En la actualidad, más de 16 millones de estadounidenses en edad de trabajar (de 18 a 65 años) sufren los efectos a largo plazo de la COVID-19.
Según nuevos datos, hasta 4 millones de estas personas podrían estar sin trabajo debido a la COVID persistente.
Las medidas de política pública, como ampliar las bajas por enfermedad remuneradas y facilitar el acceso al seguro por discapacidad, pueden ayudar a mitigar el impacto económico de la COVID persistente y proteger las finanzas de los hogares.
Desde los momentos más duros de la pandemia de COVID-19 hasta hoy, las noticias sobre la escasez de mano de obra y la falta de trabajadores han dominado los titulares. La pregunta que todo el mundo parece seguir haciéndose es: ¿por qué?
En enero de 2022, Brookings Metro publicó un informe que evaluaba el impacto de la COVID persistente en el mercado laboral. Los datos sobre la prevalencia de esta afección eran limitados, por lo que el informe utilizó varios estudios para elaborar una estimación prudente: 1,6 millones de trabajadores equivalentes a tiempo completo podrían estar sin trabajo debido a la COVID persistente. En aquel momento había 10,6 millones de puestos vacantes, por lo que la COVID persistente podría haber representado el 15 % de la escasez de mano de obra.
Este junio, la Oficina del Censo por fin añadió cuatro preguntas sobre la COVID persistente a su Encuesta de Pulso de los Hogares (HPS), lo que permitió a los investigadores comprender mejor la prevalencia de esta afección. Este informe utiliza los nuevos datos para evaluar el impacto de la COVID persistente en el mercado laboral y su carga económica, y concluye que:
En la actualidad, alrededor de 16 millones de estadounidenses en edad de trabajar (de 18 a 65 años) tienen COVID persistente.
De ellos, entre 2 y 4 millones están sin trabajo debido a la COVID persistente.
El costo anual de los salarios perdidos por sí solos asciende a unos 170.000 millones de dólares al año (y podría llegar a 230.000 millones).
Es probable que estos efectos empeoren con el tiempo si Estados Unidos no adopta las medidas de política pública necesarias. Por eso, la sección final de este informe identifica cinco intervenciones fundamentales para mitigar tanto los costos económicos como el impacto de la COVID persistente en las finanzas de los hogares.
Es probable que hoy unos 16 millones de estadounidenses en edad de trabajar tengan COVID persistente
La encuesta de junio a julio de 2022 de la HPS de la Oficina del Censo constató que 16,3 millones de personas (alrededor del 8 %) de la población estadounidense en edad de trabajar tienen COVID persistente en la actualidad. Este informe utiliza datos de la HPS en lugar de los de la Encuesta de Población Actual (CPS), que por lo general son más sólidos, porque la HPS plantea preguntas específicas sobre la COVID persistente, mientras que la CPS no. La CPS pregunta por seis manifestaciones específicas de discapacidad, que probablemente permitirán identificar algunos casos de COVID persistente, pero casi con toda seguridad no todos.
Un reciente estudio de la Reserva Federal de Minneapolis corrobora la cifra de la HPS. Mediante una encuesta longitudinal, el estudio concluyó que el 24,1 % de las personas que habían contraído COVID-19 experimentaron síntomas durante tres meses o más, lo que el autor definió como COVID persistente. Además, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, alrededor del 70 % de los estadounidenses ha contraído COVID-19. Si el 24,1 % de ellos ha tenido COVID persistente, 34 millones de estadounidenses en edad de trabajar la han tenido en algún momento.
El estudio de la Reserva Federal de Minneapolis constató que el 50 % de las personas encuestadas se había recuperado de la COVID persistente. Si excluimos ese 50 %, quedan alrededor de 17 millones de personas que podrían tener COVID persistente en la actualidad, una cifra muy cercana a la estimación de la HPS de 16,3 millones.
Es probable que hasta 4 millones de trabajadores estén sin trabajo debido a la COVID persistente
Los síntomas leves, las adaptaciones laborales o una necesidad económica apremiante pueden permitir que las personas con COVID persistente sigan trabajando. Sin embargo, en muchos casos, la COVID persistente afecta al trabajo. Para entender ese impacto se necesitan tres datos.
En primer lugar, debemos saber qué porcentaje de personas con COVID persistente ha abandonado la fuerza laboral o ha reducido sus horas de trabajo. Las estimaciones varían:
El estudio de la Reserva Federal de Minneapolis citado anteriormente constató que el 25,9 % de las personas con COVID persistente había visto afectado su trabajo (es decir, estaba sin trabajo o trabajaba menos horas).
Una encuesta del Congreso de Sindicatos del Reino Unido (TUC) constató que el 20 % de las personas con COVID persistente no trabajaba y que otro 16 % trabajaba menos horas.
Un estudio publicado en The Lancet constató que el 22 % de las personas con COVID persistente no podía trabajar debido a su estado de salud y que otro 45 % tuvo que reducir sus horas de trabajo.
En segundo lugar, debemos saber cuántas personas con COVID persistente trabajaban inicialmente. Dado que este informe se centra en los estadounidenses en edad de trabajar, usaremos la tasa de participación de ese grupo en la fuerza laboral, del 75 %. Así pues, podemos suponer que 12,2 millones de los 16,3 millones de estadounidenses en edad de trabajar con COVID persistente formaban parte de la fuerza laboral.
En tercer lugar, debemos calcular cuántas horas menos trabajan las personas con COVID persistente que han seguido trabajando. El estudio de la Reserva Federal de Minneapolis constató que, en promedio, redujeron su jornada en 10 horas semanales; con esa cifra y una semana laboral de 40 horas, podemos suponer que estos trabajadores redujeron sus horas un 25 %.
Si aplicamos los datos de la Reserva Federal de Minneapolis, el TUC y The Lancet sobre el alcance de la reducción de horas trabajadas, obtenemos 2, 3 y 4 millones de trabajadores equivalentes a tiempo completo fuera de la fuerza laboral debido a la COVID persistente, respectivamente. El punto medio de este intervalo —3 millones de trabajadores equivalentes a tiempo completo— representa el 1,8 % de toda la fuerza laboral civil.
La cifra puede parecer increíblemente alta, pero no es incompatible con lo que ocurre en economías comparables. Por ejemplo, un representante del Banco de Inglaterra declaró recientemente que la participación en la fuerza laboral había caído alrededor de un 1,3 % en el conjunto de la población de 16 a 64 años (no solo entre quienes trabajan), y que la mayor parte de ese impacto se debía al aumento de las enfermedades de larga duración, que él sospechaba que eran casos de COVID persistente. Mientras tanto, una cuarta parte de las empresas del Reino Unido citan la COVID persistente como una de las principales causas de las ausencias prolongadas del personal.
Tampoco es incompatible con la situación actual del mercado laboral en Estados Unidos, donde los empleadores de sectores con atención presencial, como la educación, el transporte, los servicios de alimentación, la hostelería, la salud y los servicios sociales, afrontan una escasez persistente de mano de obra. Y, como señaló hace poco el economista Jason Furman, la participación en la fuerza laboral sigue siendo alrededor de 1 punto porcentual inferior a lo que predecirían las tendencias demográficas.
La carga económica de los salarios perdidos se acerca a los 200.000 millones de dólares al año y probablemente aumentará
Si utilizamos el salario promedio en Estados Unidos de 1.106 dólares semanales, los 3 millones de personas que se estima que están sin trabajo debido a la COVID persistente representan 168.000 millones de dólares anuales en ingresos perdidos. Esto equivale a casi el 1 % del producto interno bruto total de Estados Unidos. Si la cifra real de personas sin trabajo se acerca a los 4 millones, el costo asciende a 230.000 millones de dólares.
El economista de la Universidad de Harvard David Cutler llegó a una cifra casi idéntica mediante una metodología distinta. Su estudio citó investigaciones según las cuales entre el 12 % y el 17 % de los pacientes con COVID-19 siguen teniendo tres o más síntomas 12 semanas después del inicio de la enfermedad, y la reducción de la fuerza laboral entre quienes presentan un deterioro significativo es del 70 %. A partir del número de casos de COVID-19 y de las tasas de participación en la fuerza laboral, Cutler estimó que 3,5 millones de personas están sin trabajo debido a la COVID persistente, lo que supone una pérdida salarial de 1 billón de dólares en cinco años, o alrededor de 200.000 millones de dólares al año.
Es fundamental tener en cuenta que esta cifra no representa la carga económica total de la COVID persistente, porque no incluye efectos como la menor productividad de quienes trabajan estando enfermos, los importantes gastos médicos de los pacientes ni la pérdida de productividad de quienes los cuidan. Cutler estimó que la atención médica y la pérdida de calidad de vida relacionadas con la COVID persistente cuestan 544.000 millones de dólares adicionales cada año.
La COVID persistente no es la única enfermedad posviral que afecta a la economía de Estados Unidos. Por ejemplo, un informe de 2015 del Instituto de Medicina concluyó que entre 835.0000 y 2,5 millones de personas en Estados Unidos tenían EM/SFC —una enfermedad compleja e incapacitante que suele desencadenar un virus. De hecho, muchos pacientes con COVID persistente cumplen los criterios de EM/SFC.
La velocidad a la que crezca esta carga económica dependerá de tres factores:
La disponibilidad y accesibilidad de mejores tratamientos que aumenten la tasa de recuperación de la COVID persistente o permitan que las personas pasen de estar «gravemente enfermas» a estar «moderadamente» o «levemente» enfermas
Si las vacunas reducen la probabilidad de contraer COVID persistente
Si las reinfecciones conllevan un riesgo adicional de COVID persistente
Lamentablemente, las últimas noticias al respecto no son alentadoras. Aunque médicos e investigadores aprenden cada día más sobre las causas subyacentes de la COVID persistente, no existe un tratamiento estandarizado y generalmente aceptado. Un estudio reciente indica que las vacunas reducen el riesgo de COVID persistente tan solo un 15 %. Y aunque todavía no conocemos el riesgo de contraer COVID persistente tras reinfecciones, un estudio reciente concluyó que cada reinfección aumenta la probabilidad de sufrir consecuencias para la salud a largo plazo.
En conjunto, estos tres factores indican que la carga económica seguirá aumentando si las personas con COVID persistente no empiezan a recuperarse en mayor proporción. Para hacerse una idea de la magnitud: si la población con COVID persistente aumenta apenas un 10 % al año, dentro de 10 años el costo anual de los salarios perdidos ascenderá a medio billón de dólares.
Sin embargo, hay un cuarto factor que puede aliviar esta carga y ayudar a quienes siguen sufriendo COVID persistente: las intervenciones de política pública que reducen el impacto de la COVID persistente en la fuerza laboral, como se detalla en la siguiente sección.
Las medidas de política pública pueden mitigar el lastre económico de la COVID persistente y proteger las finanzas de los hogares
Hay al menos cinco intervenciones gubernamentales fundamentales que pueden reducir la carga económica de la COVID persistente: mejores opciones de prevención y tratamiento, ampliación de las bajas por enfermedad remuneradas, mejores adaptaciones laborales, mayor acceso al seguro por discapacidad y una recopilación más amplia de datos sobre los efectos económicos de la COVID persistente.
Mejores opciones de prevención y tratamiento
En primer lugar, necesitamos opciones de prevención y tratamiento mejores y más accesibles. En cuanto a la prevención, algunos científicos piden una segunda «Operación Warp Speed» centrada en vacunas nasales que prevengan de manera fiable la infección por COVID-19. Hasta que dispongamos de esas vacunas, tiene sentido desde el punto de vista económico fomentar u obligar a usar mascarillas, purificadores de aire y otras medidas cuya eficacia para reducir la propagación está demostrada.
Incluso con esas opciones de prevención, la gente seguirá infectándose y algunas personas acabarán desarrollando COVID persistente. Necesitamos profesionales sanitarios con los conocimientos necesarios y servicios de salud asequibles para ayudarlas a recuperarse o, al menos, a mejorar. Actualmente, las listas de espera de las pocas clínicas del país especializadas en COVID persistente pueden ser de varios meses. El Dr. David Kaufman, médico que lleva años tratando enfermedades posvirales, incluida la COVID persistente, me dijo: «La crisis pospandémica no puede abordarse sin miles de médicos más que estén dispuestos, capacitados y respaldados para tratar a pacientes con estas enfermedades crónicas complejas».
Por supuesto, los médicos necesitan tratamientos que ofrecer y, para ello, hace falta investigar las causas de las enfermedades persistentes posteriores a la COVID-19. «Debemos comprender los factores que originan la COVID persistente para diseñar ensayos clínicos con los tratamientos terapéuticos más adecuados y específicos, así como con combinaciones de estos, que ayuden a los pacientes», dijo la Dra. Amy Proal, microbióloga que ha publicado varios artículos sobre la COVID persistente. «Eso es lo que permitiría a la gente volver a trabajar».
Este mes, la Casa Blanca publicó un Plan de Acción Nacional de Investigación sobre la COVID Persistente, y el Congreso destinó 1.150 millones de dólares de financiación de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) al estudio de la enfermedad. Sin embargo, es difícil y lento obtener subvenciones, y, en general, el historial del Gobierno en el apoyo a este tipo de trabajo es deficiente; en 2021, los NIH habían presupuestado menos de 20 millones de dólares al año para investigar la EM/SFC, otra enfermedad posviral.
Se necesitan más rapidez, más fondos y más ensayos para comprender la fisiopatología de la COVID persistente (y de otras enfermedades posvirales) e identificar tratamientos. Dado el costo anual de los salarios perdidos por sí solos, es probable que la financiación de esta investigación genere un alto rendimiento de la inversión.
Ampliar las bajas por enfermedad remuneradas
En la actualidad, el 27 % de los trabajadores del sector privado en Estados Unidos (alrededor de 30 millones de personas) carece de acceso a cualquier tipo de baja por enfermedad remunerada. La situación es peor para los trabajadores más vulnerables: entre el 25 % con menores ingresos, solo el 52 % tiene acceso a bajas por enfermedad remuneradas.
Cuando los trabajadores no tienen acceso a bajas por enfermedad remuneradas, es más probable que vayan a trabajar enfermos. Esto probablemente aumenta la propagación de la COVID-19, lo que provoca más infecciones y reinfecciones y, por tanto, más casos de COVID persistente.
Si exigiera a los empleadores que concedieran a todos los trabajadores acceso a bajas por enfermedad remuneradas, el Congreso podría reducir la propagación de la COVID-19, mejorar la seguridad económica de las familias y, potencialmente, reducir la tasa a la que las infecciones por COVID-19 se convierten en COVID persistente.
El Congreso también podría considerar políticas más específicas, incluso con apoyo gubernamental a los pequeños empleadores. Por ejemplo, los empleados que no puedan trabajar a distancia podrían tener derecho a más días obligatorios de baja por enfermedad.
Mejores adaptaciones por parte de los empleadores
Una de las paradojas de la pandemia es que, si bien el número de estadounidenses con discapacidad ha aumentado casi un 8 %, la proporción de estadounidenses con discapacidad que participa en la fuerza laboral ha también aumentó, en alrededor del 13 %. Aunque no sabemos con certeza por qué hay más personas con discapacidad que participan en la población activa, una explicación probable es el cambio hacia el trabajo a distancia provocado por la pandemia, que facilita el acceso al empleo a muchas personas con discapacidad.
El aumento de la participación de los estadounidenses con discapacidad en la población activa demuestra el poder de las adaptaciones en el lugar de trabajo. El Departamento de Trabajo ha dejado claro en sus directrices que la COVID persistente puede considerarse una discapacidad en virtud de la Ley para Estadounidenses con Discapacidades (ADA), lo que hace que esos trabajadores puedan optar a adaptaciones en el lugar de trabajo.
Sin embargo, se podría hacer más para informar a los empleadores de que la ADA contempla la COVID persistente y recomendar posibles adaptaciones. Por ejemplo, el Departamento de Trabajo y la Oficina del Censo podrían investigar los beneficios económicos y para las empresas de ofrecer adaptaciones a las personas con COVID persistente, y los organismos pertinentes podrían proporcionar listas de adaptaciones de gran impacto, como flexibilidad en los plazos, descansos más largos o frecuentes, horarios flexibles y trabajo a distancia.
Por desgracia, es probable que a quienes más necesitan estas adaptaciones les resulte más difícil solicitarlas: los trabajadores con salarios bajos, que a menudo viven al día y no pueden permitirse perder ingresos. Los empleos de bajos salarios suelen exigir esfuerzo físico, ofrecen poca flexibilidad horaria y no permiten trabajar a distancia. Aunque se pueden y se deben hacer adaptaciones (por ejemplo, permitir que los cajeros se sienten en lugar de estar de pie; ofrecer a los trabajadores de restaurantes más flexibilidad para intercambiar turnos los días que no se encuentren bien; asignar a los auxiliares de enfermería certificados tareas menos exigentes físicamente), muchos de estos trabajadores acabarán necesitando cobertura por discapacidad.
Mayor acceso al seguro por discapacidad
Los informes indican que los pacientes con COVID persistente tienen dificultades para obtener la aprobación de las prestaciones del Seguro de Incapacidad del Seguro Social (SSDI). Sin la red de seguridad del SSDI y las prestaciones de Medicare asociadas, a los trabajadores con COVID persistente les puede resultar aún más difícil acceder a la atención médica adecuada y recuperar su productividad.
En cuanto a la aprobación del SSDI, hay dos desafíos: 1) la necesidad de presentar pruebas objetivas de la enfermedad, lo que puede ser difícil para las personas con COVID persistente; y 2) el requisito de que se espere que la enfermedad dure al menos 12 meses, pues no está claro cómo demostrarlo en el caso de la COVID persistente.
También puede ocurrir que las personas no sepan que pueden solicitar el SSDI si tienen COVID persistente. Puede que ni siquiera se den cuenta de que la COVID persistente es la causa de su malestar.
El Congreso podría mejorar el acceso al SSDI y a las prestaciones de Medicare relacionadas para los pacientes con COVID persistente mediante las siguientes medidas:
Eximir del requisito de 12 meses
Publicar directrices específicas sobre la evaluación de las solicitudes relacionadas con la COVID persistente y otras enfermedades posvirales, por ejemplo, en lo relativo a la carga de la prueba de la enfermedad
Eliminar el período de espera de 24 meses para Medicare
Comprometerse a agilizar la revisión de las solicitudes del SSDI por COVID persistente
Garantizar una difusión más amplia de información tanto sobre el SSDI como, para quienes ya reciben el SSDI, sobre programas de reincorporación al trabajo como Ticket to Work
Mejora de la recopilación de datos
Por último, para evaluar plenamente el impacto de la COVID persistente en el mercado laboral y hacer un seguimiento de la eficacia de cualquier intervención, es necesario recopilar mejores datos. Añadir preguntas sobre la COVID persistente a la Encuesta Household Pulse fue un primer paso; sin embargo, los responsables de formular políticas también necesitan comprender el impacto de la COVID persistente en el trabajo y el papel que desempeña el SSDI para aliviar la carga de la afección.
Para subsanar esta falta de datos, la Oficina del Censo y la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) deberían incluir preguntas sobre el impacto de la COVID persistente en el trabajo en la encuesta HPS y en la Encuesta de Población Actual, que tiene una muestra más amplia y ofrece mayor rigor y fiabilidad que la HPS.
La Oficina del Censo y la BLS también deberían colaborar con los equipos de los NIH que investigan la COVID persistente, así como con grupos de defensa de los pacientes como Body Politic y Patient-Led Research Collaborative, para definir las preguntas, que deberían centrarse en la información que más necesitan los responsables de formular políticas, entre ella:
El número de trabajadores equivalentes a tiempo completo que actualmente no trabajan debido a la COVID persistente (incluidos quienes trabajan menos horas)
Promedio de tiempo de baja o de reducción de la jornada laboral
Adaptaciones en el lugar de trabajo que permitirían a los pacientes con COVID persistente aumentar sus horas de trabajo
Solicitudes, aprobaciones y rechazos del SSDI entre los pacientes con COVID persistente
Con 16,3 millones de estadounidenses en edad de trabajar afectados y pérdidas salariales anuales que suman casi 200.000 millones de dólares, la COVID persistente ya supone un lastre considerable para el desempeño económico de Estados Unidos y la salud financiera de los hogares. Y, si no se interviene, es probable que la situación empeore. El Gobierno debería tomarse la amenaza de la COVID persistente tan en serio como indican las cifras, empezando por las recomendaciones anteriores y continuando hasta que podamos tratar plenamente la afección y neutralizar sus efectos económicos y en la salud personal.
