Se están llevando a cabo negociaciones para determinar el tamaño y la escala de la respuesta a la COVID-19 que ayude a los países más pobres del mundo a recuperarse de la pandemia.
El Banco Mundial estima que casi 100 millones más de personas en 2020 fueron empujadas a los estados de pobreza más profundos debido a la pandemia.
Los programas de respuesta a la COVID-19 deben incluir de forma intencionada a las personas que viven en pobreza extrema para garantizar una recuperación económica resiliente y equitativa.
Los líderes mundiales están a punto de cerrar un acuerdo de financiación histórico y sin precedentes para impulsar la recuperación tras la pandemia. Una cifra enorme de 90-100 mil millones de dólares está sobre la mesa de negociaciones del Banco Mundial para la Asociación Internacional de Fomento (IDA), en 2021, para ayudar a los países más pobres del mundo a reconstruirse tras la pandemia en los próximos tres años.
Las negociaciones sobre cómo se gastará este dinero tendrán implicaciones críticas para nuestro panorama global, al determinar no solo qué estrategias se seguirán para apoyar nuestra recuperación, sino también si problemas globales como la pobreza extrema se permitirán crecer sin querer. Debería preocupar a todos que la financiación gubernamental de la IDA se gaste de la manera más eficaz posible en los problemas cruciales que amenazan el progreso y el crecimiento mundiales mucho más allá de la crisis de la COVID-19. Necesitamos una acción urgente y estratégica, ya que el Banco Mundial estima que casi 100 millones más de personas cayeron en los estados de pobreza más profundos tras los shocks económicos provocados por la pandemia.
Inclusión económica y pobreza extrema
La ampliación de los programas de inclusión económica puede tener un impacto enorme en la pobreza extrema en todo el mundo. Hasta la fecha, han permitido a millones de personas de todo el mundo salir a largo plazo de los ciclos de pobreza extrema. Estas intervenciones se centran en empoderar a las personas que han sido excluidas social y económicamente para construir medios de vida sostenibles, y a menudo implican proporcionar apoyo para sus necesidades básicas junto con transferencias de activos, formación en competencias y acompañamiento continuo.
La base de evidencia de estos programas es amplia y creciente: en un estudio de la London School of Economics, el 93 % de los participantes en el programa Ultra-Poor Graduation de BRAC en Bangladesh han registrado un aumento continuado de sus ingresos, ahorros, consumo y autoestima durante años después de que terminaran las intervenciones del programa. Según el Banco Mundial, estas intervenciones se han convertido en una herramienta preferida de los gobiernos durante la pandemia, con 219 programas que llegan actualmente a casi 92 millones de personas en 75 países.
Los miembros de la sociedad civil con amplia experiencia trabajando con personas en los estados de pobreza más severos piden que se añadan partidas a las propuestas de financiación actuales para garantizar que nadie quede atrás. En una carta de septiembre de 2021 dirigida a funcionarios de los más de 50 gobiernos donantes de la IDA, 35 organizaciones y aliados vinculados al Leadership Collaborative on Ending Ultra-Poverty del Banco Mundial, un grupo de ONG, investigadores y profesionales del Norte y del Sur dedicados a alcanzar el ODS 1, presentaron propuestas concretas para abordar las formas más graves de pobreza.
Las propuestas se basan en nuestra experiencia y en investigaciones rigurosas que sugieren que, sin esfuerzos específicamente dedicados, los fondos no llegarán a quienes se encuentran por debajo de la línea de pobreza extrema del Banco Mundial, de 1,90 dólares al día, que sufren vulnerabilidades multidimensionales y estructurales. El Banco Mundial ya ha aceptado que los programas de la IDA que apoyan la expansión de la protección social adaptativa y la creación de resiliencia frente a los shocks deben priorizar de forma intencionada e incluir mecanismos de focalización para llegar a quienes se encuentran en una pobreza más profunda, con el fin de acelerar plenamente la movilidad social y económica ascendente. Sin embargo, el último borrador del paquete de la IDA carece de metas e indicadores concretos para llegar a esta población crítica.
Existe una oportunidad de incluir un enfoque en las personas que viven en pobreza extrema en el sistema utilizado para medir los impactos de la financiación de la IDA, lo que fomentaría una mayor rendición de cuentas respecto a los objetivos de llegar a quienes viven en pobreza extrema. Los sistemas actuales de distribución de apoyo a los más pobres del mundo, a través de los cuales fluirían los fondos de la IDA, presentan fugas considerables que debilitan su impacto. La base de datos The World Bank Aspire indica que, en 2018, entre el 25 % y el 60 % de los pagos de transferencias monetarias y de asistencia social en África llegaron a personas de los tres quintiles de pobreza superiores, dejando en gran medida fuera a las personas más pobres. Para evitar repetir la historia, al informar sobre la cobertura de las redes de protección, la IDA debe medir e informar tanto sobre el flujo de financiación destinado al quintil de pobreza más bajo.
Un plan de respuesta a la COVID-19 más ambicioso
Las cifras objetivo propuestas de personas en situación de pobreza alcanzadas por el plan pueden ser más ambiciosas y específicas en cuanto a llegar a las personas que sufren pobreza extrema. Dado el crecimiento previsto del número de personas que viven en pobreza debido a la combinación de factores como la COVID-19, el cambio climático y el crecimiento demográfico, recomendamos un aumento sustancial de las metas de la IDA. El paquete de financiación de la IDA de 2019 fijó una meta de 30 a 40 millones de personas alcanzadas por redes de protección en todos los quintiles de pobreza. Creemos que el paquete IDA 20 debería ir más allá, con el objetivo de llegar al menos a 44-54 millones de personas (teniendo en cuenta el crecimiento demográfico y excluyendo la cobertura temporal de la COVID-19), en todos los quintiles, y que la mayoría de ellas sean personas en pobreza extrema. El borrador de la IDA recientemente publicado es alentador, ya que establece un nivel mínimo de 75 millones de personas alcanzadas, pero, lamentablemente, esta cifra incluye a los numerosos beneficiarios de prestaciones temporales por la pandemia y carece de un enfoque en las personas de los quintiles más bajos.
Si se aceptan, estos cambios podrían contribuir en gran medida a facilitar la inclusión de más personas que luchan a diario para llegar a fin de mes. Dadas las asombrosas cifras de personas que han caído en la pobreza extrema como consecuencia de la pandemia de COVID-19, la inclusión intencionada en los programas de personas que viven en pobreza extrema es fundamental para garantizar una recuperación económica resiliente y equitativa.
La financiación de la IDA representará un momento sin precedentes de acción colectiva por parte de los gobiernos donantes, en una época de déficits elevados y de fuerte competencia por recursos escasos. Para generar apoyo y responder plenamente a este momento de crisis, un enfoque de «business as usual» no funcionará. Debemos ser capaces de demostrar esfuerzos claros para llegar de forma eficaz a quienes están más marginados.
Este artículo se también publica en el sitio web de BRAC.
