detenido, ya que el grupo móvil especial de aplicación de la ley del gobierno está suspendido por temor a la exposición al virus.
Además, será más difícil conseguir los recursos necesarios para mantener los esfuerzos contra la esclavitud, incluidos la financiación y la atención. Es probable que las ONG que brindan protecciones esenciales, como refugios y programas de reintegración, se vean perjudicadas cuando los donantes dirijan su atención a otros asuntos.
